Iniciativa ante el Congreso busca eliminar obstáculos para regulación integral de la mariguana

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Opinión del experto nacional 20/02/2014 01:32
Iniciativa ante el Congreso busca eliminar obstáculos para regulación integral de la mariguana

Por Fernanda Alonso Aranda*

Como complemento de la iniciativa para la regulación de la mariguana en el DF —presentada el pasado viernes 14 de febrero ante la ALDF—, se presentó una nueva iniciativa a nivel federal ante el Congreso de la Unión.

La lógica de esta segunda iniciativa parte de la convicción de que es más eficiente la regulación local, dado que cada entidad federativa enfrenta dificultades distintas relacionadas a las drogas y el ámbito que las rodea y conoce mejor los problemas que aquejan a su población.

Actualmente, las entidades pueden decidir cuándo, cómo y de qué forma perseguir los delitos contra la salud. También pueden atender la prevención, la prestación de servicios de salud, y la priorización de delitos contra la salud, pero (y este es un gran pero) no cuentan con facultades para llevar a cabo el control sanitario de la producción y distribución de la mariguana, ni cuentan con facultades para sancionar el cultivo. Esta situación obliga a las entidades, en el mejor de los casos, a una construcción fragmentada de sus políticas de drogas, que naturalmente resta efectividad a sus resultados.

La iniciativa de ley presentada propone poner fin a esta situación a través de una modificación en el marco normativo federal que otorga facultades a las entidades federativas en las dos áreas donde actualmente se encuentran obstáculos: el control sanitario y el cultivo. Esta iniciativa no sólo es acorde con un verdadero federalismo, también es la condición de posibilidad de tener una política integral de drogas. Esto es, una política que incluya la prevención, educación y provisión de información sobre los riesgos y daños del uso de las drogas,  el control sanitario de la producción y procesamiento de los productos, así como de los puntos de distribución, la regulación comercial de esos puntos y la canalización a servicios de salud para tratamiento cuando se detecte un uso problemático o farmacodependencia.

Para ello, se propone, en primer lugar, reformar la Ley General de Salud y transferir a las entidades federativas el control sanitario del cultivo, producción y distribución cuando éstas decidan “tolerar” o “regular” un mercado local de mariguana (siempre y cuando se trate de cantidades dentro de delitos de narcomenudeo).

El cultivo, actualmente, aun en cantidades mínimas, es un delito federal, ya que sólo la posesión y narcomenudeo en las cantidades precisadas por la ley son de competencia de las entidades federativas. Lo segundo que la iniciativa propone es agregar el cultivo a la lista de delitos que entran en materia de narcomenudeo y que pueden ser perseguidos por las entidades.

Para completar, es necesario reformar la Tabla de Orientación de Dosis para Consumo Personal para incluir cantidades de mariguana relacionadas con el cultivo. Estableciendo un monto de mariguana que se pueda cultivar para consumo personal permitiría la posibilidad de la figura del “autocultivo”. Esta figura eliminaría el problema de la “puerta trasera”, ya que una persona podría constituir la totalidad de la cadena de producción, distribución y consumo, eliminando los riesgos que conlleva entrar al mercado negro o de realizar una conducta ilícita, a través de la compra o venta. En relación a la Tabla, se busca reestructurar las cantidades acorde a evidencia médica y científica, ya que actualmente las cantidades son demasiado bajas, problemáticas y poco lógicas. Por ejemplo, la cocaína, usualmente, se vende en el mercado negro por gramo y actualmente la Tabla indica 0.5 gramos como cantidad para consumo personal. En términos de la mariguana, la cantidad establecida para posesión y cultivo para consumo personal incrementaría a 30 gramos.

Finalmente, la iniciativa propone cambiar la clasificación de la mariguana. Actualmente, la legislación nacional define a la mariguana de forma más estricta que los tratados internacionales y sin permitir el uso de la sustancia para fines médicos. La iniciativa propone equiparar la definición con la de las convenciones internacionales y permitir que exista la investigación de la mariguana médica.

Los cuatro cambios anteriores permitirían a las entidades diseñar políticas públicas apropiadas, con el potencial de atender de mejor manera una problemática cuyo tratamiento a nivel federal se ha revelado, por decir lo menos, inapropiado para enfrentar el problema del tráfico y consumo de la mariguana. La aprobación de esta iniciativa sería un buen comienzo y mostraría la voluntad y compromiso de las autoridades federales para contribuir a la construcción de una política de drogas integral y responsable.

 

*Fernanda Alonso Aranda. Abogada por el ITAM, candidata a maestra en Derecho y Salud de la Universidad de Georgetown, miembro del equipo de redacción de la iniciativa presentada ante la ALDF.

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