Banderas electoreras

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Martín Espinosa 26/08/2014 02:10
Banderas electoreras

En las últimas semanas a los mexicanos nos ha tocado escuchar toda clase de “promesas” y compromisos de los políticos puesto que ya estamos a punto de comenzar el calendario electoral (octubre) que deberá concluir el año próximo, el 7 de junio para ser precisos, cuando se realicen las llamadas elecciones intermedias y “algo” hay que venderle al electorado para que se acerque a la urnas y no les “haga el feo” a quienes buscarán un cargo de elección popular.

De tal forma que lo mismo escuchamos de la propuesta de una consulta popular para preguntarle a los ciudadanos si están o no de acuerdo con la aprobación de las recientes leyes en materia de energía, que sobre otra consulta ciudadana en materia de salarios mínimos o como lo propone ahora el PRI: preguntarle a los mayores de 18 años si están o no de acuerdo con reducir el número de diputados y senadores, como si con ello el ahorro que ello representaría lo fuéramos a ver reflejado directamente en nuestros bolsillos.

Lo cierto es que estamos frente al surgimiento de una serie de “banderas políticas” que lo que buscan es tratar de convencer a los posibles electores de que, efectivamente, nuestros políticos “son muy buenos” y que realmente están interesados en lo que les pase a los millones de mexicanos que hoy viven en la pobreza o se dirigen hacia ese nivel de vida.

Caso concreto, el tema de la reducción de 132 de los diputados y senadores llamados pluris que no son otra cosa que aquellos que, por designio del “poder” y no por el voto ciudadano, llegan a ocupar cargos relevantes de coordinadores tanto en la llamada Cámara baja como en el Senado de la República.

Sin embargo, a diario nos despertamos con las noticias que dan cuenta de, por ejemplo, los gastos en los que incurren nuestros “representantes” cuando viajan al extranjero a alguna “comisión” y lo hacen en “primera clase” a cargo del dinero que les damos los ciudadanos. O el caso de los seguros que adquieren como el recién “descubierto” en la ALDF que ampara a los diputados locales de la capital del país de cualquier percance en estado de ebriedad. ¡El colmo del despilfarro!

De qué servirá, pues, el reducir ahora la nómina legislativa, si de todas formas los millones de pesos que se nos van en mantener los “privilegios” de la clase política, no se reducirán con la medida de disminuir el número de legisladores federales que hoy ocupan las curules y los escaños de nuestro Congreso.

El problema no está en la reducción del número de representantes, sino en la forma en que son distribuidos los recursos millonarios que cada año se destinan a todos los Poderes de la Unión, particularmente, al Legislativo que es el caso que nos ocupa. Por ejemplo, un análisis realizado recientemente por Integralia, una empresa de consultoría en asuntos públicos especializada entre otras cosas en Sistemas de Transparencia y Rendición de Cuentas y que dirige Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del anterior IFE entre 2003 y 2007, establece que el Congreso y los legislativos locales deben mejorar el trabajo en sus propias comisiones, crear mecanismos eficientes de fiscalización y control de los recursos económicos ejercidos y fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Sólo para que usted se dé una idea, estimado lector, entre 2002 y 2014 se duplicó el dinero entregado a los congresos locales: 141 mil 913.4 millones de pesos. El Congreso federal recibió en ese mismo lapso 135 mil 886.44 millones de pesos. Es decir, poco más de seis mil millones de pesos menos que el total de los congresos estatales de todo el país. Casi nada.

Los congresos más caros, además del federal, han sido en los últimos 12 años los del DF y Estado de México. A este paso, en unos años más no habrá recursos que alcancen. Ya no habrá de dónde exprimir más a los ciudadanos.

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