La memoria y la Suprema Corte

El Programa Memoria del Mundo de la UNESCO tiene el objetivo de procurar la preservación y acceso al patrimonio histórico documental de mayor relevancia

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Opinión del experto nacional 27/06/2014 02:03
La memoria y la Suprema Corte

Por Carlos Pérez Vázquez*

 

La memoria se fortalece a partir de la repetición de sucesos buenos o malos, y en el caso de la memoria colectiva de su carácter compartido. En este último caso, el resguardo físico de la memoria resulta invaluable. 

El Programa Memoria del Mundo, de la Organización para la Educación, Ciencia y Cultura de las Naciones Unidas (UNESCO), creado en 1992 para salvaguardar el patrimonio documental, que se encuentra en bibliotecas, archivos, filmotecas, fototecas, tanto de instituciones públicas como privadas, consiste en registros de patrimonio documental aprobado y reconocido por dicha organización,  por cumplir criterios que determinan su importancia mundial.

El objetivo del programa es procurar la preservación y acceso al patrimonio histórico documental de mayor relevancia para los pueblos del mundo, así como promocionar el interés por su conservación y divulgación.

Así, el programa busca asegurar la preservación de los documentos registrados, apoyar el acceso universal a los mismos, incrementar la conciencia mundial, fomentar la colaboración entre las instituciones, salvaguardar el patrimonio documental de la humanidad y promocionar el acceso democrático a dicho patrimonio y al conocimiento de su significado.

A la fecha se han registrado 316 colecciones de 101 países.

El programa cuenta con tres categorías: la nacional, la regional y la internacional que obedecen a la importancia directa que las colecciones tienen, según cada uno de estos ámbitos.

En los últimos meses, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha recibido tres registros en el Programa Memoria del Mundo.

Por una parte, dentro del Programa nacional se registraron 126 expedientes que reflejan la impartición de justicia federal entre el final del porfiriato y el inicio de la post-revolución, periodo particularmente complejo y convulso en la historia nacional y determinante para el devenir constitucional seguido por el país a lo largo de casi un siglo. Los expedientes resguardados demuestran el papel errático y silente de la Suprema Corte ante los acontecimientos que cimbraron al país y que, junto con la actitud abiertamente inconstitucional del Congreso de la Unión, derivaron en la lucha armada que tuvo como saldo más de un millón de muertes.

Esos expedientes explican, entre muchas cosas, por qué la Suprema Corte desapareció por más de dos años, a partir de 1914, y deben siempre recordarnos que aplicar la Constitución y apostar por su continuidad, a partir del respeto a los derechos humanos y al estado democrático de derecho, es la mejor manera de preservar la paz.

Por otra parte, a nivel regional, lo que en nuestro caso involucra a toda América Latina y el Caribe, la Suprema Corte recibió el registro sobre los expedientes 489/2010 y 912/2010 que contienen lo resuelto por el máximo tribunal del país en relación con el famoso caso de la desaparición del señor Rosendo Radilla.

Producto de nuestra historia jurisdiccional reciente, el expediente conforma ya uno de los pilares de la impartición de justicia que se funda en el paradigma de respeto a los derechos humanos, derivado de la reforma constitucional de 2011.

En ese mismo contexto, la Suprema Corte postuló recientemente 31 expedientes al registro internacional de Memoria del Mundo, que representan el desarrollo y evolución del Juicio de amparo a partir de resoluciones tomadas por los tribunales federales entre 1869 y 1935.

La postulación sostiene la relevancia de esta selección en el hecho de que, en 1948, México propuso a las Naciones Unidas, con base en la experiencia nacional en materia de amparo, la redacción del artículo 8º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mismo que establece el derecho de toda persona a contar con un recurso efectivo que proteja sus derechos humanos.

La presentación de la propuesta de certificación a nivel internacional, instruida por el ministro presidente Juan N. Silva Meza, busca reivindicar al juicio de amparo como el recurso de protección de derechos y libertades por antonomasia en nuestro país, reconciliando nuestro pasado constitucional, con las exigencias que el paradigma constitucional de protección a los derechos humanos exige hoy de todas las autoridades.

La postulación pretende demostrar la forma en la cual México compartió un derecho ahora universal con el resto del mundo: el derecho a defender los derechos humanos.

La riqueza de los archivos judiciales de cualquier país deriva del hecho de que los mismos concentran y permiten ver la manera en la que el país enfrenta y en su caso resuelve los conflictos sociales más acuciantes, los que más preocupan a una sociedad en un momento determinado, a través de una ruta institucional. En el caso de México, salvaguardar nuestra memoria jurisdiccional es indispensable para continuar fortaleciendo nuestra institucionalidad.

Recordar que el nuestro, desde su origen, es un país construido sobre instituciones que sólo existen para proteger los derechos humanos y las libertades de los individuos, se le puede olvidar a las personas, pero nunca a las autoridades, tal como, por cierto, lo refuerza el texto constitucional desde el año 2011.

Los expedientes y archivos registrados por el Programa Memoria del Mundo de la UNESCO seguramente servirá para tener siempre presente ese mandato.

*Coordinador de Derechos Humanos  y Asesoría de la Presidencia, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación

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