¿Reformas sin plan anticorrupción?

Al llegar al Segundo Informe de Gobierno se cierra el ciclo de reformas que prometen relanzar el crecimiento del país, estancado en su administración tanto como en las últimas tres décadas, y ahora sí llevar los beneficios a la ciudadanía.

COMPARTIR 
José Buendía Hegewisch 31/08/2014 01:31
¿Reformas sin plan anticorrupción?

Uno de los grupos religiosos católicos con más similitudes al pragmatismo de calvinistas y puritanos es el Opus Dei. Creen en alcanzar la salvación en la tierra a través del trabajo. La medida de la “santificación” es el éxito económico o de la obra emprendida, que puede exorcizar o enterrar la corrupción consubstancial a la “caída” de la naturaleza humana.  Esa es la filosofía que reciben los que estudian en sus escuelas, como Peña Nieto.

EL Presidente en su trayectoria política ha dado muestras claras de actuar con pragmatismo, o con  instinto de poder dirían otros, como cuando apoyó en su propia sucesión en Edomex a Eruviel Ávila sobre su amigo y familiar Alfredo del Mazo. En  los primeros dos años de gobierno su conducción también ha sido pragmática para construir coaliciones con los grandes partidos en el Pacto para  las reformas, o  con alianzas bilaterales según la necesidad, a veces con el PRD para impulsar la fiscal o con el PAN en la energética. Hacia adelante, su pragmatismo puede ser el mejor aliado para el desafío de la corrupción si llegara a creer que amenaza la puesta en acción de las reformas y que no puede ocultar o barrer bajo la alfombra.

Al llegar a su Segundo Informe de Gobierno se cierra el ciclo de reformas que prometen relanzar el crecimiento del país, estancado en su administración tanto como en las últimas tres décadas, y ahora sí llevar los beneficios a la ciudadanía. Peña Nieto arriesgó buena parte de su capital político al éxito de las  11 reformas constitucionales. Casi todas las encuestas hablan de una caída a niveles de popularidad del presidente Ernesto Zedillo tras la crisis de 1995 y mucho más bajos que los de Fox o Calderón en su segundo año. La última del Pew Resarch Center habla de una baja anual de seis puntos al pasar de 57% a 51% en 2014. Podría pensarse que también expuso su popularidad por los cambios, por una razón también pragmática, creer que sin ellos la oportunidad de crecer es nula.

Es cierto que las reformas no han logrado entusiasmar a la población, acostumbrada a las promesas de modernización frustradas y a ver en ellas nuevas oportunidades de enriquecimiento de unos cuantos. Pero como muestran los sondeos el factor del descontento de la ciudadanía es la mala situación económica, que el gobierno piensa que no mejorará sin las reformas. El problema es que a su implementación la acecha el talón de Aquiles de su administración y el nunca resuelto problema de la corrupción. ¿Puede ser competitivo Pemex sin atacar la corrupción de la empresa y su sindicato? ¿Es razonable pensar en atraer inversión extranjera sin cambiar los miles de actos de corrupción en los servicios y bienes del gobierno a los ciudadanos? ¿Puede haber éxito en implementar la reforma sin una política anticorrupción?

Con su reciente explicación de la corrupción como un “asunto cultural”, Peña Nieto recurrió a un lugar común que repiten muchos mexicanos, pero sobre todo reflejó que carece de una estrategia  para enfrentar políticamente el desafío. De sus primeras iniciativas, hasta ahora frustradas, es la creación de una comisión anticorrupción que, por lo demás, ningún partido ha impulsado porque todos se benefician de la corrupción.

Al situarse el tema en el “foco” de la atención nacional y en la ruta de las elecciones de 2015, ahora el PRI y el PVEM en el Senado colocaron a la corrupción en sus prioridades legislativas. Desde hace décadas ha sido “bandera política”, por ejemplo, con la renovación moral de Miguel de la Madrid o, de “purificación” de la vida pública cuando Fox y los panistas lo plantearon como la lucha entre “buenos y malos” en la alternancia en 2000.  Pero me parece que la verdadera oportunidad de entrarle al tema es el convencimiento que tenga Peña Nieto de lograr el éxito de las reformas sin cambiar de fondo la forma de ejercer el poder a través de la obligación de la autoridad de informar y justificar sus decisiones públicamente, así como garantizar el derecho ciudadano de sancionar a políticos y funcionarios que hayan violado sus deberes públicos.

El combate a la corrupción, de entrada en el ámbito político, no erradicará las miles de prácticas en las que cotidianamente se involucran los ciudadanos para obtener un bien o un servicio público. Pero si los partidos decidieran “desenmascararse” y el presidente Peña reconsiderar la idea de la corrupción  como diagnóstico aprendido o cuasi condición de la naturaleza humana, la consecuencia sería fortalecer la legalidad y el derecho ciudadano a no vivir en la impunidad.

                *Analista político

                jbuendia@gimm.com.mx

                Twiter: @jbuendiah

Comparte esta entrada

Comentarios

Lo que pasa en la red