Fondo de capitalidad: ¿para qué?

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Ricardo Pascoe Pierce 27/09/2013 00:00
Fondo  de capitalidad: ¿para qué?

Se acaba de anunciar un acuerdo entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal para que, en el contexto de la negociación del paquete presupuestal correspondiente a 2014, se incluya un “fondo de capitalidad” que signifique recursos económicos a la Ciudad de México al prestar servicios por ser la capital del país. Además, se acordó que, por primera vez, el Distrito Federal tendrá acceso al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). Se resolvió, también, que por  las afectaciones que sufrirá la ciudad debido a la propuesta de reforma fiscal por un monto calculado en 800 millones de pesos, se impulsarán esquemas de compensación con fondos específicos.

Una primera observación es: qué bueno que exista tanta bonhomía y simpatía entre dos niveles de gobierno. Una segunda es: ¿a qué se debe tanta generosidad?, y la tercera: ¿qué costo político tendrá para la ciudad, y sus ciudadanos, la insólita apertura de la chequera federal? Especialmente en tiempos en los que cualquier fondo sobrante tendrá, necesariamente, que orientarse, lógicamente, a la reconstrucción de las zonas devastadas por las inclemencias del tiempo. 

Aunado a lo anterior, es necesario problematizar el concepto de “capitalidad” y, por tanto, sus usos y normas que lo regirán. Siendo estrictos, debiéramos decir que el proceso correcto a seguir en este caso sería primero definir, legalmente y en una legislación vigente, lo que es “capitalidad”, sus ámbitos y límites de aplicabilidad, las estructuras administrativas que lo determinan, y luego proceder a definir cosas como los presupuestos aplicables en función de sus áreas de intervención. Al parecer, el acuerdo entre SHCP y GDF implica proceder al revés: primero el presupuesto y luego (¿cuándo?) las definiciones sustantivas. Dicha reversión del procedimiento pone un signo de interrogación sobre el acuerdo tomado.

El ejemplo de Madrid, capital de España, puede servir como telón de fondo para encuadrar nuestra propia situación. En 2006 el parlamento español aprobó una Ley de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid que creaba una “Comisión Interadministrativa de Capitalidad” integrada por las tres administraciones (federal, estatal y municipal) y anunciaba los asuntos exclusivos objeto de su atención: seguridad ciudadana, actos oficiales del Estado, manifestaciones y protocolo. La Ley de Capitalidad deja en claro que el resto de las funciones legislativas, normativas, administrativas y operativas corresponden únicamente a la administración local. Es a partir de esta definición legislativa sobre el régimen político en Madrid que se procedió a otorgarle partidas presupuestales a los distintos requerimientos de la “capitalidad” a fin de poder distinguir, con precisión, su ámbito de aplicación y responsabilidad.

Todo parece indicar que el camino escogido por España es el correcto: primero definir y luego financiar. ¿Por qué, entonces, lo hacemos al revés en México? ¿Estamos apurados de tiempo? ¿Ha sucedido algo distinto que cambia el entorno? Las manifestaciones de magisterio simplemente refuerzan la noción de que algo tiene que hacerse, pero no son algo novedoso o insólito. De hecho, el GDF presentó una propuesta sobre la llamada “reforma política” para la ciudad, pero no contempló el problema de la capitalidad en su concepto amplio. Se limitó a plantear un esquema de “autonomía” para la ciudad, convirtiéndolo en otro estado más de la República, sin establecer su especificidad por ser ciudad capital.

El hecho de que fuera la Policía Federal quien desalojara el Zócalo capitalino, y no la policía local, desató, en el imaginario social, la percepción de que es el gobierno federal el que manda en la Ciudad de México, y no el jefe de Gobierno. Es decir, se creó una gran confusión  acerca de quién, o quiénes, toman las decisiones sobre los ciudadanos en la ciudad capital. Esto obviamente mermó gravemente la imagen y credibilidad del gobierno local.

La mejor forma de reparar el daño hecho sería promoviendo una propuesta de reforma política con una orientación “integracionista” y no una “aislacionista”, como lo es la propuesta hecha hasta el momento. Ello permitiría resolver, además, la duda surgida a partir del acuerdo sobre un fondo de capitalidad cuyo destino y manejo puede quedar en la oscuridad y falta de transparencia, debido a la inexistencia de sus objetivos legalmente definidos y sancionados.

Twitter @rpascoep

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