Ante autodefensas, el gran ingenuo

El gobierno federal se ha enredado en su “relación-negociación” con estos grupos en Michoacán.

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Ricardo Pascoe Pierce 18/04/2014 00:00
Ante autodefensas, el gran ingenuo

La política oficial del gobierno federal, ante las autodefensas michoacanas, se ha movido entre la sorpresa, la hipocresía, la maniobra, la mentira y el diálogo fraterno.  Hasta ahora. En este momento reina la confusión. Empecemos por los 11 puntos supuestamente acordados entre el gobierno federal y los líderes de las autodefensas.

1. Los que así lo deseen podrán incorporarse a la Policía Rural Estatal.

2. El periodo para inscribirse a esa Policía se amplió.

3. La Policía debe estar conformada el 11 de mayo.

4. Fuerzas federales, estatales y autodefensas se coordinarán hasta el 10 de mayo.

5. Al 10 de mayo deberán registrar sus armas ante Sedena, y “tienen la obligación de determinar la portación de sus armas, así como su uso”.

6. Habrá reuniones todos los martes y jueves sobre seguridad.

7. Asistirán funcionarios con capacidad de decisión.

8. Habrá apoyos para viudas e hijos de víctimas de la violencia.

9. Traslado de autodefensas detenidos “por portación de armas” al penal de Apatzingán.

10.  “Aquellos miembros que estén siendo procesados por otros delitos graves, además de portación de armas, seguirán su proceso conforme a derecho”.

11. “La Comisión generará las condiciones necesarias para salvaguardar la integridad física de los líderes de las autodefensas”.

Inmediatamente después de publicados estos acuerdos empezaron las confusiones. José Manuel Mireles aseguró que el acuerdo con el gobierno incluyó la liberación del líder de las autodefensas Hipólito Mora, acusado de asesinato, y que no habría un “desarme” de autodefensas, sino un registro de armas, pues podrán seguir portando sus AK-47 o AR-15, incluso para defenderse del crimen organizado.

En respuesta, el comisionado Federal para la Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, aseguró que sí se pactó un desarme, y negó que se hubiera acordado la liberación de Hipólito Mora.

La continuada portación de armas por parte de los líderes está sujeta a interpretación, pues, según el punto 5, se podría pensar que el gobierno aceptó que las autodefensas siguieran portando sus armas después de su registro ante Sedena. Si a esto le agregáramos lo pactado en el punto 11, sobre el riesgo de vida que corren los líderes de las autodefensas, queda claro que ni el gobierno federal ni las autodefensas creen que el problema de la violencia o del crimen organizado ha sido resuelto. Se están preparando, a todas luces, para una nueva etapa en la lucha contra el crimen y el desgobierno. Y nadie confía en nadie.

En lo referente a Hipólito Mora, es imposible saber si hubo, o no, un acuerdo sobre su liberación. Por lo pronto, su abogado ha dicho que no aceptará nada que no signifique la exculpación y declaratoria de la inocencia de su defendido. Así que no saldrá pronto de la cárcel.

Por otro lado, se dice que existe el compromiso de limpiar a Michoacán de los líderes Templarios aún libres, antes del 10 de mayo. Así, se dice, las autodefensas no tendrán pretexto alguno para negarse a entregar sus armas. Pero, ¿y si no se detiene a La Tuta y sus secuaces antes de esa fecha? ¿Qué va a suceder? ¿Se cambia el acuerdo, se corren las fechas? ¿Hay, o no desarme? Lo cierto es que no existe ninguna claridad acerca del contenido más concreto de los acuerdos ni de su aplicabilidad en el terreno del mundo real, no del ideal. Por cierto, faltando 23 días para el 11 de mayo, ¿quién es el ingenuo que cree factible formar una Policía Rural estatal eficaz y funcional en ese tiempo?

El gobierno federal se ha enredado en su “relación-negociación” con las autodefensas. No las quiso enfrentar, y pensó que las podía obligar a moverse eventualmente en la dirección de un desarme amistoso. Cada vez que se supone que hay acuerdos entre ellos, éstos se desvanecen ante las contradicciones internas de unos y otros. De repente, el gobierno federal se ve débil e incierto y, para recomponer las cosas, hace declaraciones tronantes, sólo para retractarse casi de inmediato. Por su parte, los líderes de las autodefensas, debe suponerse, aceptan cosas en privado que no pueden defender en público y ante sus “bases sociales”, por lo cual aparecen reculándose a cada instante.  El problema para el gobierno federal es de origen: el haber aceptado no sólo la presencia de grupos de civiles armados aplicando “la ley”, sino, incluso, el haberles dado cobijo, legitimidad y larga vida, pensando que, cuando quisiera, podría deshacerse de ellos fácilmente. Ahora resulta que nada de eso es cierto. Lo único cierto es que el gobierno federal ha demostrado ser un gran ingenuo, y ha puesto bajo amenaza al Estado de derecho.

 

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