La desconfianza en las instituciones

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Martín Espinosa 28/01/2014 01:01
La desconfianza en las instituciones

Detrás del problema que plantea el surgimiento de los llamados grupos de autodefensa, fenómeno que no es de ahora sino de hace ya muchos años, está —sin duda— el tema de la desconfianza en las instituciones. Nadie, en su sano juicio, puede considerar como algo “normal” el nacimiento de grupos armados dentro de la propia sociedad, paralelos a los que las instituciones, por mandato de los ciudadanos, están facultadas a formar y administrar como una herramienta para garantizar el respeto y cumplimiento a los ordenamientos legales que, como ya vimos, deben estar encaminados a garantizar una sana convivencia entre los miembros de dicha sociedad.

Producto del deterioro institucional que ha vivido el país en las últimas décadas es el de los grupos paramilitares y no al revés. Lo que estos últimos denotan es la debilidad del Estado. Y mucho de lo que hoy vemos lleva años de gestación debido, en gran medida, a la indolencia de los gobiernos que no han querido escuchar las demandas de la sociedad en materia de seguridad pública.

Y no es difícil concluir que la falta de actuación de los órganos del Estado, encargados de brindar y garantizar la seguridad de los ciudadanos en su persona y en sus bienes, han llevado en las últimas décadas a generar un clima de impunidad que ha hecho posible el fortalecimiento de verdaderas mafias de la delincuencia que hoy mantienen asolada a la población en muchas regiones del país. Michoacán es hoy uno de los ejemplos más visibles de esa descomposición institucional que padecemos los mexicanos.

Pero hay muchos más. Y casos que todos los días viven ciudadanos de bien cuyo único mérito es ser honestos y cumplir con sus obligaciones para con la misma sociedad a través del respeto y cumplimento de las leyes. Pero a fin de cuentas, ciudadanos cansados de que no se aplique la ley cuando acuden a las instancias en la materia a exigir que se haga justicia. Y peor aún, cuando perciben que la autoridad está coludida con los delincuentes. Me llegó hace unas semanas un caso del cual tiene conocimiento la Procuraduría de Justicia del DF sobre un intento de extorsión contra una profesionista que desde octubre del año pasado fue víctima de una pareja de presuntos delincuentes, los cuales responden a los nombres de Natalia Alejandra Moguel y Moguel y Ricardo Palacio Guerrero. En lugar de aplicar la justicia a favor de la víctima, quien ha tenido que “cumplir” con toda la “peregrinación” que implica hacer una denuncia ante alguna autoridad judicial, funcionarios de la dependencia se han “encargado” de proteger en todo momento a los indiciados a pesar de contar con todas las pruebas aportadas por la denunciante que, por sí mismas, serían suficientes para “hundir” en la cárcel a los señalados en la denuncia.

Pero no; ha sucedido todo lo contrario. La víctima se siente defraudada por las autoridades que supuestamente están para defendernos a los ciudadanos de quienes transgreden las leyes. En lugar de aprehender a los presuntos autores del intento de extorsión los tienen libres y a la víctima la “acosan” con todo tipo de “diligencias” y “presiones” para que se desista de insistir en la culpabilidad de los acusados. Si la autoridad y el procurador Rodolfo Ríos Garza están interesados en que se haga justicia pueden revisar el expediente de la Averiguación Previa marcada como FCH/CUH-7/T2/03563/13-10R1 levantada por el delito de Tentativa de Extorsión Relacionada y cuyas irregularidades han motivado la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a petición de la denunciante.

Sólo un botón de muestra de que la procuración de justicia está muy lejos de lo que los ciudadanos necesitamos para resolver el problema de la desconfianza en las instituciones que se ha ido acentuando conforme avanza el tiempo y ante la poca efectividad de las medidas adoptadas en las últimas administraciones, tanto locales como federales.

Por más medidas que adopte la autoridad, si no hay una verdadera reforma en los sistemas de procuración e impartición de justicia así como estructuras ágiles y sólidas en la aplicación de la ley, difícilmente veremos el regreso del Estado de derecho que hace posible el avance de una sociedad hacia mejores niveles de seguridad y respeto al marco legal.

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