Lo que mal empieza, mal termina

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Ricardo Pascoe Pierce 23/05/2014 00:00
Lo que mal empieza, mal termina

A través de una Declaratoria de Necesidad de la Oficialía Mayor, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría de Finanzas de la ciudad, publicada el 19 de mayo de 2014, se anuncia la creación de un corredor cultural-recreativo que correría entre el Centro de Transferencia Modal Chapultepec y la Glorieta de Insurgentes. El proyecto contempla la transformación completa de 116 mil metros cuadrados sobre Avenida Chapultepec y calles aledañas para “mejorar el nivel y calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México”, mencionando solamente la construcción de estacionamientos subterráneos, permisos para publicidad, módulos de información y servicios sanitarios.

Es pertinente señalar un antecedente a este proyecto, que debe poner en duda la validez de lo que se proyecta actualmente. La Contraloría General del DF efectuó una auditoría a la licitación que hiciera la empresa paraestatal Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V, por el proyecto de modernización del Cetram Chapultepec.  El Informe, entregado el 14 de abril de 2011, destaca que: “Los resultados obtenidos en la auditoría 01D, evaluación de programas, con clave 600 y denominada Centro de Transferencia Modal Chapultepec, se encuentran plasmados en la emisión en un reporte de observación, relativa principalmente a la selección de un Inversionista ganador para el proyecto de coinversión”.

La auditoría evalúa las omisiones, contradicciones y ocultamientos del proceso de selección de la empresa que ganó el contrato de 1 mil 700 mdp para llevar a cabo un proyecto que implica la construcción de un espacio de transferencia de transporte público, pero también un hotel, un centro comercial (su operación durante 30 años incluida), además de edificios de oficinas y departamentos.

Son varias las objeciones que plantea el auditor de la Contraloría General del DF. En primer término, que se le permitió a la empresa ganadora entregarle a la entidad pública para efectos de estudios y proyectos previos la cantidad aproximada de dos millones de pesos, en vez de los más de 34 millones exigidos en la convocatoria, a razón de que la ganadora no pudo demostrar tener suficiencia económica. En segundo lugar, la empresa ganadora no fue capaz de presentar la garantía de cumplimiento, equivalente a 1% del costo total estimado de la obra, a satisfacción de la Secretaría de Finanzas del GDF, ente que, sin embargo, no reclamó ni el primero ni el segundo requerimiento.

Por otro lado, la auditoría observa que, “es notable el conocimiento que plasma la empresa Desarrollo Urbanístico Chapultepec, S.A.P.I. de C.V, en su Acta Constitutiva, respecto del Proceso de Selección que, para elegir un inversionista ganador para el proyecto de coinversión Cetram Chapultepec, llevaría a cabo Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V.”. El mismo documento de la Contraloría General refiere detalladamente a la información privilegiada que tenía la empresa ganadora, la cual no permite “acreditar la imparcialidad en el proceso de selección”. En pocas palabras, la empresa ganadora conocía, de antemano, toda la información concerniente al proyecto, contando así con una ventaja sobre las otras cuatro empresas participantes.

Adicionalmente, la documentación entregada por la empresa ganadora “muestra fechas de elaboración previas al propio proceso de selección”. Incluso, afirma la auditoría que  se “iniciaron los estudios específicos que les sirvieron de base para la propuesta conceptual… con dos o tres meses de anticipación al citado proyecto”.

Por último, según reza la auditoría, “… se corrobora que esta empresa no cumple con el requisito del capital social requerido per se”.

A pesar de lo anterior, la empresa paraestatal Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V, nunca impugnó a la licitación. La auditoría establece  claramente que la empresa ganadora contaba con información privilegiada, adelantada y que, además, es una empresa fantasma creada ex profeso para ganar la licitación, al carecer de recursos financieros propios para llevar a cabo un proyecto de esa magnitud.  

Pero el contrato sigue adelante en la actual administración. Incluso, se acaba de anunciar la creación de un fondo de miles de millones de pesos para apalancar a los desarrolladores involucrados en el proyecto, incluyendo la empresa insolvente que ganó la licitación. ¿Será creíble el impulso a un proyecto urbanístico cuyos objetivos suenan atractivos, cuando se funda en actos de corrupción de privados y públicos?  Se ha ignorado incluso la auditoría que el propio gobierno realizó y que comprobó el abuso cometido.

¿Es posible hacer un proyecto limpio cuando se funda sobre un cimiento originario podrido de corrupción? Lo que mal empieza, mal termina. El axioma es implacable.

                ricardopascoe@hotmail.com

                Twitter: @rpascoep

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