El fracaso de la rehabilitación social

En 81 centros penitenciarios no hay separación entre reos procesados y sentenciados, de acuerdo con la CNDH.

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Raúl Contreras Bustamante 07/12/2013 01:48
El fracaso de la rehabilitación social

La  Comisión Nacional de  Derechos Humanos, hace algunos días, hizo público un estudio en el que describe la caótica situación por la que atraviesan los reclusorios del país.

El organismo presentó lo que intituló: Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. Para elaborarlo, un equipo de investigadores visitaron 101 centros de reinserción social estatales, 17 penales federales y tres prisiones militares, que albergan 79.33% de la población penitenciaria del país.

El reporte sostiene que en 65 de las 101 prisiones estudiadas —durante 2012—, existen evidencias de que reos —quienes imponen sus “autogobiernos”— controlaron actividades que deberían ser propias de las autoridades; e incluso, tienen las llaves de acceso a algunas áreas.

El estudio establece que durante el periodo investigado, hubo un incremento en el número de riñas, motines, fugas y homicidios en los penales. Ese año, se presentaron 73 hechos violentos, lo que llevó a que murieran 154 internos, que 103 más resultaran heridos y que además ocurrieran 261 fugas.

El organismo denunció, entre otras graves cosas, que existe una sobrepoblación en las prisiones de 45 mil 27 personas; en muchos reclusorios se llevan a cabo actividades ilícitas; existen zonas de privilegios donde hay objetos y sustancias prohibidas; se practica la prostitución; y se comprobó la existencia de personas o grupos que ejercen violencia o control, sobre el resto de los internos.

En 81 centros penitenciarios, no hay separación entre reos procesados y sentenciados, de acuerdo con la CNDH. Las actividades laborales y de capacitación son insuficientes, “lo cual impide lograr la reinserción social que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Los ejes básicos establecidos en la Constitución para lograr la reinserción de los internos en la sociedad son: la posibilidad de recibir capacitación para el trabajo, salud, actividades deportivas o poder laborar dentro de los centros penitenciarios.

Todo ello, constituye una de las principales causas por las que está fracasando la lucha contra la delincuencia organizada.

La falta de atribuciones legales de las Fuerzas Armadas designadas para labores de seguridad pública y la incapacidad técnica en la integración de las averiguaciones previas, provoca que una proporción muy alta de individuos detenidos, no sean sometidas a un proceso penal.

Un bajo porcentaje de personas que delinquen, son consignadas, juzgadas, sentenciadas y enviadas a un centro penitenciario, para que compurguen una pena como castigo por la comisión de algún delito, pero también para su rehabilitación social.

El informe de la CNDH demuestra que ello no se está logrando, Es por eso, que un alto número de reclusos reinciden en delinquir, y en muchas ocasiones, con mayor gravedad. Se afirma por los especialistas, que las cárceles del país en lugar de ser centros de rehabilitación social, son auténticas escuelas del delito.

El actual gobierno heredó —ya hace un año— la ausencia de una política penitenciaria articulada e integral y a la fecha, el gobierno federal y las entidades federativas no la han podido construir.

Cesare Bonesana, Marqués de Beccaria, en su clásica obra intitulada De los delitos y las penas, se pronunciaba en favor de la abolición de la pena de muerte, debido a que no impide los crímenes ni tiene un eficaz efecto disuasorio; por ello afirmaba que para cualquier criminal pasar la vida en la cárcel con privación de libertad, era peor que una condena a muerte.

Hoy, la privación de la libertad en las cárceles mexicanas, es un lugar de castigo para los pobres, pero un territorio de privilegios y readiestramiento para la delincuencia de los verdaderos criminales, que lastiman nuestra paz social.

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