Autodefensas y simulación:

La estrategia del gobierno federal de pactar con las autodefensas se justificó poco después de su aparición en 2013 por la falta de alternativas para enfrentar a los cárteles locales, como conse-cuencia de la incapacidad de las autoridades federales y locales de combatirlos.

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José Buendía Hegewisch 11/05/2014 01:08
Autodefensas y simulación:

Una de las prácticas más negativas desde el poder público ocurre si adopta estrategias para representar algo, fingiendo soluciones que realmente no son lo que dicen ser, ante problemas tan graves como la ruptura de la paz y la inseguridad, por ejemplo, en Michoacán.  La simulación es recurrente entre las élites políticas del país, aunque no es exclusiva de ellas, y sobre todo es una de las acciones que más dañan la confianza y la legitimidad de las instituciones. Sus consecuencias son mortíferas para el desarrollo  si se instalan en la política gubernamental, dado que desvían la atención de las causas de los problemas y encubren el verdadero objeto de las decisiones que se requieren para procesar conflictos y recuperar el horizonte. La política de la simulación es una forma de engaño que alimenta la duda inveterada de los ciudadanos hacia las verdaderas intenciones de la  autoridad.

De nueva cuenta, la percepción respecto a la política de transformar a las autodefensas de Tierra Caliente michoacana en fuerzas o policías rurales está impregnada de la preocupación de que sea un montaje. El temor a la simulación llama al escepticismo sobre la posibilidad  real de pacificar y reconstruir el estado por esta vía; por la misma razón, se duda de que el proceso  al exgobernador interino Jesús Reyna por supuestas relaciones con Los Caballeros Templarios realmente se proponga investigar el entorno institucional de protección al crimen organizado; se descree la intención de cortar la cobertura para la operación del narco con la detención de algunos alcaldes por presuntos vínculos con los cárteles; se desconfía, en fin,  de la intención de limpiar a las autodefensas de infiltrados o de los verdaderos motivos para investigar ahora como criminal al que hasta hace unos días era vocero e interlocutor de las autodefensas con el gobierno, José Manuel Mireles.

Este fin de semana se cumplió el plazo del acuerdo entre gobierno federal y las autodefensas para su desarme e institucionalización. En un acto oficial, se tomó protesta a los primeros 240 miembros de las anteriores autodefensa que ahora se presentan uniformados como Fuerza Rural Estatal. Antes se había informado del registro de unas seis mil armas que, sin embargo, seguirán en poder de ellos. El Congreso local estuvo lejos del proceso y, a diferencia de lo que se sucede con la policía de otros estados, no se aplicaron exámenes y controles de confianza. Tampoco parecen claros los criterios para distinguir entre las “verdaderas” y “falsas” autodefensas, de las que ayer mismo se anunció la detención de 155 personas. Además, hay dudas sobre la disolución de grupos que no hayan ingresado al nuevo esquema y menos si otros se mantendrán como fuerzas irregulares activas contra el narco, incluso como paramilitares.

La estrategia del gobierno federal de pactar con las autodefensas se justificó poco después de su aparición en 2013 por la falta de alternativas para enfrentar a los cárteles locales, como consecuencia de la incapacidad de las autoridades federales y locales de combatirlo. Es difícil cuestionar el éxito de las autodefensas en este objetivo.  Por ello es  difícil esperar que simplemente acepten disolverse y abandonar la ilegalidad, menos aún si su éxito ahora los hace un actor político local.

En medio de estas interrogantes, las autoridades pueden ceder a la tentación de presentar las fotos de las autodefensas con uniformes como la demostración del éxito de su estrategia, aunque las causas de su irrupción en febrero de 2013 no hayan desaparecido. Michoacán encabeza la lista de estados con más homicidios dolosos en el país y la violencia sacude a sus comunidades. El crimen organizado tiene presencia ahí y uno de los principales líderes de Los Templarios, Servando González La Tuta, permanece libre. Por eso, otra vez, se percibe el riesgo de recurrir a la simulación para aparentar que el Estado recuperó el control de la situación, aunque las propias autodefensas adviertan que hay divisiones entre ellas y que se quedarán hasta acabar con el crimen. Incluso, en la última semana su discurso fue más allá hasta decir que ahí estarán hasta que la seguridad y la justicia regresen al estado.

La simulación es una de las prácticas que más minan el prestigio y confianza en el Estado. Hay que recordar que de su debilitamiento, por no decir ausencia, da cuenta precisamente el conflicto michoacano y la aparición de esas fuerzas.

                *Analista político

                jbuendiah@gmail.com

                Twitter: @jbuendiah

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