Una más de la Línea 12

El consorcio se ha negado a pagar el recurso de mitigación ambiental.

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Ricardo Pascoe Pierce 05/05/2014 00:04
 Una más de la  Línea 12

El 22 de agosto de 2008, la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) de la Ciudad de México emitió una Resolución Administrativa dirigida al Sistema de Transporte Colectivo e ICA sobre una multa por necesarias medidas de mitigación ante posibles afectaciones ambientales producidas en el proceso de construcción de la Línea 12 del Metro. En su parte medular dice:

“QUINTO.- Con fundamento en los artículos 53 fracción II de la Ley Ambiental del DF y 67 fracción II del Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo, el Sistema de Transporte Colectivo y la empresa Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C. V… deberán cumplir con la normatividad ambiental vigente, con las medidas de prevención, mitigación y/o compensación de los impactos ambientales propuestos en la Manifestación de Impacto Ambiental y las condicionantes derivadas de esta Resolución Administrativa que se indican a continuación:

1.5 Como medida de compensación ambiental y con el objeto de contribuir a la realización de los programas estratégicos establecidos en la Agenda Ambiental de la Ciudad de México Programa de Medio Ambiente 2007-2012 de la secretaría del Medio Ambiente del DF, asociados a los rubros suelo y agua en zonas definidas como suelo de conservación de la delegación Tláhuac, así como en suelo urbano de las demarcaciones que atraviesa el trazo de la obra en comento, que corresponden a Iztapalapa, Coyoacán y Benito Juárez, deberá coordinarse con la Dirección General de Planeación y Coordinación de Políticas de esta secretaría, a efecto de aportar los recursos económicos, profesionales, de investigación, técnicos, obras y actividades, por un monto no menor a ochenta y cinco millones de pesos. En dicho monto deberá estar incluida la restitución forestal y de áreas verdes. Para verificación del cumplimiento de lo anterior deberá presentar ante esta Dirección General copia de las gestiones realizadas, debiendo iniciar estas por su cuenta dentro de un término no mayor a 30 días hábiles contados a partir de que surta sus efectos la presente Resolución Administrativa”.

El 10 de septiembre de 2013, la SMA emitió un nuevo resolutivo, en los mismos términos de 2008, exhortando al consorcio ICA-Alstrom-Carso a depositar en 30 días hábiles los mismos 85 millones de pesos al Fideicomiso Fondo Ambiental Público. A pesar de no haber recibido el recurso de mitigación, el fideicomiso incluyó, en 2011 y 2012, un inciso sobre actividades de “inspección y vigilancia ambiental de la Línea 12 del Metro”, a pesar de que durante cinco años el GDF no insistió en el pago de las medidas por mitigación ambiental. El fondo exigido representa 0.35% del costo total de la obra, lo cual es casi nada en cuanto a mitigación ambiental se refiere.

La obra de la L 12 ocupó 60 mil 283 metros cuadrados de suelo urbano y 665 mil 419 en suelo de conservación. Es decir, 92 de la L-12 se construyó sobre suelo de conservación, lo cual derrota la pretensión de mitigación de problemas ambientales y emisiones contaminantes en el medio ambiente por la obra misma, pues terminó promoviendo la expansión de la mancha urbana sobre suelo de conservación. La SMA nunca ha explicado cómo justifica ésta agresión al medio ambiente sin proponer acciones claras de mitigación, excepto la creación de una laguna en la zona de Tláhuac, obra que ha quedado inconclusa, y a costa del erario público, no del dinero del consorcio privado.

Hasta la fecha, el consorcio se ha negado a pagar el recurso de mitigación ambiental, alegando que es responsabilidad del STC y no suya, como constructor. No sólo niega toda responsabilidad en los problemas de averiación de las vías, sino tampoco asume responsabilidad por las necesarias obras de mitigación que la obra misma ha generado. Las instancias jurídicas del GDF han definido que el consorcio, en tanto constructor, asumió la responsabilidad contractual ante notario público de atender todo lo referente a “medidas de prevención, mitigación o compensación ante los impactos ambientales” que la obra causare.

La incapacidad, que no omisión de la autoridad, de obligar al consorcio a asumir la responsabilidad de pagar la mitigación por impactos ambientales es un fenómeno que se repite, una y otra vez, en la Ciudad de México. Son tantas las obras que evaden pagar los costos de mitigación ambiental que su recurrencia obliga a pensar en complicidad, no en ineficiencia. Pero no se había dado en la magnitud de una obra como la L-12.

Tanto consorcio como gobierno están en falta con la ciudad y sus habitantes.  La L-12 se ha convertido en un monumento a la corrupción, ineptitud, complicidad público-privado y la falta de transparencia en la vida de nuestra ciudad.

                ricardopascoe@hotmail.com

                Twitter: @rpascoep

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