¿Traer al Ejército?

Las Fuerzas Armadas son muy útiles al aplicar el DN-III-E, pero enfrentan problemas cuando se les pide hacer funciones de policía preventiva.

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Manuel Gómez Granados 07/06/2014 03:09
¿Traer al Ejército?

En el mundo del teatro, se utiliza el recurso Deus ex machina, es decir, hacer que Dios aparezca en escena y así resolver los problemas que plantea la trama. De manera semejante, en la política en México, desde hace ya muchos años, también es común una expresión para resolver todos los problemas de procuración y administración de justicia: “Traigan al Ejército”. En fechas recientes, dado el protagonismo de la Secretaría de Marina-Armada de México, ahora la fórmula es “traigan a la Marina”.

Las Fuerzas Armadas han probado ser muy eficaces cuando se trata de situaciones de urgencia por un desastre natural, de hecho, han perfeccionado ese tipo de intervenciones. Saben hacerlo y esa es una de las razones por las que el Ejército y la Marina aparecen siempre en los primeros lugares de las valoraciones sobre confianza en las instituciones. Sin embargo, cuando se trata de resolver problemas de seguridad pública y de procuración y administración de justicia, las cosas no son tan claras. Tan es así que se debieron reformar muchas leyes para que los militares ya no sean juzgados por tribunales militares cuando sus acciones afectan a civiles. Fue una medida dolorosa, que los mandos militares resistieron tanto como pudieron, pero que era resultado de una realidad objetiva.

Las Fuerzas Armadas son muy útiles al aplicar el DN-III-E, pero enfrentan problemas cuando se les pide hacer funciones de policía preventiva. Ejemplos abundan en la memoria reciente, como en Michoacán, donde muy pronto se escucharon voces que hablaban de violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos del Ejército.

El problema de recurrir a la Marina no es que sus efectivos sean sanguinarios o ineptos, como algunos insinúan, sino que no es una institución diseñada para ese tipo de intervenciones, pues incluso si un marino pudiera arrestar a un delincuente en flagrancia, tendría que entregarlo a alguna autoridad civil para procesarlo. Y, dadas las características de nuestro sistema de justicia, el proceso tendría que realizarse ante un tribunal y con ministerios públicos del fuero común.

La alternativa de que la Procuraduría General de la República atrajera todos los casos en los estados durante una intervención federal es absurda. Ni la PGR tiene el personal suficiente para hacerlo ni podría pedirle a los jueces federales que resolvieran todos los casos del fuero común.

Quizá sea tiempo de que nuestros políticos abandonen ya el “traer al Ejército”, que no resuelve el problema de fondo; más bien afecta el prestigio de las Fuerzas Armadas. Más que “traer al Ejército”, los gobernadores deberían  llevar a sus policías y procuradurías a personal honrado, capacitado, bien pagado, que pueda cumplir con su trabajo y dotar a las instituciones con los recursos necesarios para hacerlo. Hay estados, como Chiapas, donde es frecuente ver a los policías “botear” para comprar gasolina o refacciones para las patrullas.

Los estados que todavía no padecen crisis de seguridad deberían prevenir; los que ya las viven deberían apresurar sus reformas y crear sus propios sistemas de seguridad pública y de administración de justicia que resuelvan los casos del fuero común. Ni siquiera países centralistas, como Francia, transfieren toda la responsabilidad a las autoridades nacionales. En ámbitos de seguridad pública, urge que cada quien haga lo que le corresponde y no se lave las manos pidiendo a otros que le hagan su trabajo,  ¿es mucho pedir?

                *Analista

                manuelggranados@gmail.com

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