Paradojas del destino

Michoacán debe... recobrar su lugar en la historia como el escenario que alumbró la primera Constitución de México.

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Raúl Contreras Bustamante 01/02/2014 01:33
Paradojas  del destino

Este año se cumplirán dos siglos de la promulgación de la primera Constitución de la historia patria. El 22 de octubre de 1814 se sancionó el “Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana”, que se le conoce como la Constitución  de Apatzingán, por haberse suscrito en dicho rincón de México.

Bajo la inspiración y dirección de José María Morelos y Pavón, los diputados Herrera, Quintana Roo, Sotero de Castañeda, Verduzco y Argandar redactaron ese primer documento constitucional que aspiraba a crear una nación independiente, regida por la soberanía popular y gobernada por poderes controlados por la ley.

Debido a contrasentidos del destino, hoy, 200 años después, Michoacán es otra vez lugar en donde se escenifican movimientos sociales que están lejos de poderse regir dentro de un marco de derecho, como pretendía aquel decreto se “hiciera guardar, cumplir y ejecutar”.

Michoacán ha sido siempre tierra de inquietudes, caudillos y violencia. Padece una descomposición social y una grave violencia como resultado de la acumulación —a lo largo de su historia— de malos gobiernos; el cacicazgo cardenista; alternancias políticas desafortunadas; las torpezas de un expresidente michoacano; corrupción e impunidad.

En abril de 2011, los pobladores del municipio indígena de Cherán decidieron bloquear los accesos y conformar guardias de seguridad ante las actividades de los taladores ilegales de árboles y la presencia del crimen organizado en la región.

Ello es considerado por algunos como un fenómeno de defensa legítima de las personas por su seguridad, resultado de la ineficacia de las policías e incluso por la tolerancia y complicidad de las autoridades con los grupos delincuenciales.

El ejemplo se generalizó y se dice que miles de michoacanos ya forman parte de esas autodefensas comunitarias, con las cuales el gobierno federal y el de la entidad han celebrado convenios para tratar de atraerlos a la institucionalidad.

Al parecer, se pretende que personas —sin la preparación adecuada— puedan seguir portando armas reglamentarias y coadyuven con las autoridades militares y federales en la tarea de pacificar a la entidad.

El Estado detenta el monopolio respecto del uso de la coacción. En teoría, sólo las fuerzas creadas ex profeso para ello pueden hacer uso de la fuerza física y la violencia —en caso justificado—; pero siempre dentro del marco de la ley.

El gobierno ha designado a un “comisionado” en Michoacán —cargo inexistente y que carece de facultades legales—, quien ha encabezado esta serie de acuerdos políticos que transgreden el marco de nuestro orden legal federalista.

El Estado no puede ni debe renunciar a su obligación esencial, que es la de brindar seguridad a la sociedad. Esta solución pragmática es un pésimo ejemplo que puede reproducirse en otras latitudes del territorio nacional.

La aparición de las autodefensas puede tener muchas justificaciones sociales, pero el gobierno debe resolver esta grave situación mediante el respeto a la legalidad.

Los ciudadanos que integran estos cuerpos comunitarios están desprotegidos en su actuación por las leyes. Un simple acuerdo político no les puede dotar de facultades legales.

En el cumplimiento de las responsabilidades públicas, es ineludible la observancia de la Constitución y leyes que de ella emanan. Es el único método eficaz de control del poder y de freno a la tendencia humana natural de abusar del mismo.

Apatzingán —tierra que inspiró la composición del corrido popular Juan Colorado— y todo Michoacán deben dejar de ser sitio de confrontaciones que se resuelven con “pistola o machete” para recobrar su lugar en la historia como el escenario que alumbró la primera Constitución de México.

Por grave que parezca la situación, las medidas que el gobierno debe adoptar no pueden contravenir el marco constitucional que juraron respetar y hacer cumplir.

 

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