Controversias constitucionales por Reforma Educativa

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Raúl Contreras Bustamante 19/04/2014 00:00
Controversias constitucionales por Reforma Educativa

Esta semana se anunció que el Consejero Jurídico del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, interpuso controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de los Congresos de Chiapas, Sonora, Michoacán, así como del gobierno y el Congreso de Oaxaca; por incumplir con el mandato de armonizar sus leyes locales con la Constitución, en lo referente a la Reforma Educativa.

El artículo 105 de nuestra Constitución, dispone que sea la Suprema Corte quién conozca y resuelva las diferencias que se susciten entre la Federación y alguna entidad federativa, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; así como, para resolver la posible contradicción entre una norma de carácter general estatal y la propia Constitución, entre otras hipótesis.

Desde que en diciembre de 1994 se reformó dicho postulado constitucional, para instituir estas acciones para dirimir los conflictos que puedan surgir entre los diversos poderes e instancias de gobierno de nuestro país, respecto de la observancia de la supremacía del texto constitucional federal, creo es la primera vez que se da una confrontación constitucional de ese tipo.

El 26 de febrero de 2013, se publicó la reforma constitucional en materia educativa y posteriormente, se aprobaron las leyes reglamentarias que buscan mejorar la calidad educativa nacional.

Una vez logrados los consensos políticos y procesadas las reformas legislativas, los Congresos de las entidades federativas tenían la obligación de hacer las adecuaciones legales a sus leyes locales, a efecto de armonizarlas a los nuevos postulados constitucionales.

Se asume que en contra de las reformas que realizaron los Congresos estatales de Chiapas, Michoacán y Sonora, se han promovido acciones de inconstitucionalidad, puesto que se dijo que en el caso de Chiapas, se impugnaron ocho artículos, porque invaden facultades federales o modifican los contenidos establecidos en las leyes generales de la materia.

A Michoacán, le impugnaron cuatro artículos, que se considera otorgan preeminencia a la legislación local sobre la ley general; mientras que contra el Congreso de Sonora, se objetaron 27 artículos de la legislación local, por permitir la separación del servicio con goce de sueldo; modificar los parámetros de ingreso y promoción al Servicio Profesional Docente; y porque reconoce un escalafón, aún y cuando la Reforma Educativa prevé la promoción por medio de las evaluaciones.

En el caso de Oaxaca, el asunto es aún más grave. La controversia es en contra del gobierno del estado y de su Congreso, por omitir de manera total la armonización de la Ley Estatal de Educación.

El diseño y la aplicación de políticas públicas en un Estado federal —como el nuestro— reviste una doble complejidad. La tendencia histórica hacia la centralización, se complica con la difícil subordinación de las autoridades estatales y locales.

Además, habrá que tomar en cuenta las naturales resistencias e indiferencia de las autoridades locales para implementar las acciones operativas.

No resulta difícil entender que —salvo en el caso de Sonora— en Chiapas, Michoacán y Oaxaca, la representación sindical del magisterio está a cargo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, lo que hace presumir que las autoridades de esas entidades se dejaron presionar por la fuerza y violencia que ha caracterizado en todo momento a la CNTE.

En el caso de Oaxaca, resulta una vergüenza que el gobernador Gabino Cué esté privilegiado sus compromisos políticos inconfesables con el sector del magisterio que lo ayudó a ser electo, por encima de su juramento de guardar y hacer guardar la Constitución General de la Nación; y sobre la niñez oaxaqueña que urge de una educación de calidad.

Habrá que seguir con interés cómo resuelve la Corte esta nueva página de nuestro devenir jurídico.

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