Buenas intenciones

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José Luis Vargas Valdez 07/02/2014 04:33
Buenas intenciones

Es loable el esfuerzo del gobierno federal por plantear una solución para eliminar o por lo menos mitigar el delito del secuestro en México. Ningún mandatario quiere gobernar a una sociedad plagada de miedo y hastío, que se siente permanente amenazada en su esfera más intima de derechos, que son los de la propia vida, la integridad y libertad de la persona. Sin embargo, dudo mucho que la estrategia planteada por el Ejecutivo federal sea la solución correcta al problema.

La creación de la Comisión Nacional Antisecuestro tiene como principal propósito articular una serie de acciones desde la Segob, con la intención de combatir el secuestro. Se trata de una instancia política —no policial ni de procuración de justicia— que busca desarrollar políticas públicas y concatenar esfuerzos aislados para darle un orden, unidad y celeridad al combate al secuestro.

Nuestro marco constitucional y legal en materia de la atención a delitos de alto impacto se ha diseñado desde la lógica de la atomización. Así, el delito del secuestro se considera como un delito de fuero común, por lo que corresponde a cada entidad federativa su persecución y juzgamiento. Esta característica del tratamiento de los delitos  constituye la principal causa por la que no se ha podido avanzar en el tema, pues cada caso recibe un tratamiento diferenciado. En otras palabras, la efectividad de la persecución de los delitos de fuero común va en proporción al grado de ineficiencia, corrupción y rezagos de cada una de las procuradurías y poderes judiciales de las entidades del país.

Con este federalismo malentendido que divide los ámbitos de competencia entre la justicia local y federal, lo único que se ha conseguido es garantizarle a los criminales espacios muy seguros para delinquir en la total impunidad.

Tal es un caso que indigna a cualquiera de una víctima que al día siguiente del pomposo anuncio de creación de la Comisión reveló a los medios de comunicación cómo fue secuestrada en el Valle de Chalco. Explicó con todo detalle: cómo logró escapar de sus secuestradores que lo tenían amagado en una cajuela; cómo llamó a la fuerza pública y logró capturar a los delincuentes; cómo denunció formalmente y presentó videos en los que es nítida la escena del crimen; cómo el Ministerio Público del DF consignó a los presuntos responsables; cómo le dijeron que se podía ir tranquilo porque el asunto ya estaba en manos de la justicia, y, finalmente, cómo dos semanas después el juez Eduardo Mata Carrillo (11 de lo penal) le notificó la liberación de sus captores por falta de pruebas.

Por casos como éste es que también es cuestionable cuando los miembros del grupo de elite que se dicen representar a las víctimas del secuestro, se prestan al mitote de la foto y afirman con contundencia que ahora sí se van a ver resultados para resolver este problema.

No es nuevo el esquema de protección que existe entre quienes componen la clases judiciales a nivel local y las resistencias para corregir y depurar el sistema. A todo aquel que se le ocurra evidenciar irregularidades en el ámbito judicial, las cofradías de jueces reaccionan cobijando a sus miembros corruptos e ineficientes y  alegando ataques contra su independencia para decidir libremente (basta ver la historia completa de quienes osaron filmar la película Presunto culpable).

Ya lo dijo el constitucionalista español Francisco Rubio Llorente, el juez es —y debe ser— independiente porque la independencia es la única manera de asegurar que está exclusivamente sometido al imperio de la ley. El ser independiente no es para otra cosas sino para poder plegarse estrictamente a lo que mandatan la ley y el legislador.

Mientras no se trabaje desde los tres Poderes públicos en una verdadera transformación y depuración a los sistemas de administración y procuración de justicia locales; mientras no haya una homologación nacional de calidades profesionales y éticas de fiscales y jueces que brinden certeza y confianza; mientras no haya consecuencias graves para operadores de la justicia corruptos, y mientras no se trabaje en fórmulas legales que acaben con los espacios de impunidad procesal de las que gozan permanentemente los delincuentes, difícilmente se podrá dar soluciones reales para combatir eficazmente el delito del secuestro. En todo caso seguirán siendo acciones loables y legítimas, pero que se traducen en puras buenas intenciones.

                *Abogado y extitular de la FEPADE

                jlvar.excelsior@gmail.com

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