Altos costos de las reformas

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Raúl Contreras Bustamante 30/08/2014 01:31
Altos costos  de las reformas

El presidente Enrique Peña Nieto, sostuvo en un artículo publicado en el diario español El País, que ha concluido el “ciclo reformador”; que permitió realizar 11 reformas estructurales, que representaron 58 modificaciones a la Constitución mexicana.

Este logro histórico implicó un gran esfuerzo de negociación política con las fuerzas partidarias representadas en el Congreso y los gobiernos de las entidades federativas.

Cuando se analizan las reformas a la Constitución, que ya forman parte de su texto, salen a relucir las facultades que el titular del Poder Ejecutivo federal tuvo que ceder, como moneda de cambio exigida por la aprobación de las reformas.

En primer lugar, está el crecimiento desmedido de esta nueva categoría de entidades gubernamentales denominadas: órganos constitucionales autónomos. Frente al predominio del Ejecutivo sobre los otros dos Poderes, ello se explica como una medida para delimitar el poderío del Presidente de la República.

Al principio de la presente administración, la Constitución sólo reconocía como órganos autónomos, la existencia de algunas universidades públicas; el Banco de México; el recién desaparecido Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Después de las reformas, existen además, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Instituto Federal de Acceso a la Información y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (ambos elevados a ese rango), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como la transformación de la Procuraduría en la Fiscalía General de la República.

Con los acuerdos partidarios en el Congreso, se crearon órganos de poder dotados de plena autonomía, pero que ejercerán actividades —que antes eran responsabilidad del Ejecutivo federal— sin tener que depender de su jerarquía.

En segundo término, la facultad exclusiva de nombrar y remover a los colaboradores de parte del Presidente, también ha sido trastocada.

A partir de la reforma del 10 de febrero pasado, la próxima designación de un procurador de la República, ya no será potestad presidencial. El nuevo fiscal general deberá ser elegido por el Senado de la República, de entre una lista de candidatos, que tampoco será competencia del Presidente integrar.

La Cámara de Diputados está facultada ahora, para ratificar el nombramiento que el Presidente haga del Secretario de Hacienda, así como, de los demás empleados superiores de esa dependencia. Si bien esto antes lo hacía el Senado, se considera que será un proceso de mayor desgaste político que lo deba hacer la Cámara baja.

La reforma incrementó al Senado —de manera sustancial— sus facultades exclusivas. Debe ratificar los nombramientos del secretario de Relaciones Exteriores y de los empleados superiores de ese ramo, que antes eran de libre designación.

Además, la Cámara de Senadores está facultada —en caso procedente— para aprobarle al Presidente la conformación de un gobierno de coalición con otro partido político, así como a ratificar al gabinete de la alianza, con excepción de los titulares de los ramos de Defensa Nacional y Marina.

Asimismo, el Senado debe ratificar los nombramientos de los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía, competencia económica y para nombrar a los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información.

Todo lo anterior, no se ha percibido del todo, puesto que las reformas dejaron en sus encargos a los actuales funcionarios, pero los cambios se comenzarán a experimentar en cuanto se tenga que hacer algún relevo.

Como Corolario, se puede resumir: las reformas le costaron sangre a la Presidencia.

El tiempo lo demostrará.

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