Tráfico de influencias, ¿quién avienta la piedra?

Con frecuencia al conocerse escándalos sobre presuntos casos de tráfico de influencias, como el reciente de la diputada Purificación Carpinteyro, en la Reforma de Telecomunicaciones, se alzan voces para lamentar otra vez más la corrupción, uno de los mayores males de la vida pública sin duda

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José Buendía Hegewisch 29/06/2014 01:23
Tráfico de influencias, ¿quién avienta la piedra?

El tráfico de influencias es un modus operandi de la vida pública, pero también es una práctica extendida en las transacciones entre particulares con la autoridad. Aunque no se trata de un fenómeno nuevo, ni mucho menos propio de nuestra cultura política, hay deficiencias sistémicas que lo prohíjan. Podría venir desde la Colonia y haber alcanzado carta de naturalización en la moral particular, el autoritarismo. Pero, como hoy podemos observar, la cada vez menor vigencia de la meritocracia o de la utilidad de la innovación y el “emprendedurismo” como mecanismos de movilidad social, revitalizan el tráfico de influencias para hacer negocios. Junto con la impunidad.

Con frecuencia al conocerse escándalos sobre presuntos casos de tráfico de influencias, como el reciente de la diputada perredista Purificación Carpinteyro, en la Reforma de Telecomunicaciones, se alzan voces para lamentar otra vez más la corrupción, uno de los mayores males de la vida pública, sin duda. Se suelen acompañar de llamadas de alerta sobre la necesidad de que en el país se implante una ética pública que inhiba el uso de los cargos públicos para el enriquecimiento personal, el aprovechamiento de espacios legislativos para hacer negocios y los miles de pequeños actos de corrupción que cotidianamente se cometen en las oficinas públicas, como ha documentado Transparencia Mexicana. Se argumenta, entre otras razones, que con esos cánceres de la vida pública es  imposible lograr una economía moderna y resolver un “talón de Aquiles” del crecimiento que es la falta de productividad.

Tienen razón, hasta cierto punto. Pero los cuestionamientos sobre cómo atacar la corrupción atienden poco la conexión entre la persistencia de esta práctica y problemas estructurales como la cancelación de oportunidades y de vías para la movilidad social. O cómo incide en la moral personal y la ética pública el individualismo neoliberal. Sobre todo es un territorio poco explorado el problema de la confusión o  la neurosis de la separación entre la moral privada y la ética pública, que deberían  converger en una misma dirección cuando se trata del interés público y de afectar a los demás. Pero ¿cuántos legisladores, de todos los partidos, habrían actuado distinto en la situación de Carpinteyro? ¿Cuántos funcionarios públicos se atarían las manos si pueden hacer un buen negocio con la adquisición de bienes y servicios del Estado? ¿Cuántos pasan la verificación vehicular “con o sin salto” cuando tienen  opción?

Que sean pocos los que actuarían  distinto no es consuelo para nadie, muchos menos sirve para justificar la conducta de Carpinteyro. No obstante, las  explicaciones de la legisladora ante el escándalo de sus pretendidos negocios ofrecen un buen ejemplo de la mala ventura de confundir lo que está bien para todos con lo que a cada quien le conviene. Carpinteyro no ve conflicto de interés en actuar como diputada y empresaria; incluso llegó a querer justificar que planear negocios desde su posición como representante del PRD en la Reforma de Telecomunicaciones serviría, a la postre, a los objetivos de mayor competencia en un sector de alta concentración del servicio.

Otros legisladores en andanzas similares no se cobijarían en argumentos pueriles o de “doble moral”, como los señalados integrantes de las telebancadas, porque llegan al Congreso con la misión expresa de subordinar el interés común a intereses corporativos, aunque el costo sea debilitar la representación política y la confianza de la ciudadanía en los políticos.

Los escándalos mediáticos de tráfico de influencias tienen, como en este caso, la eficacia de eliminar de la negociación a un oponente pillado in fraganti, aunque a través de escuchas ilegales. Pero su conocimiento público nos desnuda un poco a todos, porque se convierten en ventana que deja ver este modus operandi de la vida pública, y lo que se trasluce es desalentador para fortalecer a la ciudadanía. Estos casos, en alguna medida, ayudan a explicar percepciones ciudadanas como la aspiración mayoritaria del respeto a la ley como un bien deseable y al mismo tiempo que sólo 37% crea que eso sucede en la práctica, como revela el Informe sobre la Calidad de la Ciudadanía en México del INE. O que en el país 70% de las personas desconfíe de los demás o que sólo 18% crea en los diputados y 49% opina que los políticos no se preocupan por la población.

Estas cifras son el verdadero costo de algo que puede parecer tan habitual como el tráfico de influencias.

                *Analista político

                jbuendia@gimm.com.mx

                Twitter:@jbuendiah

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