Órganos autónomos, ¿autoridades autónomas?

Si miramos la integración de los órganos públicos electorales que sustituirán a los consejos locales en la organización de los comicios estatales, advertimos que la decisión final vendrá del acuerdo político de los partidos.

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José Buendía Hegewisch 24/08/2014 00:12
Órganos autónomos, ¿autoridades autónomas?

                A M.

 

La simulación en la integración de órganos autónomos con especialistas de  la sociedad civil sin militancias partidista, inhibe la responsabilidad y rendición de cuentas de sus actos. La libertad para actuar con ética respecto a la responsabilidad pública de las instituciones “ciudadanizadas” requiere que se transparenten los acuerdos políticos que los designan.

Esta reflexión viene a cuento por la creación de nuevos órganos constitucionales autónomos en telecomunicaciones o educación, así como el cambio de estatus de ya existentes como el IFAI o el INE.  Ello sin que haya cambiado sustancialmente la forma de integración, desde que se impulsó la “ciudadanización” de instituciones públicas como la CNDH o el IFE en los 90. En esta administración suman  ya  una decena con responsabilidades trascendentales para los derechos humanos y  ciudadanos básicos como acceso a la información o electorales, pero las fórmulas de selección son opacas y preservan la distribución encubierta de cuotas partidistas. Ello preocupa por el papel relevante que algunas tendrán al regular y evitar la corrupción en industrias como la energética. 

La introducción de variantes para evitar el reparto de cargos entre partidos, como la aplicación de exámenes de oposición, consultas ciudadanas o la participación de organizaciones no gubernamentales, está lejos de sacar la decisión de los acuerdos políticos oscuros y subrepticios a que obedecen los nombramientos. La cada vez más notoria inconsistencia entre el control de los partidos y la promulgación de nuevos órganos autónomos aconseja preguntar si está agotado el modelo que seguimos en las últimas dos décadas para conjurar la desconfianza en el manejo del Ejecutivo en el desarrollo de instituciones democráticas.

¿Cómo asegurar que la autonomía  no sea  declaración de principios en la Constitución y que se traduzca en  los actos y decisiones de los responsables?

Si miramos la integración de los órganos públicos electorales que sustituirán a los consejos locales en la organización de los comicios estatales, advertimos que la decisión final vendrá del acuerdo político de los partidos, después que se apliquen los exámenes de Ceneval y de la UNAM a los candidatos. La justificación de la creación del INE en la Reforma Política fue impedir la influencia de los gobernadores, y aún así, se han denunciado presiones para privilegiar un perfil afín a sus intereses.

Otro ejemplo del impacto de la opacidad de la designación sobre las decisiones de las autoridades “ciudadanas” es la resolución del nuevo IFAI sobre el asunto más trascendente desde que alcanzó la autonomía constitucional y la facultad de presentar recursos de inconstitucionalidad. Con cuatro votos contra tres su pleno decidió no presentar este recurso a varios artículos de la Ley de Telecomunicaciones, entre otras razones, por argumentar que se trata de otra materia, a pesar de que podría violar derechos de su competencia, como la intimidad y la protección de datos personales.

La resolución desechó la petición de las ONG de llevarlo a la Corte para que decidiese sobre el asunto, a pesar de que éstas mismas habían convalidó el perfil y elección de los nuevos comisionados. La votación sobre todo reflejó  la alineación de posiciones de los comisionados con las posturas de los partidos en el Congreso y la afinidad que se les  señala con la fuerza política que lo habría impulsado. Como puede verse, el “filtro” que ofrecieron las  ONG para evitar el reparto de cuotas transigió con  la voracidad de los partidos; y de poco valieron la hoja de vida o la responsabilidad personal respecto a la obligación pública.

Dada la  relevancia de los órganos autónomos, que los equipara con los otros tres poderes constitucionales, es imprescindible transparentar los acuerdos políticos que permiten su integración.  En Estados Unidos, por ejemplo, los llamados órganos estatales bipartidistas como al Free Trade Comission (equivalente a nuestra Cofece) o la Asociación Nacional de Legislaturas estatales, tienen por ley una distribución de espacios para cada partido. Su integración es clara y su diseño confía en los equilibrios pactados y la actuación en cuerpos colegiados de especialistas que, en efecto, no tengan militancia, aunque no se oculte su afinidad pública con las posturas del partido que los promueve.  Este esquema puede servir para quitar el freno de la simulación y ayudar a una mayor explicación y seguimiento de las decisiones de la autoridad con base a su curriculum y a los actos públicos de las autoridades “ciudadanas”.

                *Analistas político

                jbuendia@gimm.com.mx

                Twitter:@jbuendiah

 

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