¿Las auditorías... sirven para algo?

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Ricardo Pascoe Pierce 14/02/2014 00:38
¿Las auditorías... sirven para algo?

Avanzan iniciativas legislativas para asegurar mayor transparencia. IFAI e INFODF, por ejemplo, reportan información al público. Hechos y denuncias se investigan. Hay un ejército de servidores públicos dedicados a las tareas de vigilancia, supervisión e investigación. Hay edificios enteros llenos de sus escritorios, computadoras, archiveros, funcionarios. Y, sin embargo, según la última información de Transparencia Mexicana, los mexicanos dudamos, mayoritariamente, de esos mecanismos, de esas personas y, en general, pensamos que la corrupción es cada vez mayor.

Los llamados Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información (OGDAI) tienen la obligación de asegurar información a nivel federal, estatal y municipal. Sin embargo, cuando el ciudadano se encuentra ante casos como el que a continuación se relata, todo el sistema pierde su valor y, peor, el Estado carece de legitimidad.

En la Ciudad de México se decidió “modernizar” los Cetram (Centro de Transporte Modal). La modernización, recuperación y/o rescate urbano siempre se agradece. ¿Pero, a qué costo para la ciudad?

Contraloría General del Distrito Federal efectuó una auditoría a la licitación que hiciera la empresa paraestatal Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V., por el proyecto de modernización del Cetram Chapultepec, del 31 de enero al 13 de abril de 2011.

El informe entregado el 14 de abril del mismo año destaca que “Los resultados obtenidos en la Auditoría 01D, Evaluación de programas, con clave 600 y denominada “Centro de Transferencia Modal Chapultepec”, se encuentran plasmados en la emisión en un Reporte de observación, relativa principalmente a la Selección de un inversionista ganador para el Proyecto de coinversión denominado “Centro de Transferencia Modal Chapultepec”. La auditoría en cuestión evalúa las omisiones, contradicciones y ocultamientos del proceso de selección de la empresa que ganó el contrato para llevar a cabo un proyecto que implica la construcción, ciertamente, de un espacio de transferencia de transporte público, pero también un hotel, un centro comercial (y su operación durante 30 años), además de edificios de oficinas y departamentos.

Son varias las objeciones que plantea el auditor. En primer término, que se le permitió a la empresa ganadora entregarle a la entidad pública para efectos de estudios y proyectos previos la cantidad aproximada de dos millones de pesos, en vez de los más de 34 millones exigidos en la convocatoria, a razón de que la ganadora no pudo demostrar tener suficiencia económica. En segundo lugar, la empresa ganadora no fue capaz de presentar la Garantía de cumplimiento, equivalente a uno por ciento del costo total estimado de la obra, a satisfacción de la Secretaría de Finanzas del GDF, ente que, sin embargo, no reclamó ni el primero ni el segundo requerimiento.

Por otro lado, la auditoría observa que “es notable el conocimiento que plasma la empresa Desarrollo Urbanístico Chapultepec, S.A.P.I. de C.V., en su acta constitutiva, respecto del Proceso de selección que para elegir un inversionista ganador para el Proyecto de coinversión Cetram  Chapultepec llevaría a cabo Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V.”. El mismo documento de Contraloría General refiere detalladamente a la información privilegiada que tenía la empresa ganadora, la cual no permite “acreditar la imparcialidad en el Proceso de selección”. En pocas palabras, la empresa ganadora conocía, de antemano, toda la información concerniente al proyecto, contando así con una ventaja sobre las otras cuatro empresas participantes.

Adicionalmente, la documentación entregada por la empresa ganadora “muestra fechas de elaboración previas al propio Proceso de selección”. Incluso, afirma la auditoría que se “iniciaron los estudios específicos que les sirvieron de base para la Propuesta conceptual… con dos o tres meses de anticipación al citado proyecto”.

Por último, según reza la auditoría, “… se corrobora que esta empresa no cumple con el requisito del capital social requerido per se”.

A pesar de todo lo anterior, la empresa paraestatal Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. nunca cuestionó a la empresa ganadora, ni durante su gestión anterior ni durante la actual. La auditoría establece con toda claridad que la empresa ganadora contaba con información privilegiada, adelantada y que, además, es una empresa fantasma creada
exprofeso para ganar la licitación, al carecer de recursos financieros efectivos para llevar a cabo un proyecto de esa magnitud. Puede suponerse razonablemente que los dueños reales de la empresa son exfuncionarios, o actuales, de la administración central capitalina, junto con socios y prestanombres privados. Estamos ante un caso escandaloso de corrupción, complicidades y negligencia de la Contraloría General del DF.

Ante el caso de un proyecto valuado en aproximadamente mil 700 millones de pesos, no es solamente un caso de corrupción y complicidad. Es un ataque a la legitimidad del Estado mismo.

Quienes realizan estas acciones, auditoría incluida, agreden los cimientos de la estabilidad social y la credibilidad del Estado de derecho.

                Twitter: @rpascoep

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