¿Constitución del DF: para quién?

El GDF debe jugar el papel normativo en desarrollo urbano y otros temas.

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Ricardo Pascoe Pierce 03/03/2014 00:00
¿Constitución del DF: para quién?

La historia de las constituciones es, en términos de la existencia de la humanidad, muy breve. Hay pruebas de la existencia de reglas jurídicas para normar la vida de sociedades, como Sumeria, desde aproximadamente 2 600 A.C. Aristóteles fue el primer escritor/filósofo que describió, con precisión, la diferencia entre una Constitución y un sistema de reglas jurídicas que normaban la vida cotidiana. Él buscó definir el concepto de ley constitucional y su aplicabilidad como norma genérica de gobernanza en una sociedad determinada. Tanto Cícero como Plutarco siguieron sus reflexiones. Los romanos establecieron la suya, conocida como las 12 Reglas, en 450 A.C. El Profeta Mohammed redactó la Constitución de Medina alrededor de 622 D.C, que estableció las reglas de convivencia entre musulmanes, judíos y no-creyentes en la zona de Medina.

En Inglaterra, Enrique 1 promulgó la Carta de Libertades en 1100 d.C, diseñada para normar la relación del rey con el clero y la nobleza. La historia llevó a ese país a establecer la primera monarquía constitucional en Europa. En 1812 se aprobó la Constitución de Cádiz en España, hecho que daría sustento a los procesos de independencia a las posesiones españolas en las Américas.

México independiente ha tenido tres constituciones, cada una producto del desenlace de una lucha armada y una redefinición de fuerzas en la sociedad. La última, promulgada en 1917, es una Carta Social que estableció las normas generales para la convivencia de la sociedad mexicana, y que sigue vigente. A pesar de que algunos plantean la necesidad de una nueva Constitución, lo cierto es que no está en el ánimo de la sociedad. Sin embargo, hoy se discute una Constitución política para la Ciudad de México, considerando que no es un estado como los otros 31 que conforman la República, y tiene menos autonomía en su toma de decisiones, por ser la ciudad capital de la nación.

Muchas constituciones fueron producto de desencuentros graves dentro de sus sociedades, y la Constitución representaba un acuerdo político esencial entre fuerzas opuestas o encontradas. En el caso del DF, la demanda por una Constitución ha sido la exigencia principalmente de un partido político, puesto que no existe un clamor popular reclamando una Carta Magna capitalina.  Esto no quiere decir que sea incorrecto dotar a la ciudad de su Constitución, pero no es producto de un nuevo equilibrio de fuerzas en la sociedad capitalina. A diferencia de las constituciones que vienen desde abajo, desde las entrañas de una lucha cruenta por redefinir el poder en la sociedad, ésta es una Constitución ideada, construida y promovida desde arriba.  Y, como tal, representa los intereses de “los de arriba”.

Hasta donde se sabe, se pretende una Constitución que eternizaría el centralismo en la gestión pública de la ciudad, asegurándole al gobierno central las facultades que actualmente detenta,  y algunas más, para seguir yendo en contra de la corriente mundial descentralizadora de la gestión urbana. Este “ir en contra de la corriente mundial” es producto del hecho de que el impulso a favor de la Constitución en el DF es consecuencia de un movimiento político burocrático, y no de una impronta impuesta por la sociedad que siente la necesidad urgente de contar con un modelo de gobierno distinto. Es más, si me apuran diría que si la ciudadanía percibe la necesidad de contar con un gobierno local distinto, éste sería una delegación o alcaldía más eficiente, eficaz y dotada de suficientes facultades y recursos para atender los reclamos y necesidades de la comunidad adecuadamente.  Desde la óptica ciudadana, el asunto de buen gobierno no pasa, nunca, por darle más facultades y manejos discrecionales de los dineros públicos al jefe de Gobierno. Pasa, más bien, por la efectiva operación de los asuntos de gobierno desde las delegaciones, en el caso de la Ciudad de México.

El gobierno central debe jugar el papel normativo en el caso del desarrollo urbano, seguridad, actos cívicos, entre otros temas.  Pero las delegaciones debieran operar cotidianamente los asuntos en su territorio. Un ejemplo son las licencias de construcción, ahora otorgadas por el gobierno central. Eso es una aberración de control político fallido. Las licencias de construcción debieran ser otorgadas por los responsables de la zona territorial en las delegaciones, quienes conocen mejor las circunstancias, con adecuada supervisión de cabildos y ciudadanos para evitar irregularidades. Pero ahora como funciona, no existe supervisión real posible. Y esto es sólo un ejemplo entre mil de cómo la centralización de la administración pública, lejos de resolver problemas, los ensancha y los complejiza. 

Una Constitución “desde arriba” promete resolver algunos problemas políticos de sus promotores, pero no responde a un llamado auténtico y sentido de la ciudadanía.

                ricardopascoe@hotmail.com

                Twitter: @rpascoep

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