5 años, 49 niños muertos, 0 detenidos

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Leo Zuckermann 21/05/2014 02:54
5 años, 49 niños muertos,  0 detenidos

En unos cuantos días, el 5 de junio, se cumplirá un lustro de una tragedia que, por fuerza del tiempo, se ha venido olvidando: el incendio en la Guardería ABC, en Hermosillo. Después del suceso, en una manifestación en Hermosillo, apareció una manta que decía: “Marcador Niños: 46, Culpables Detenidos: 0, Total Impunidad”. Conforme pasaron los días, el marcador creció a 49 niños fallecidos, entre 11 meses y cinco años de edad. Más 76 heridos. Lo que nunca cambió fue el cero en impunidad. De un total de 19 funcionarios que en algún momento fueron mencionados como posibles responsables de los hechos, no hay uno solo en proceso judicial o en la cárcel. Ni uno solo. Todos exonerados. Todos tranquilos.

Niños quemados y asfixiados por culpa de la corrupción, negligencia gubernamental y avaricia económica: “Minutos antes de que el fuego irrumpiera en la Guardería ABC, María Guadalupe Torres había dado de merendar a los más de 170 menores que dormían a la espera de que sus padres llegaran por ellos. Eran las tres de la tarde y daba la última trapeada a la cocina de la estancia infantil, cuando escuchó un estallido. Dudó. Incrédula, se asomó por la puerta y constató que, en cuestión de segundos, el interior de la guardería era ya un hervidero”.

¿Quién tuvo la culpa?

El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El ministro Arturo Zaldívar, encargado de la investigación que hizo el máximo órgano judicial por posibles violaciones graves de los derechos humanos, realizó un proyecto impecable responsabilizando del incendio de la Guardaría ABC a Daniel Karam, entonces director del IMSS; a su antecesor, que se había convertido en secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar; al exgobernador de Sonora, Eduardo Bours; al expresidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara; al exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Sergio Antonio Salazar; a la excoordinadora de Guarderías, Carla Rochín; y a otros funcionarios federales, estatales y municipales de menor jerarquía.

Por primera vez en la historia, Zaldívar propuso responsabilizar de violaciones graves a los derechos humanos a un secretario de Estado y funcionarios de primer nivel. A Juan Molinar le atribuyó “el desorden generalizado en el otorgamiento, operación y supervisión del servicio de guarderías, operado bajo el sistema de subrogación, que propiciaron las condiciones para la tragedia ocurrida en la Guardería ABC”. A Karam, “de la gestión de los eventos posteriores al incendio y de la atención médica” que se brindó a las víctimas. A Bours, por “las omisiones que provocaron la grave falla del Sistema Estatal de Protección Civil, el cual fue inefectivo para detectar la acumulación de riesgos que rodeaban a la Guardería ABC y la bomba de tiempo que representaba la bodega adyacente”.

No obstante, el proyecto de Zaldívar fue rechazado por el Pleno de la SCJN. Una lamentable votación producto de la presión política que recibió la Corte de muchos frentes: del Poder Ejecutivo, encabezado por Felipe Calderón; de la comunidad médica del sector público, que se movilizó en contra de un dictamen que afectaba su imagen e intereses; de abogados conservadores, acostumbrados a una Suprema Corte más legalista que interpretativa; del propio Poder Judicial, que le disgustaba la idea de abrir la puerta a una interpretación amplia de la responsabilidad de los funcionarios públicos. Con su decisión, la SCJN envió el ominoso mensaje de que en México no hay consecuencias cuando mueren 49 niños, que la palabra responsabilidad no existe en el diccionario gubernamental, que la justicia es algo etéreo.

Después de la tragedia, otra manta en una manifestación en Hermosillo decía: “Exigimos justicia. ¡Cárcel al cooler y a los cooleros!”. Al día de hoy, no hay ningún coolero en la cárcel. Ni uno. Como si nada hubiera pasado.

Dos pancartas más de marchas que ocurrieron después de la tragedia en Hermosillo: “Sólo pedimos a Dios que lo injusto no nos sea indiferente. Castigo a los irresponsables”. “Que quede bien claro. Los funcionarios federales, estatales y municipales que solaparon las irregularidades en la Guardería ABC no son hijos míos. Atentamente, La Chingada. Cárcel a los asesinos”. Puras palabras. Expresiones de enojo ciudadano que se fueron apagando con el tiempo.

Un sonorense publicó en un blog de internet: “Queridos paisanos, es hora de poner en su lugar a esta bola de cabrones”. Cinco año después, los cabrones siguen sueltos, tranquilos, como si nada hubiera pasado.

                Twitter: @leozuckermann

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