Las leyes de la felicidad

Con un nuevo código procesal cuando mucho podría ser mejor el proceso, pero no la vida misma. Con un nuevo código de procedimientos no se logra más seguridad ni más justicia ni más felicidad.

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José Elías Romero Apis 07/02/2014 04:31
Las leyes de la felicidad

La expedición de un nuevo código procesal, hoy llamado Código Nacional de Procedimientos Penales, lleva a la opinión pública a muchas ilusiones que deben prevenirnos. Porque debemos tener en claro que un código procesal es un simple instrumento técnico para la incoación, la conducción y la resolución de un proceso.

En otras palabras, es una herramienta de los abogados que participan en la contienda judicial. Un artefacto de los jueces, los fiscales y los defensores. Pero tan sólo un utensilio como lo son el bisturí o el quirófano para los médicos. Si el código fuera bueno, sería mejor la vida de los abogados pero no la de los acusados ni la de las víctimas. No es un código sustantivo que confiera derechos o imponga obligaciones, sino tan sólo es un conjunto de normas instrumentales. Pero, incluso, el nuevo código puede ni siquiera ser tan bueno como se ha presumido.

Ante todo, aclaro que no he sido un partidario defensor de la reforma constitucional penal ni de su regulación secundaria, concretada en el código mencionado. Aún más, he sido un adversario, no obsesivo, pero que he tomado las oportunidades para expresar mis disensos con ella, que son muchos, así como para pronunciar mis consensos, que son muy pocos.

Desde luego que creo en las leyes y en la modernización de ellas para su mejoría y su perfeccionamiento. Aun más, durante casi toda mi vida profesional he elaborado leyes. Algunas ocasiones como legislador y otras como autor material de ellas, bien sea al servicio del gobierno o desde el bufete jurídico. El más reciente de mis diseños fue una innovación que se convirtió en ley hace apenas unos cuantos días.

 Me parece muy sensato que las reformas procesales que se han estado gestando busquen un mayor equilibrio entre el imperativo constitucional, la verdad científica y la exigencia procesal. Me seduce que se aspire a un mejor tratamiento en los principios procesales, en las etapas procedimentales, tanto en la investigación como en el enjuiciamiento, en la mejor ubicación de la actuación judicial y, además, en los recursos de alzada.

Estamos, los mexicanos, frente a una reforma constitucional del proceso penal. Para efecto de su calificación no es importante si esa reforma es buena, mala o regular. Si es provechosa, perniciosa o irrelevante. Lo que importa es que ya está hecha, que es compleja y que no es simple, sino enredada y no escueta. Los jóvenes estudiantes y los viejos estudiosos podrían desconcertarse en muchos aspectos.

Los maestros universitarios la estamos aprendiendo al mismo tiempo que nuestros alumnos. Los abogados litigantes, simultáneamente que sus jueces. Los defensores, a la par que los fiscales. Las reformas jurídicas integrales instalan un “borrón y cuenta nueva” que deja a todos como expropietarios de una memoria y de una experiencia, repentinamente perdidas. Yo mismo estoy estudiando mi carrera por quinta vez en la vida, debido a las reformas instaladas desde que me titulé como abogado. Las leyes con las que estudié en la universidad, hoy ya no existen. Ese es uno de los precios del progreso y de la mejoría. Por eso, la importancia de que el beneficio tenga correspondencia con el costo.

Si esta reforma me la explicaran mis muy queridos y hoy ya casi todos ausentes maestros de Garantías o de Derecho constitucional, todo sería más o menos sencillo. Pero si la misma me la explicaran mis maestros de Teoría del proceso, ya no sería tan sencillo. No se diga cuando se me ocurriera ir al aula de Derecho procesal penal. Porque existen muchos aspectos donde entran en colisión las normas constitucionales, los principios de la ciencia procesal y las reglas que rigen al proceso penal.

Decía Richard Morris, respetado profesor de la Universidad de Columbia, que “la Constitución no dice lo que dice, sino que la Constitución dice lo que la Suprema Corte dice que dice”.

Ahora nos estamos embarcando en un episodio que puede ser peligroso. Tengamos cuidado con ello. El cambio actual no es simplificador. Es muy difícil de entender, aún para los abogados experimentados. Pero no es un desentendimiento inocuo. Dentro de esa tiniebla, los fiscales, los jueces y los defensores tendremos que construir nuestras consignaciones, nuestras sentencias y nuestras defensas. Nuestros errores no los sufriremos nosotros. Los sufrirán los enjuiciados o las víctimas.

Por último, con un nuevo código procesal cuando mucho podría ser mejor el proceso, pero no la vida misma. Con un nuevo código de procedimientos no se logra más seguridad ni más justicia ni más felicidad. Los países más seguros no deben su tranquilidad a la excelencia de sus códigos procesales. A nadie le interesa ni nadie imita el código suizo ni el austriaco ni el danés. Suiza, Austria y Dinamarca son países seguros, pero no por sus códigos sino por otras aportaciones.

La vida profesional me ha enseñado muchas cosas. Una de ellas es que las leyes, por sí solas, no traen la felicidad de los pueblos.

*Abogado y político. Presidente de la Academia Nacional, A. C.

                w989298@prodigy.net.mx

                Twitter: @jeromeroapis

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