Presidencialismo parlamentario

COMPARTIR 
Raúl Contreras Bustamante 12/04/2014 02:38
Presidencialismo parlamentario

El decreto en materia político-electoral, que reformó 31 artículos de nuestra Carta Magna, publicado el 10 de febrero de 2014, incluyó algunas nuevas facultades y obligaciones del titular del Poder Ejecutivo federal.

La fracción XVII, del artículo 89 —que se encontraba derogada, desde 1993— a partir de ahora, establece que el Presidente de la República, podrá en cualquier momento optar por construir un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión. 

En dicho supuesto, el gobierno de coalición se deberá regular por un convenio y un programa que deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. El convenio deberá establecer las causas de la disolución del gobierno de coalición.

Esta facultad presidencial, entró en vigor al día siguiente de la publicación del decreto y los artículos transitorios no establecen ninguna circunstancia adicional ni hace referencia a que deba de reglamentarse esta disposición tan delicada.

Desde 1997, cuando el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, no se ha vuelto a presentar la circunstancia de que el Presidente en turno y el partido político del cual provenga, tuvieran mayoría absoluta. Por lo tanto, se ha carecido del respaldo legislativo necesario para aprobar las iniciativas presidenciales de ley.

Algunas voces doctrinales han sostenido que este equilibrio entre Poderes es sano, puesto que se cumple con la teoría de Montesquieu: “Pesos y contrapesos”. Por el contrario, algunos otros opinan, que dicha situación ha paralizado el desarrollo político del país, ante la falta de colaboración y acuerdos entre estas dos instancias soberanas. Aunque la intención del Presidente Peña Nieto era proponer la restitución de la “Cláusula de gobernabilidad”, que consistía en que la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados se le otorgara al partido político que hubiere alcanzado la mayor votación en la elección de diputados por mayoría relativa; esto no pudo lograrse.

En medio de la subasta política en la que participaron todos los partidos comprometidos por el Pacto por México, y las poco claras transacciones para que fuera aprobada la Reforma Energética, pasó como bola rápida este asunto.

Significa que si en próximas elecciones, ningún partido obtiene una mayoría absoluta —lo cual es probable, de acuerdo con las últimas seis ocasiones—; el Presidente puede convocar a uno o varios partidos a constituir un gobierno de coalición, para poder sacar adelante el programa gubernamental.

Adoptar un gobierno de coalición, implicaría ceder posiciones en el gabinete a miembros de esa alianza y la necesidad de adoptar un programa de gobierno de común acuerdo, que incluya temas legislativos; a fin de darle gobernabilidad y mayor legitimidad al mandato presidencial.

El Senado también deberá ratificar algunos de los nombramientos que por ley deban pasar por dicha soberanía, como serían los secretarios de Relaciones Exteriores y de Hacienda, si fuera el caso.

De golpe y sin ninguna discusión pública, pasamos de un sistema esencialmente presidencial, a otro, que puede transformarse en semi-parlamentario, dependiendo de la decisión del propio Ejecutivo.

Recuerdo que en un interesante debate celebrado en la Universidad de Salamanca, en 1998, sobre el tema del presidencialismo en América Latina, le cuestioné al destacado profesor de la Universidad de Buenos Aires —ahora fallecido— Guillermo Molinelli, respecto a qué era más recomendable para nuestras naciones: un gobierno presidencialista, u otro, de tintes parlamentarios.

Con gran agudeza, me respondió que ambas formas de gobierno son democráticas y por lo tanto imperfectas. Lo más recomendable sostuvo, era adoptar cualquiera de ellas, pero aconsejaba evitar caer en la tentación de fusionarlas o mezclar sus instituciones.

Y allá vamos.

 

Comparte esta entrada

Comentarios

Lo que pasa en la red