¿Qué se pudrió en Michoacán?

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Martín Espinosa 21/01/2014 01:00
¿Qué se pudrió en Michoacán?

Es indudable que en Michoacán se “descompusieron” muchas cosas, pero principalmente se echaron a perder las instituciones que los propios ciudadanos “se dieron” para garantizar, entre otros derechos, el de la educación, la seguridad y la sana convivencia entre sus habitantes, así como el de un trabajo digno, productivo y garantías al patrimonio de los michoacanos.

Quisiera detenerme en el tema de las instituciones. Cuando observamos los acontecimientos ocurridos en las últimas semanas, uno se pregunta: ¿cómo es posible que ante el surgimiento de grupos delictivos que desde hace más de 20 años comenzaron a asolar a la comunidad de la llamada Tierra Caliente no hubo una autoridad que les pusiera freno y los “metiera” al orden? ¿Cómo puede ser posible que en “plena cara” de la autoridad los criminales les quitaran hijos, mujeres, tierras y propiedades a los habitantes que se ganaban el sustento diario con su trabajo y esfuerzo?

Ese es el drama que vive parte del estado: que a plena “luz del día” y con la complacencia de la autoridad las bandas delincuenciales “sentaron” sus reales en las comunidades que hoy se “levantan” para formar los llamados grupos de autodefensa con o sin el apoyo de otros “grupos”, también transgresores de la ley.

Ese es el problema de lo que observamos no sólo en Michoacán, sino en otras partes no menos “problemáticas” del país: el abandono de los gobiernos a las instituciones que fueron creadas para una convivencia pacífica de los ciudadanos dentro del marco jurídico y legal propician más ilegalidad que la que de suyo tiene la mala actuación de quienes fueron elegidos “democráticamente” en las urnas y que en el ejercicio de gobierno no honraron en los hechos la confianza que los propios ciudadanos depositaron en ellos.

Cuidado, porque el mismo fenómeno se registra en otras comunidades, donde lo “ilegal” parece ser la moda y la autoridad abandona su combate para “centrarse” en seguir castigando a quienes sí están del lado de la ley y se convierten en ciudadanos “cautivos” de los sistemas de gobierno. Lamentablemente, cada día que pasa son más quienes se pasan al lado de la ilegalidad porque del lado de las instituciones no son escuchados ni satisfechas sus demandas por quienes están obligados a hacer respetar la ley.

Sólo hay que mirar lo que sucede en la capital del país, donde los grupos políticos “arropan” a quienes violan a diario las leyes y dejan a su suerte a todos aquellos que desempeñan sus actividades dentro de la ley. Por eso tantas manifestaciones de “ilegalidad” bajo el disfraz de “democracia” o de que “hay que ser tolerantes”.

¿Dónde estaban el gobierno de Michoacán y el federal cuando el narcotráfico y el crimen organizado se “apoderaron” de los espacios que eran de la sociedad? ¿Por qué ninguna autoridad impidió que esos delincuentes tomaran las propiedades que eran de quienes sí respetaban la ley y pagaban sus impuestos, esperando garantías de seguridad y justicia por parte de su gobierno?

¿Por qué tuvieron que pasar tantos años para que el nuevo gobierno federal decidiera tomar “el control” de un estado que se perdió entre pugnas políticas y en el abandono de sus gobernantes a las instituciones que les “encomendaron” los ciudadanos?

Quizá las respuestas no las conozcamos nunca, pero lo que los ciudadanos sí sabemos es que la corrupción y la complacencia de quienes debieron hacer que se aplicara la ley tiene hoy a esa entidad sumida en la peor crisis de su historia. Y lo peor es que no hay castigo para nadie. No se trata de perseguir “brujas”. De lo que se trata es de aplicar la ley contra aquellos que juraron hacerla cumplir y no honraron su palabra. Si no existen consecuencias legales de ello, de un trabajo mal desempeñado y, en muchos casos, de violaciones a la ley, de nada servirán acuerdos o “pactos” para pacificar Michoacán. Porque la impunidad genera más impunidad. Y tampoco de nada servirán “imposiciones” que lo único que fomentan es mayor ilegalidad de la que de por sí han generado décadas de incumplimiento de la ley.

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