La nueva Ley de Amparo

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Raúl Contreras Bustamante 10/04/2013 03:14
La nueva Ley de Amparo

El pasado 1º de abril, el presidente Peña Nieto promulgó la nueva Ley de Amparo. En el siglo XIX, nuestro país aportó este procedimiento al “Constitucionalismo” del mundo y es considerado el instrumento de control constitucional más importante de nuestro sistema jurídico.

Desde su origen en la Constitución yucateca de 1841, el juicio de amparo ha servido para cuestionar y reclamar la legalidad de los actos de autoridad, sus omisiones, así como para subsanar las desigualdades y deficiencias en el acceso a la justicia que prevalecen en nuestro país.

De su rápida revisión se desprenden varias innovaciones que harán que la doctrina, la enseñanza de la materia, al igual que su aplicación práctica y la interpretación judicial de su contenido, tengan que modernizarse de acuerdo a sus preceptos.

Una de sus grandes aportaciones es que todos los derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna así como en los tratados internacionales serán susceptibles de protección a través del amparo; armonizándose con las recientes reformas que se han realizado en el país a los artículos 1°, 94°, 103°, 104°, 107° y 112° constitucionales, en materia de justicia y derechos humanos.

La nueva Ley de Amparo permite ahora reclamar violaciones a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados. Antes, solamente se podían hacer valer las “garantías individuales” protegidas por la Constitución.

Los jueces federales deberán ahora no sólo velar por la “constitucionalidad” de los actos de autoridad y proteger a los ciudadanos ante la violación de sus derechos, sino también ser garantes del control de la “convencionalidad”, cuando exista la demanda de protección de los derechos derivados de alguna norma que esté contenida en un tratado internacional ratificado por México.

El amparo abre la puerta al concepto del “interés legítimo”, que permitirá a una persona ampararse cuando el acto reclamado afecte su esfera jurídica; ya sea de manera directa o indirecta o bien por su particular situación frente al ordenamiento jurídico.

Las sentencias tendrán efectos generales y no exclusivos para quien resulte amparado por la Justicia; se extenderá a todo ciudadano que se encuentre ante ese supuesto. Lo anterior, sólo cuando una norma general sea declarada inconstitucional y no aplicará en el caso de normas tributarias.

Cuando la SCJN resuelva la inconstitucionalidad de una norma —en juicios de amparo indirecto— por segunda ocasión, deberá informar a la autoridad emisora para su conocimiento; y si transcurrido el plazo de 90 días naturales no se ha superado el problema de inconstitucionalidad, la Corte emitirá —siempre que sea aprobada por mayoría de ocho votos— la declaratoria general de inconstitucionalidad.

La suspensión del acto de autoridad reclamado, en tanto se dicta una sentencia definitiva de amparo, se acotará cuando su aplicación afecte el interés social o el orden público; se evite que continúen funcionando centros de vicio, lenocinio y establecimientos de juegos con apuestas y sorteos; asimismo, para privilegiar y ponderar el criterio de “interés social” en el otorgamiento de suspensiones, cuando se trate de concesiones relacionadas con bienes públicos.

La Ley de Amparo implica una evolución y un reto para la impartición de justicia en México.

                *Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM

                contrerasdf@gmail.com

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