¿Quién se llevó la legalidad?

Los partidos piensan que en los acuerdos relevantes pueden perder votos, mientras que ganarían en cuestiones menores, como si a los ciudadanos les importara más la defensa de la fauna silvestre que el empleo o el crecimiento.

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José Buendía Hegewisch 15/06/2014 01:13
¿Quién se llevó la legalidad?

La agudización de la confrontación política toma caminos peligrosos y  costosos para el país por meter de lleno el proceso legislativo en las batallas por el poder. La aprobación de leyes trascendentales  para el desarrollo, telecomunicaciones o energética, se apalanca entre la falta de debate en el Senado para construir consensos y condicionar su aprobación a temas electorales de la Reforma Política en los estados. En contraste, se  logran acuerdos a nivel local que difícilmente cambiarán el curso de la historia como las leyes de mascotas o los que prohíben el uso de animales en los circos. De modo extraño, los partidos piensan que en los acuerdos relevantes pueden perder votos, mientras que ganarían en cuestiones menores, como si a los ciudadanos les importara más la defensa de la fauna silvestre que el empleo o el crecimiento.

La estrategia es arriesgada si se piensa en la necesidad de generar respeto a la legalidad como requisito para la convivencia, el crecimiento de la economía o la seguridad ciudadana. Llevar la legalidad al tablero de la disputa política es temerario en un país que tiene actitudes ambivalentes hacia la ley. Con frecuencia se le atribuye la capacidad de resolver todos los problemas casi de forma mágica, al tiempo que se desestima por creerse que protege intereses de grupos minoritarios. El desprecio de la legalidad que muestran los partidos en el Congreso es una invitación a los ciudadanos para dejarla de lado. 

La incapacidad para generar el mensaje de que la confrontación política está acotada en la negociación de leyes de interés general debilita la legitimidad del esfuerzo reformista. Éste es el mayor costo que pagamos como sociedad con los atorones, desacuerdos y abusos de la legalidad parlamentaria, por no hablar de la corrupción o contubernios.  Pero también la legalidad pierde valor si lo que prevalece son regulaciones fútiles y erráticas, que desembocan en amparos o en la necesidad de ser devueltas por los ejecutivos como podría suceder, por ejemplo, con las restricciones a los circos en el DF.

¿Por qué creer que elevar el tono de la crispación en la discusión de la Reforma Energética o de telecomunicaciones es buena estrategia  para ganar votos? ¿Y al mismo tiempo preferir la convergencia en temas de menor valor, aunque parezcan políticamente correctos, como acabar con los animales en los circos? La respuesta creo que no tiene que ver con las diferencias ideológicas entre partidos, que son desde luego imprescindibles en una democracia plural. Más bien se explica por aquella vieja frase que decía que el objetivo de los partidos radica “en formular políticas como un medio para detentar el poder, más que en buscar el poder para llevar a cabo una oferta política”. Buenos ejemplos de ello lo da la discusión de las reformas secundarias.

La falta a la legalidad es notoria en la reglamentación de telecomunicaciones, que debía estar lista desde diciembre pasado como mandataba la reforma constitucional, que esta semana cumplió un año. El consenso de abrir un sector de alta concentración de servicios y enfrentar a los monopolios era muy amplio. Pero se rompió con la iniciativa de ley secundaria del Ejecutivo, que la oposición calificó de anticonstitucional por rebajar las facultades del órgano regulador autónomo encargado de garantizar la competencia.

El costo de la falta de apertura de las telecomunicaciones ha sido muy alto para el país, pero ahora la demora, otra vez, posterga la promesa de que los usuarios tengan servicios más baratos y con mayor oferta, por ejemplo en televisión, con el aplazamiento de la licitación de nuevas cadenas ante la carencia de ley secundaria. Según la OCDE, esta situación significa para los consumidores un costo de 25 mil millones de dólares por servicios caros.

También en la energética, la legalidad ha sido cuestionada por el formato de las discusiones y un “ahí se quedan para hacer lo que quieran con la legalidad” que lanzó el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, al abandonar el debate. Aunque se esperaba el voto perredista en contra, su impugnación a la legalidad proyecta una sombra de duda sobre el dictamen de parte de la segunda fuerza política. La discusión de los dictámenes avanza en el Senado con escaso debate entre el PRI y el PAN, aunque el PAN ha condicionado su respaldo a que concluya la Reforma Electoral en los estados.

Jugar con la legalidad en el proceso legislativo pervierte la democracia y la pluralidad. Es el costo en el que debía detenerse la confrontación política.

                *Analista político

                jbuendia@gimm.com.mx

                Twitter:@jbuendiah

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