Normas 30 y 31: de ciudad a jungla

COMPARTIR 
Ricardo Pascoe Pierce 13/06/2014 00:00
Normas 30 y 31: de ciudad a jungla

Cuando Andrés Manuel López Obrador decretó el Bando Dos, las delegaciones Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc cambiaron para siempre. Autorizó el cambio generalizado de usos de suelo en esas cuatro delegaciones sin consulta alguna con la ALDF ni con los vecinos, bajo el pretexto de que se construiría vivienda de interés social. Con esa justificación “políticamente correcta”, se inauguró una metodología para la gobernanza y desarrollo urbano de la ciudad que podría definirse como “autoritarismo políticamente correcto”. Finalmente, el Bando Dos sirvió para desatar una fiebre especulativa con el valor del suelo que generó vivienda de interés medio y alto, y escasamente de interés social, con excepción de lo construido por el GDF.

Ante el descrédito del instrumento, el gobierno de Marcelo Ebrard anuló el Bando Dos, sustituyéndolo por la Norma 26, que tuvo el mismo efecto que el Bando Dos, pero aplicable a toda la ciudad, no solamente a cuatro delegaciones. Ante las protestas vecinales por el incremento en la construcción de edificios, contraviniendo lo estipulado en los programas delegacionales y en Planes Parciales, se decretó la suspensión temporal de la Norma 26 hasta  julio próximo.

Ahora se propone sustituir la Norma 26 con las Normas 30 y 31. La 30 se refiere a vivienda de interés social y la 31 a vivienda de interés medio y alto. El supuesto es que, al separar los tipos de vivienda, los problemas de violación y abuso de la ley por parte de los desarrolladores se acabara.  ¿Qué anzuelos hay para que los desarrolladores respeten este mecanismo? Son varios.

En primer lugar, el nuevo mecanismo enumera 600 colonias en toda la ciudad susceptibles al cambio generalizado de uso de suelo, al margen del Programa Delegacional o Plan Parcial aplicable. El gobierno no tiene claridad acerca de la capacidad de abasto de agua ni ha estudiado el Atlas de Riesgos del Subsuelo para tantas colonias de la ciudad ni las implicaciones para la movilidad o la atención adecuada de servicios urbanos.

En segundo lugar, propone utilizar instrumentos urbanos para facilitar elevar alturas utilizando dos mediciones. Una es la Norma General de Ordenación Número 7, que permite añadir más altura a construcciones calculando los metros del ancho de la calle frente de la propiedad y su multiplicación por dos, sin importar la legislación aplicable. Después, conforme a una tabla confeccionada por el GDF, los constructores podrán pagar derechos a un fideicomiso, lo cual les permitirá construir aún más pisos. Imitando una ley  brasileña, que creó el fideicomiso para la construcción de vivienda de interés social. Adicionalmente, se reducen los porcentajes de áreas libres y el número de cajones de estacionamiento requeridos. 

En tercer lugar, propone un “modelo” de diseño urbano que premia las acciones predio por predio, ignorando la existencia de Programas Delegacionales y/o Planes Parciales. Detrás de las normas subyace una propuesta de diseño urbano individualizado, favoreciendo el trato directo en predios específicos, ignorando la existencia de un marco referencial de un proyecto urbano integral para la ciudad.

En cuarto lugar, un nuevo Programa General de Desarrollo Urbano, que sería un paso indispensable para diseñar un modelo integral de ciudad sustentable, compacta y policéntrica, no tendría razón de ser, pues, con estas normas, la planificación urbana integral sería un estorbo al libre juego de fuerzas del mercado inmobiliario. También hace imposible planificar políticas coherentes de movilidad, sustentabilidad, políticas de agua, planificación de servicios urbanos, cuando no se sabe en dónde y en qué parte de la ciudad aparecerá un nuevo desarrollo. Toda la ciudad estará sujeta a los vaivenes del interés de desarrolladores sin fomentar el orden.

Así como el Bando Dos cambió unas delegaciones para siempre, y para mal, igual amenaza se tiene con la eventual aprobación de las normas 30 y 31. No es exagerado decir que, de aprobarse las normas en sus términos actuales, la ciudad tenderá a convertirse en una jungla de concreto, sin reglas capaces de controlar y moderar los implacables vaivenes del mercado inmobiliario y el poder económico que especula con el valor del suelo, favoreciendo vivienda cara y desalentando la de interés social.

No debe permitirse semejante despropósito. El gobierno capitalino deberá declarar una moratoria a toda legislación y medidas de impacto urbano hasta que se apruebe, consulta ciudadana de por medio, un nuevo Programa General de Desarrollo Urbano del DF. El criterio aplicable en este caso es transitar de lo general a lo particular, y no al revés, tal y como hoy se nos propone. De no caminar por la ruta correcta, corremos el riesgo de perder la ciudad toda.   

                 ricardopascoe@hotmail.com

                Twitter: @rpascoep

Comparte esta entrada

Comentarios