Desacatos constitucionales

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Raúl Contreras Bustamante 03/05/2014 01:30
Desacatos constitucionales

El pasado 30 de abril terminó el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, correspondiente al segundo año de trabajos de la actual LXII Legislatura. En esa misma fecha, se agotaron términos legales señalados en artículos transitorios de diversos decretos de reformas constitucionales para que el Poder Legislativo Federal realizara las adecuaciones pertinentes e hiciera efectivas dichas disposiciones.

A partir de la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto, se han publicado 11 decretos, mediante los cuales se han realizado cambios constituciones —reformas, adiciones y derogaciones— que han modificado 41 artículos de nuestra Carta Magna, algunos de ellos, varias veces.

Nuestro sistema constitucional establece que el poder revisor de la Constitución, lo conforman las dos Cámaras del Congreso de la Unión; quienes deben aprobar las enmiendas, mediante la votación de las dos terceras partes de sus miembros presentes y además, por las legislaturas de los 31 estados que deben ratificarlas, en su mayoría.

Varios de los decretos que aprueban las reformas —en especial los relativos a las materias de energía, transparencia y la político-electoral— contienen múltiples artículos transitorios, que reglamentan, establecen procedimientos y estipulan plazos para que entren en vigor los cambios legales aprobados.

La reforma constitucional en materia energética, publicada el 20 de diciembre de 2013, considerada la de mayor trascendencia —y discordia—; ordena en su artículo cuarto transitorio, que “dentro de los 120 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurídico, a fin de hacer efectivas las disposiciones del presente decreto”.

Las iniciativas presidenciales que contienen el paquete de leyes y reformas en materia energética, se presentaron al Congreso un día antes de que feneciera el periodo ordinario de sesiones, cuando ya estaba vencido el plazo en que debieron estar aprobadas.

Por otra parte el 10 de febrero de 2014, se publicó el Decreto que contiene diversas reformas constitucionales en materia político-electoral, que de manera expresa estableció que a más tardar el 30 de abril de 2014, el Congreso habría de aprobar la legislación secundaria a que hace referencia el nuevo texto de los numerales reformados.

De acuerdo con ello, el miércoles pasado se debió haber terminado de legislar, al menos, la ley general de partidos políticos nacionales y locales; la ley general de los procesos electorales y la ley general en materia de delitos electorales, misma que deberá establecer tipos penales, sanciones, distribución de competencias, así como, formas de coordinación entre la Federación y las entidades federativas.

Es de llamar la atención que el propio Congreso haya impuesto —a sí mismo— estos plazos tan reducidos en los transitorios de las reformas y que los dirigentes partidarios y parlamentarios no los hayan ignorado.

Vale preguntar ¿por qué el Poder Ejecutivo dejó de tener urgencia de contar con los instrumentos y mecanismos de esa transformación estructural tan anhelada? ¿Por qué razón pospuso su instrumentación, a pesar de que sigue teniendo que enfrentar la crítica y el debate?

Se percibe que en la Presidencia se conserva el deseo de sacar adelante los cambios mediante el consenso con el PAN y el PRD, o al menos, con alguno de ellos.

Se incumplió el mandato de la ley suprema debido a las ambiciones electorales, las luchas partidistas internas y las negociaciones bajo la mesa con las que se sigue manejando la agenda política nacional.

Albert Einstein decía: “Nada destruye más el respeto por el gobierno y por la ley de un país, que la aprobación de leyes que no pueden ponerse en ejecución”.

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