Equidad de género en las candidaturas

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Raúl Contreras Bustamante 05/04/2014 01:51
Equidad de género en las candidaturas

Otra de las novedades que resultaron del decreto por el que reformaron diversas disposiciones de nuestra Carta Magna, en materia político-electoral, publicado el 10 de febrero de 2014, es la obligación de los partidos políticos de garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales.

Tal disposición es consecuente con lo que ya establece el primer artículo de la Constitución Política Mexicana, que prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Cuando estudio con mis alumnos en la Facultad de Derecho, algunos cuestionan por qué la Constitución establece principios como este texto, que difieren de la realidad social del país, argumentando que esos fenómenos existen y son una realidad lacerante.

La respuesta es que la Constitución no es simplemente un conjunto de disposiciones reglamentarias. Es también una síntesis de nuestro devenir histórico, así como un receptáculo de las legítimas aspiraciones de aquello que queremos ser o hacia dónde deseamos llegar.

Dentro de la Teoría de la Constitución, se distinguen aquellas constituciones que son un reflejo —y se modifican—, cuando los usos y costumbres que conforman la realidad de un país así lo demandan. Otras, por el contrario, utilizan la supremacía legal constitucional para modificar y dirigir a la realidad social hacia donde las fuerzas políticas de la nación lo acuerdan.

En otras palabras, cuando se integró al texto constitucional la prohibición de la discriminación por razón de género, era un serio rezago social pendiente de alcanzarse. Sin embargo, la intención era obligar al Estado para que hiciera todo aquello que estuviera en sus manos para hacerlo realidad.

La historia de la humanidad demuestra que la mujer siempre ha ocupado un papel secundario en la vida política. Existen muchos estudios sociológicos que tratan de explicarlo, pero ninguno puede justificarlo.

Es hasta el siglo XX en que las cosas comienzan a tomar otro rumbo y las mujeres alcanzan el estatus de ser consideradas como ciudadanas, con igualdad de derechos políticos que los hombres. En nuestro país, hace no más de 60 años que las mujeres accedieron al voto.

El cambio ha sido acelerado. La historia ya acredita a destacadas mujeres al frente de Estados como Inglaterra, Alemania, Argentina y Chile.

El proceso de cambio es cultural. En 1975, la matrícula femenina de alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM era de menos de 15%. En cambio, hoy, rebasa al 53 por ciento.

El hecho de que las familias mexicanas vayan evolucionando y cada vez se alejen más del tradicional principio de preparar a las mujeres para ser amas de casa y, desde hace años, se les permita estudiar igual que los varones ha representado la verdadera transformación.

En la actualidad, las mujeres son magníficas alumnas, profesionistas, empresarias, políticas, sin dejar de ser y cumplir con su papel de madres y esposas.

Es comprensible y previsible el problema que tendrán las dirigencias partidarias para poder cumplir el mandato constitucional de presentar candidaturas con paridad de género, puesto que aún no se acercan a dichos institutos políticos el número suficiente de mujeres, debido a la dificultad que existía de poder acceder a los cargos y candidaturas.

Pero esta reforma constitucional logrará —en un tiempo breve— que la mujer incremente su participación en la política nacional.

No hay que olvidar lo que hace años me enseñó una lideresa en Iztapalapa: “Las mujeres no somos únicamente la mitad del padrón, somos también las mamás del otro 50 por ciento”.

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