Escándalo político de Gutiérrez de la Torre

La visibilidad mediática y ahora las redes sociales se han convertido en una vitrina para construir y derruir prestigio público, como demuestra precisamente la mala fama del exlíder del PRI capitalino por sucesivos escándalos que se conocen desde hace años.

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José Buendía Hegewisch 06/04/2014 01:55
Escándalo político de Gutiérrez de la Torre

Los escándalos en sociedades modernas no deben verse sólo como tragedias personales derivadas de que  un individuo  transgrede  códigos morales y normas jurídicas como apunta el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el exlíder del PRI en el DF, que es señalado de usar el cargo y dinero público para armar una red de prostitución. Generalmente, como nos recuerda el  libro de John Thompson sobre el Escándalo político, se tratan de luchas sociales o de grupos políticos que se llevan al escenario mediático para ganar la batalla simbólica de la percepción y aprobación pública. La revelación de una transgresión, en efecto, siempre pretende generar una respuesta del público.

En las revelaciones sobre Gutiérrez de la Torre convergen elementos que configuran el escándalo, aunque  el eco de la transgresión sobrepasa el caso particular y acaba por nutrir la percepción sobre la corrupción y abusos de autoridades que persiste en el país. La primera condición del escándalo es que haya  la capacidad de divulgar presuntos delitos entre una amplia audiencia, en un contexto en el que la visibilidad mediática es mayor que  nunca; el segundo, que la modernidad en todas partes tiende a diluir las fronteras entre la vida privada y pública de los personajes públicos. Incluso hay tesis de la Corte que sostienen que el umbral de protección del derecho a la vida privada de los funcionarios públicos es menor que el de cualquier ciudadano por su responsabilidad política y el interés público de sus actos.

Es verdad que cotidianamente podemos observar en  los medios nuevos ejemplos de abusos de poder, tráfico de influencias o desvío de recursos públicos, los cuales generan desánimo porque se piensa que el cáncer de la corrupción no cede pese al avance de la transparencia. Pero los casos en que, además del mal uso de los recursos públicos, se involucran a políticos  en abusos sexuales y laborales, contribuyen a un mayor deterioro de la vida pública y minan la confianza en las instituciones. Esas transgresiones, además de delitos penales,  terminan por ocasionar un daño a la imagen pública del partido, de la clase política en general y de las instituciones.

En contrapartida también es cierto que cada día es más difícil mantener ocultos negocios, transgresiones y abusos de la autoridad. La visibilidad mediática y ahora las redes sociales se han convertido en una vitrina para construir y derruir prestigio público, como demuestra precisamente la mala fama del exlíder del PRI capitalino por sucesivos escándalos que se conocen desde hace años, aunque hasta ahora sin mayores consecuencias. 

El escándalo político, desde luego, no es ni nuevo ni exclusivo de México. Sin embargo, en nuestro caso el problema es que las revelaciones de este tipo —ya se originen en investigaciones periodísticas o por filtraciones del poder— difícilmente llegan al Ministerio Público y menos a una sanción del juez. Suelen quedar en el juicio mediático del transgresor, a pesar de que incluso el propio partido debería de informar sobre el manejo de los recursos públicos, contratos y perfiles, que se usaron para presuntamente armar la red de prostitución en su interior, como nuevos sujetos obligados de la transparencia de la reforma constitucional.

En esta ocasión, e incluso antes de que se presentara denuncia por el presunto ilícito en la PGJDF, el CEN del PRI aplicó un cese inmediato de Gutiérrez de la Torre a la dirigencia de su partido en la capital hasta que se haga una investigación. Además de ella, me parece que el partido, en un ejercicio de rendición de cuentas, también debería dar una explicación de las razones por las que se toleró el control corporativo del llamado Rey de la Basura  en la estructura partidista local y porque hizo caso omiso de las denuncias de abusos y hasta de agresiones físicas que, por ejemplo,  sufrió la excandidata de Nueva Izquierda al gobierno del DF, Rosario Guerra, de parte de personas de su entorno.

Por su naturaleza, el escándalo nada tiene que ver con la transparencia entendida como política pública.  Pero la revelación de casos que se vuelven emblemáticos o simbólicos de transgresiones en el manejo de cargos o recursos públicos, puede ser una oportunidad para fortalecer la transparencia como valor institucional si estos son sancionados. En cambio, si lo que prevalece es la impunidad o la simulación, el costo adicional es afectar la credibilidad y la confianza en las instituciones y políticas de transparencia, así como en general en la autoridad. Y alentar el cinismo.

                *Analista político

                jbuendiah@gmail.com

                Twitter: @jbuendiah

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