El costo de haberse aliado con Elba Esther Gordillo

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Leo Zuckermann 07/04/2014 01:59
El costo de haberse aliado con Elba Esther Gordillo

Toda alianza política cuesta. En este caso nos sigue costando muchísimo a los contribuyentes. Me refiero a la asociación que mantuvieron los gobiernos, primero los priistas y luego los panistas, con Elba Esther Gordillo y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). No sólo el estilo de vida opulento de la otrora líder magisterial. Eso es pecata minuta frente a los recursos para pagar sueldos a miles de personas que en realidad son aviadores, que están comisionados al sindicato o que ya fallecieron pero siguen cobrando. Miles de millones de pesos cada año. Hoy en día lo sabemos gracias al Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) realizado por el INEGI por instrucciones del gobierno de Peña.

Ahí comenzamos a divisar el costo de haber politizado la educación en México. “Yo gobierno tolero los abusos en la nómina a cambio de que tú sindicato apoyes a mi partido en la siguiente elección”. “Yo sindicato mantengo la paz laboral si tú gobierno nos das dinero para repartir a nuestros cuates”. Clientelismo duro y puro con cargo a los bolsillos de los contribuyentes. Lo inventaron los gobiernos priistas; los panistas se los copiaron. Es lógico porque es un “buen negocio”: los gobiernos recibían el beneficio de la alianza política con el SNTE de Gordillo y le trasladaban el costo a los contribuyentes.

Nadie superó a Gordillo en este sistema político clientelar. Fue tanto su éxito, que la maestra perdió la cabeza. El nuevo gobierno de Peña ya no soportó la hubris de una mujer que se sintió diosa con actitudes de desmesura, orgullo, soberbia y arrogancia. Hoy duerme en la cárcel acusada de lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal. Nótese que no está siendo procesada por corrupción. Quizá porque no tienen pruebas o porque eso implicaría a funcionarios y políticos que la enriquecieron a ella y al sindicato.

De acuerdo al CEMABE, en México hay 298 mil personas que no laboran en los centros de trabajo educativos “pero sí cobran ahí”: 39 mil aviadores, 31 mil comisionados a otras labores o con licencia sindical, 113 mil que supuestamente están trabajando en otro centro y 115 mil que “renunciaron, están jubilados, pensionados o fallecieron y siguen cobrando como personal en activo”. Un ejército de personas que cobran pero que no trabajan en las escuelas: casi el doble de todos los empleados de Pemex.

Claudio X. González Guajardo, presidente de Mexicanos Primero, la asociación civil que presionó para que se hiciera el censo y a quien hay que felicitar por lograrlo, hizo una “estimación conservadora” del costo de este clientelismo promovido y tolerado por los gobiernos anteriores: “diez mil pesos de sueldo mensual por 12 meses por 298,174 personas es igual a 35 mil 780 millones de pesos al año”. González utiliza palabras fuertes para describir esta realidad: “El robo del siglo”; “una vergüenza nacional”; “¡qué descaro, qué desorden, qué corrupción!”; “¡qué ilegalidad!”; un “atraco en contra de la educación pública y del futuro del país”. Tiene toda la razón.

Es el costo de haberse aliado con Elba Esther y su sindicato. Y luego está el costo de las plazas que controla la otra parte del magisterio: la agrupada en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Ahí seguro existen otras miles de personas más “que no laboran en el centro de trabajo pero sí cobran”. Los gobiernos (federal y estatales) toleran estos abusos porque le tienen un miedo a los sindicalistas más radicales, con gran capacidad de movilización y que han demostrado que pueden paralizar total o parcialmente ciudades como Oaxaca y el DF. Ahí, en territorio de la CNTE, el INEGI no pudo entrar a censar en muchas escuelas. Los sindicalistas se los impidieron. Las autoridades se hicieron de la vista gorda. El censo no se levantó en 9.2% del total de centros de trabajo educativos del país: “Los estados que incidieron en mayor medida fueron Chiapas (41%), Oaxaca (27.4%) y Michoacán (27.3%)”.

Gracias a la presión de grupos sociales y la voluntad del gobierno de Peña, hoy sabemos más de cuánto nos costó (y sigue costando) la alianza política clientelista que realizaron los gobiernos anteriores con Gordillo y su sindicato. Lo que sigue es rectificar esta situación. Corregir la nómina educativa sería un buen paso para comenzar a desvincular la política con la educación pública en México: un proceso le ha hecho mucho daño al país y que nos ha costado a los contribuyentes.

                Twitter: @leozuckermann

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