El año más violento para la prensa: 2013

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José Buendía Hegewisch 23/03/2014 00:44
El año más violento para la prensa: 2013

Uno de los grupos más castigados por el crimen son los periodistas, también por la impunidad y la indiferencia social hacia ellos. En las últimas décadas, el país ha avanzado en garantizar derechos políticos, como el voto, ha construido instituciones contra la opacidad de la autoridad, leyes para atender a las víctimas del delito y ha aprobado una profunda reforma constitucional en derechos humanos. Pero ninguno de estos esfuerzos  ha alcanzado para evitar que la libertad de expresión, en varias regiones,  se funda en el silencio debido a la intimidación de autoridades y agresiones de la delincuencia organizada.

Cada informe sobre la situación de la prensa en México es peor que el anterior. Desde hace años se advierte, en foros internacionales, cómo el “mensaje criminal” contra la libertad de expresión lesiona a la democracia y al ejercicio del resto de los derechos. En medios extranjeros, el crisol de la narcoviolencia es la imagen del país “como el más mortífero para la prensa” y el “más inseguro” para ejercer el periodismo, de acuerdo con Reporteros sin Fronteras.  Pero esto tampoco ha servido para activar la voluntad política de autoridades, fiscales y policías, más allá de reacciones coyunturales cuando un crimen alcanza el escándalo internacional.

Ni la creación de mecanismos ad hoc para protegerlos o fiscalías para perseguir y sancionar las agresiones han impedido que el 2013 sea el año más violento para la prensa desde 2007, con cuatro homicidios y 330 casos  de agresiones, según la organización Artículo 19. El registro ha subido año tras otro con la narcoviolencia y las rivalidades entre las bandas del crimen organizado, pero ahora destaca porque la mayoría de las amenazas provienen de funcionarios públicos.

Previo a la elección presidencial de 2012, se aprobó una ley para la protección de periodistas que resultó políticamente correcta para los tiempos electorales que corrían, pero difícil de operar; al final del sexenio anterior, se creó un mecanismos para su funcionamiento, que el actual gobierno no ha conseguido implementar adecuadamente y, como sucede en otros campos de la justicia, la fiscalía especializada es una cara simulación sin resultados.

Además, la coordinación con los estados en que confía el gobierno federal en la estrategia anticrimen ha dejado fuera del radio de atención las agresiones contra la prensa, aunque los protagonistas de los ataques son, sobre todo, autoridades locales de las entidades con mayores índices de violencia, como Veracruz o Coahuila. La opacidad en gobiernos locales genera ambientes propicios para la violación sistemática de derechos básicos, como la vida y la integridad física de periodistas y defensores de derechos humanos, con total impunidad. La situación de extrema vulnerabilidad con la que operan les impide actuar de manera efectiva para hacer valer el derecho a la información y limita su impacto en favor de las libertades civiles y políticas de los ciudadanos más marginados.

La impunidad es un potente recurso para aliados contra la libertad de expresión. La víctima es toda la sociedad, porque el silencio cancela la transparencia y oculta la corrupción en servicios públicos, desde el mínimo trámite hasta las grandes obras, como la Línea 12 del Metro o el caso de la empresa Oceanografía. Pero el sacrificio es también para el gobierno que, sin una opinión pública fuerte, se expone a quedar inerme en obsequio al propio crimen. Porque, como recordara Fernando Savater sobre la situación de la prensa en México, “romper la imposición del silencio es el comienzo de la lucha contra el resto de los crímenes”.

Si el presidente Peña Nieto resalta el valor de la inteligencia en la estrategia anticrimen y la información para la transparencia, no puede dejar en el sótano de sus prioridades la defensa de la libertad de expresión. La información de las investigaciones periodísticas son especialmente peligrosas para las actividades de autoridades corruptas y para el control de mercados por parte del crimen o del lavado de dinero de sus ganancias.

Pero la sociedad tampoco puede deslindarse de la responsabilidad de cuidar a su prensa mediante la reivindicación de espacios que mejoren la exigibilidad del derecho a la libertad de expresión. El reclamo de la sociedad civil ha sido decisivo para avanzar en el derecho de género o de trasparencia, pero ha sido débil en el ejercicio de la libertad de prensa. Los medios y la ciudadanía han caminado separados en muchos momentos del pasado, ahora, el interés común por la libertad de expresión es oportunidad de reencuentro.

                *Analista político

                jbuendiah@gmail.com

                Twitter: @jbuendiah

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