Conductas ejemplares

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Raúl Contreras Bustamante 14/06/2014 06:04
Conductas ejemplares

De acuerdo con el artículo 57.5 de la Constitución española, la aprobación legal de la abdicación de Juan Carlos I no es posible sin la implementación de una ley orgánica que regule tal suceso.

Desde que dicha norma jurídica fundamental fue promulgada —y fue la carta de navegación de la transición política española— la referida ley orgánica nunca había sido creada. Es decir, la abdicación de la corona debe resolverse mediante una legislación inexistente.

La actuación del rey y de algunos miembros de su familia; la dura crisis económica, así como, el severo desempleo en España, constituyen las principales causas que orillaron a Juan Carlos a dimitir al cargo.

Decenas de miles de personas salieron a las calles de todo el país, con la bandera roja, amarilla y morada de la Segunda República, con gritos de “¡España, mañana, será republicana!”, “¡Monarquía, abolición!”, tras el anuncio de la abdicación del rey.

La exigencia constitucional de una legislación orgánica que haga jurídicamente válida y efectiva la sucesión hereditaria, ha venido caminando mediante vías institucionales bien articuladas.

En sesión extraordinaria, el Consejo de Ministros del gobierno español aprobó el proyecto de Ley Orgánica de abdicación del rey Juan Carlos I de Borbón; y de inmediato lo envió al Parlamento, el cual deberá ser aprobado en cada Cámara por mayoría absoluta.

En un comunicado, el gobierno precisó que la iniciativa contiene un artículo único: “Su majestad el rey Juan Carlos I de Borbón abdica la corona de España. La abdicación será efectiva en el momento de entrada en vigor de la presente Ley Orgánica”.

En el texto, el gobierno reconoció que sin el impulso y liderazgo del rey, la transición, sencillamente, no habría sido posible. “Su esfuerzo, junto con el de todos los que contribuyeron al advenimiento de la democracia, culminó en la Constitución de 1978”.

El Congreso de los Diputados —como se le llama en España a la Cámara baja— aprobó por 299 votos a favor, 19 en contra y 23 abstenciones, la ley de abdicación.

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, reconoció la esencia republicana de las filas socialistas, pero declaró que no es el tiempo de discutir sobre la existencia de la monarquía, porque el pacto constitucional sigue vigente.

El primer objetivo del principal partido político de oposición español fue defender el Estado de derecho y la Constitución. Contribuyó con avalar la abdicación del rey Juan Carlos para que automáticamente se produzca la sucesión a favor del príncipe Felipe.

La aprobación parlamentaria se logró con los votos y abstenciones de los diputados del gobernante Partido Popular (PP); y  con los de los opositores: Partido Socialista Obrero Español (PSOE); Convergencia i Unió (CiU), así como, Unión Progreso y Democracia (UPyD).

El proyecto de ley aprobado por el Congreso pasó al Senado, donde será debatido y votado, en un pleno previsto para el próximo 17 de junio.

Una vez que la ley de abdicación quede sancionada por las Cortes Generales, ésta será promulgada por el rey Juan Carlos, en una ceremonia solemne —que se prevé sea en el Palacio Real el 18 de junio— un día antes de que Felipe VI sea proclamado rey de España, en una sesión conjunta del Congreso y el Senado.

Todo ello no deja de causar asombro y envidia. A pesar de las dificultades políticas, las diferencias ideológicas y las ambiciones de poder, todos los actores políticos españoles han demostrado una conducta ejemplar de respeto a la institucionalidad y con el único objetivo de contribuir a la unidad del país.

En cambio —con tristeza y decepción— en nuestra nación observamos que los mismos legisladores que aprobaron reformas constitucionales trascendentes, ahora escatiman su apoyo para aprobar las legislaciones secundarias, por simples intereses partidarios; mezquindades internas o para poder ver los partidos del Mundial de futbol.

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