Reformas irreflexivas

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Raúl Contreras Bustamante 21/06/2014 01:06
Reformas irreflexivas

Entre tantas reformas constitucionales, nuevas leyes, instituciones y la descoordinación entre la Federación y las entidades federativas; —en lo relativo al régimen jurídico nacional—, a los ciudadanos nos resulta casi imposible saber a qué atenernos y cómo comportarnos, para no estar al margen de la ley.

El Diario oficial publicó —el pasado 17 de junio— un decreto que adiciona un octavo párrafo al artículo cuarto de nuestra Constitución, que establece: “Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento”.

En nuestra realidad social, existe un serio problema consistente en un importante número de individuos que carecen de acta de nacimiento civil; así como, otros tantos, que poseen una constancia de nacimiento que fue obtenida años después de su natalicio.

Esta disposición se tuvo que elevar a nivel constitucional para obligar a los padres de los recién nacidos y a las autoridades de todos los niveles de gobierno, para que hagan el esfuerzo de resolver esta situación, que atenta contra la seguridad jurídica de los mexicanos y del Estado mismo.

De manera casi simultánea, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal acaba de aprobar una reforma al artículo 58 del Código Civil de la capital, para instituir que “el orden de los apellidos será designado por acuerdo entre los padres y/o madres según sea el caso, y dicho acuerdo regirá para los demás hijos del mismo vínculo; en caso de desacuerdo, el orden se determinará bajo la regla general”.

Los argumentos expuestos para motivar esta idea, fueron —entre otros—  la necesidad de la inclusión en el Código Civil respecto del orden que deben recibir los apellidos de los niños de las parejas homoparentales como también de las heterosexuales.

El dictamen dice que se pretende lograr igualdad y equidad de derechos entre los géneros y producir “condiciones que propicien la democracia en la familia”; “rompiendo así el paradigma patriarcal que nunca ha descansado sobre algún argumento jurídico racional”.

Animados por reformas anteriores que sí han resultado trascendentes, los diputados locales de la capital, se embarcaron en esta nueva aventura reformista, que creo no fue suficientemente reflexionada.

Consideramos que la enmienda aprobada, rompe con toda la tradición jurídica romanista del parentesco y la sucesión ab intestato  de siglos. Crea confusión y falta de seguridad jurídica. Posibilita el cambio de identidad de personajes con problemas legales. Complica la organización de aspectos fiscales importantes, como es la determinación del Registro Federal de Causantes o poblacionales, como la Clave Única de Registro de Población.

En este tema en especial, la Asamblea Legislativa dejó de considerar su papel como parte integrante de la Federación y su relación con el gobierno federal.

De manera inconsulta y desconsiderada, intentó resolver algo que no es una prioridad en el país; porque si bien, sólo es obligatoria dentro del DF; sus efectos tendrán validez en todos los estados de la República.

En estos momentos en que el Gobierno del Distrito Federal pretende convencer al gobierno federal y a los legisladores del resto del país para que se apruebe una Reforma Política, que le otorgue mayor autonomía a la Ciudad de México, la reforma se antoja, por lo menos, imprudente.

El jefe de Gobierno Miguel Mancera tiene todavía la posibilidad de hacer observaciones a esta controvertida reforma y devolverla a la ALDF para que sea meditada con mayor cuidado.

La ley debe aspirar a crear seguridad y certeza jurídica en la sociedad. No puede ser producto de ocurrencias ni para dar gusto a algunos sectores —por muy activos y propositivos que sean— cuando afectan a la mayoría de la población.

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