Con los monopolios, ¿el parto de los montes?

Hay quienes auguran una serie de amargas batallas en el IFT, como en la SCJN, pues hay contradicciones entre lo que se pactó en la reforma constitucional y lo que viene en la ley secundaria.

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Manuel Gómez Granados 29/03/2014 03:01
Con los monopolios, ¿el parto de los montes?

Decir que la propuesta de ley secundaria de telecomunicaciones decepcionó no logra describir lo que ocurrió en México, el 24 de este mes, cuando se dieron a conocer, en las redes sociales, algunos detalles del proyecto.

Lo más sereno que se ha dicho del proyecto de ley es que es autoritario y regresivo. Hay quienes, ya desde ahora, auguran una serie de amargas batallas tanto en el todavía flamante Instituto Federal de las Telecomunicaciones (IFT), como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues hay contradicciones flagrantes entre lo que se pactó en la reforma constitucional y lo que viene en la ley secundaria. Una pena, pues, que se traicione tan rápidamente la esperanza de muchos en mejorar las cosas en materia de telecomunicaciones.

Pero el problema no acaba ahí. La ley secundaria en materia de telecomunicaciones tiene implicaciones que van más allá de su esfera más inmediata.

Es una reforma que desde el primer momento de la gestión del presidente Enrique Peña ha sido emblemática del tipo de problemas que enfrenta el país en telecomunicaciones y en prácticamente cualquier rama de la actividad económica, pues en todas existen, en mayor o menor medida, concentraciones muy altas de
la propiedad.

Es difícil creer que lo que está en el proyecto de ley de telecomunicaciones será aprobado tal cual, dada la configuración actual del Congreso. Esto es algo que los propios comisionados del IFT han señalado al conocer detalles de la propuesta presidencial.

Sin embargo, la propuesta del gobierno federal deja ver qué tan comprometida es su posición de cara a los monopolios, no sólo en el ámbito de las telecomunicaciones. Deja ver también, el desdén ante las nuevas empresas privadas de comunicación, que son las que podrían innovar los modelos cansinos y cursis con que operan las grandes empresas de comunicación. Y peor, refleja el desdén por los medios públicos, los medios universitarios y los comunitarios.

Habla también de profundas contradicciones entre las metas que se ha trazado el gobierno federal: ¿cómo se espera detonar el crecimiento si se insiste en un modelo de desarrollo económico que privilegie la relación política con los dueños de las grandes empresas del país? Esto es muy claro, pues la iniciativa, lejos de reconocer la autonomía del nuevo IFT, insiste en volver a concentrar demasiado poder en la Secretaría de Gobernación, algo que le costó mucho al Estado mexicano y a los medios que llegó a poseer. Los hizo irrelevantes pues, lejos de defender intereses nacionales, se convirtieron —como ocurría con el Instituto Mexicano de la Televisión, allá en la década de los ochenta del siglo pasado— en una bocina a las órdenes del Presidente en turno.

Si lo que se desea es que los medios de comunicación cumplan con los objetivos que les son propios es crucial, por una parte, permitir que los medios privados compitan según las reglas de mercado y que sean la creatividad y la innovación las que dicten la suerte de esas empresas, sin interferencia del gobierno en turno que, por definición, estará orientada por motivaciones políticas de corto plazo.

De igual modo, se requiere reconocer la importancia y la autonomía de los medios públicos. Tratarlos como apéndice del gobierno en turno los entumece, los hace irrelevantes y los condena a ser una carga que llevará a que muy pronto se les critique y se empiece a hablar de desaparecerlos para adelgazar al Estado.

                *Analista

                manuelggranados@gmail.com

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