¿Deben los gobiernos pagar impuestos como los privados?

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Leo Zuckermann 09/07/2014 01:57
¿Deben los gobiernos pagar impuestos como los privados?

La pregunta parece ociosa porque la respuesta debería ser un sí contundente. El problema es que éste no es el caso en México. En lugar de pagarle al Servicio de Administración Tributaria el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que le retuvieron a sus trabajadores, muchos gobiernos estatales y municipales se lo quedan y gastan. Si un particular hace lo mismo, no sólo está sujeto a multas, recargos y actualizaciones, sino que sus representantes legales pueden ir a la cárcel por fraude. Y es que el ISR retenido por el patrón en realidad le pertenece al trabajador. Si el retenedor no lo entera al fisco, se lo estaría robando. Ahora bien, si este robo lo realizan entidades gubernamentales, no les pasa nada porque luego el Congreso se los condonan a sus compadres, los gobernadores y alcaldes.

Efectivamente: en diciembre de 2012, el Congreso aprobó el llamado programa Borrón y Cuenta Nueva. Los legisladores le perdonaron a los gobiernos de los estados y municipios hasta 100% de los adeudos del ejercicio 2012 y anteriores que tenían por pagos de ISR, más una condonación equivalente a 60% para 2013 y a 30% para 2014. Por donde se vea, se trata de un abuso. Como he dicho en múltiples ocasiones, en esto de pagar impuestos, no se puede tratar de manera diferente a ciertos contribuyentes porque “son gobierno”. O todos coludos, o todos rabones.

Es por eso que, en febrero de 2013, 20 contribuyentes (María Elena Morera, Gerardo Esquivel, Ana Laura Magaloni, Roberto Newell, Héctor Aguilar Camín, Mauricio Merino, Carlos Elizondo, María Amparo Casar, Federico Reyes Heroles, Jesús Silva-Herzog Flores, Luis de a Calle, Fausto Hernández, Denise Dresser, Juan Pardinas, Alejandra Palacios, Luis Pérez de Acha, Ricardo Corona, José Roldán, Jorge Castañeda y el autor de estas líneas) demandamos un amparo para impugnar la Ley de Ingresos de la Federación 2013 que le canceló a los estados y municipios los adeudos fiscales por concepto de ISR. Creemos que la condonación de impuestos es inconstitucional porque la Constitución establece que el gasto público debe ejercerse con “eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”. El perdón fiscal a los gobiernos locales viola estos principios pues no se conoce ni el monto ni a quienes se les dio este regalo, no se sabe el destino de esos recursos, ni se da a conocer el impacto negativo para las finanzas públicas.

Hoy miércoles se discutirá este amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esperamos que el máximo tribunal declare inconstitucionalidad la condonación del adeudo fiscal otorgado por el Congreso a los gobiernos locales por tres razones principales. (1) No hay explicación que justifique el perdón en el pago de ISR, incluso el de años atrás, que debieron pagar a la Federación. (2) Nadie los fiscalizó para saber en qué se lo gastaron. (3) No dan a conocer el monto del adeudo condonado ni a quienes se les perdonó.

No es justo ni legal que en México haya dos tipos de contribuyentes: los gobiernos locales a los que se les perdonan adeudos de impuestos, que en realidad le pertenecen a sus trabajadores, y los ciudadanos comunes y corrientes que pueden aparecer en “listas negras” por incumplidos o incluso terminar en la cárcel. El asunto resulta aún más escandaloso después de la mal llamada “Reforma Fiscal” de 2013 que le incrementó de manera considerable los impuestos a los privados.

Esperamos que la SCJN vote a favor del amparo. Sentaría un sano precedente para que los contribuyentes podamos cuestionar la forma en que los gobiernos ejercen y administran el gasto público y cualquier caso de despilfarro, falta de transparencia y corrupción. De lo contrario, de votar la SCJN en contra, el Poder Judicial legitimaría y legalizaría el que los gobiernos se queden con los impuestos de sus trabajadores y de esta manera ejerzan el gasto público de manera dispendiosa, opaca y corrupta. Como dice nuestro abogado, Luis Pérez de Acha, quien está litigando este caso pro-bono, “en términos prácticos, la SCJN tendrá que definir si protege los derechos de los contribuyentes en casos de mal uso del dinero público, o si tutela la impunidad con que en esta materia operan los gobiernos federal, estatales y municipales”.

La decisión final de este amparo, al que se han sumado más de 40 mil contribuyentes mediante la red Change.org, está en manos de los ministros de la SCJN. Ojalá se atrevan a corregir este abuso que es una vergüenza nacional.

                Twitter: @leozuckermann

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