Consultas populares

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Raúl Contreras Bustamante 23/08/2014 01:37
Consultas populares

Una de las reformas constitucionales recientes, está comenzando a tener una exigencia extraordinaria. Se trata de la consulta popular, que es una de las instituciones denominadas “de democracia directa”, que otros sistemas intitulan como plebiscito o referéndum.

La participación ciudadana en los asuntos del Estado, se produce indirectamente a través de los representantes políticos. Sin embargo, la doctrina constitucional reconoce otras formas de ejercicio de los derechos ciudadanos, que les permiten expresar su opinión —en forma directa— sobre los problemas que les aquejan, como la iniciativa popular; la revocación del mandato y el referéndum, plebiscito o consulta popular.

La Reforma Política publicada el 9 de agosto de 2012 —en el último año del presidente Calderón— modificó el artículo 35 de la Constitución y adicionó como derechos del ciudadano el poder votar en las consultas populares; detentar alguna candidatura ciudadana; así como, participar en los procesos de iniciativa ciudadana.

Con muy mala técnica legislativa, se adicionó a ese artículo la reglamentación de esta nueva institución, que está próxima de entrar en práctica. El tema que se pretenda consultar, debe ser considerado de trascendencia nacional y para que pueda proceder una consulta popular, se requiere que sea aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión, a petición del Presidente de la República; de 33% de los integrantes —por lo menos— de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión; o los ciudadanos, si se conjunta un mínimo de 2% de los inscritos en la lista nominal de electores.

No podrán ser objeto de consulta popular: la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá resolver, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión; sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta y será el Instituto Nacional Electoral, quien tendrá a su cargo la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados. Si todo lo anterior se conjunta, la Consulta se deberá realizar el mismo día de la jornada electoral federal. Si llegan a participar en ella por lo menos 40% de los ciudadanos empadronados, el resultado será vinculatorio; lo que significa que será de atención obligatoria para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, así como para las autoridades competentes.

La Ley federal de Consulta Popular, publicada el 14 de marzo de 2014, establece que la petición para realizar alguna, deberá presentarse a más tardar el 15 de septiembre próximo.

Los tres partidos principales ya anunciaron que tramitarán una consulta. El PRD para buscar revertir la Reforma Energética; el PAN, respecto a si se debe incrementar el salario mínimo; y el PRI, sobre la opinión de la ciudadanía para la eliminación de 100 de los 500 diputados y 32 de los 128 senadores, electos por la vía plurinominal. Cada Partido ha criticado y descalificado las iniciativas de los demás.

Sin conocer las propuestas, se observan las debilidades de que cada una de ellas.

La reforma constitucional energética no podría ser modificada por la consulta. Sólo otra reforma lo conseguiría hacer, pues el resultado vinculatorio no puede obligar al Poder Constituyente Permanente.

¿Para qué preguntar si debe subir el salario mínimo? ¿Es necesario consultar a los ciudadanos si desean que se reduzcan los legisladores plurinominales? Creo que usted y yo, sabemos las respuestas.

El Corolario es: una institución democrática que puede llegar a ser muy útil no debe ser inaugurada para hacer ejercicios estériles. Porque como decía mi abuela, ¿para qué preguntas lo que ya sabes?

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