Suspensión de garantías

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Raúl Contreras Bustamante 15/03/2014 03:02
Suspensión de garantías

Las reformas en materia político-electoral que modificaron 30 artículos de la Constitución —conocida como Reforma Política—. Resultaron ser una miscelánea legislativa. Dentro de las novedades aprobadas, se encuentra una que se refiere a la suspensión de garantías.

Sin que este tema tuviera una prioridad dentro de la agenda político-electoral, se modificó el artículo 29 del texto constitucional, para eliminar el requisito del acuerdo de los secretarios de Estado y del procurador General de la República, para que el Presidente pueda suspender o restringir el ejercicio de derechos y de las garantías.

Se trata de un tema de la mayor importancia. En la doctrina constitucional se acepta que en circunstancias excepcionales
—de gravedad e importancia— se puedan suspender determinados derechos y garantías, a efecto de que el gobierno pueda resolver una crisis de manera rápida y eficaz.

En algunos países, se hace intervenir al parlamento o cuerpo legislativo; en otros, las decisiones se toman desde la esfera del Poder Ejecutivo, dando o no, aviso e informe al legislativo.

En México el texto constitucional dispone que en caso de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, el Presidente, con la aprobación del Congreso o de la Comisión Permanente —cuando aquel no estuviere reunido— podrá restringir o suspender en todo el país —o en lugar determinado— el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación.

Apenas el 10 de junio de 2011, este mismo artículo 29 había sido reformado de manera amplia. Como es una facultad exclusiva que tiene el Presidente de la República, se ha tratado de irla acotando.

Se adicionó —entre otras cosas— la determinación de que  ante un caso de excepción, la solicitud que se haga para restringir o de plano suspender las garantías, deberá estar debidamente fundada y motivada; la autorización tendrá que ser proporcional al peligro a que se hace frente; y, en cualquier caso, deberán respetar los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación.

El texto que ha sido enmendado, establecía que la solicitud del Presidente al Congreso de la Unión o a la Comisión Permanente, en su caso, debería estar refrendada por todos los secretarios del gabinete y del procurador General de la República, lo cual ahora se elimina.

Algunos lo consideraban un trámite de formalidad de relativa importancia, puesto que se argumentaba, que si algún colaborador del Presidente se negaba a firmar la solicitud, éste simplemente lo corría; y el recién designado, lo suscribiría.

Sin embargo, otros sostenemos que ese requisito de procedencia sí era de valor, puesto que la negativa de un miembro del gobierno a ratificar la solicitud, generaría una crisis de falta de legitimidad, que dificultaría la aprobación de las medidas extremas, ante el hecho de que ni entre los colaboradores cercanos al Presidente, habría consenso para ello.

A pesar de que desde 1917 solamente se han suspendido las garantías en una ocasión, a solicitud del presidente Ávila Camacho, con motivo de la Segunda Guerra Mundial, llama la atención que en tan corto tiempo se haya vuelto a revisar este proceso. Seguramente, como la Procuraduría se transformó en Fiscalía y en un órgano constitucional autónomo, no se quiso complicar el trámite de refrendo y se le da ahora la responsabilidad exclusiva al Presidente para presentar la solicitud.

Preocupa que dentro de las prioridades del gobierno esté la conveniencia de estructurar de manera más ágil y expedita la solicitud.

Será que debido a las continuas alteraciones de la paz pública —resultado de la operación del crimen organizado— se tiene a la suspensión de garantías como una opción real que puede llegarse a aplicar.

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