Autodefensas y balcanización

En declaraciones del secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, se aprecia preocupación por la expansión de las autodefensas, pero el problema de fondo es la carencia de una definición oficial sobre su naturaleza.

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José Buendía Hegewisch 12/01/2014 00:05
Autodefensas y balcanización

Lejos de contenerse, como prometía el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, las autodefensas avanzan con fuerza de grueso calibre y ya amenazan ciudades importantes como Apatzingán. En Guerrero también han tomado 46 de sus  81 municipios en el último año (CNDH), en otra muestra del quiebre del Estado en esas regiones para mantener la paz y  la legalidad.

El viejo temor a la balcanización del país por la autonomía de los pueblos indígenas desde los zapatistas, ahora sí parece fundado en sitios como Michoacán, pero paradójicamente, no como consecuencia de la protección de la cultura y derechos indígenas —como ahora recomienda la ONU a Estados—, y  que en México dio lugar a la aparición de policías comunitarios en esas comunidades las pasadas dos décadas. El peligro hoy es más bien por la omisión de las autoridades,  su pasividad, falta de regulación,  y hasta aparente apoyo a las autodefensas. Los grupos no son prohibidos ni ignorados ni regulados… sustituyen al Estado en actividades exclusivas como enfrentar al crimen organizado, al tiempo que se declara  que “están al margen de la ley”.

En declaraciones del secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, se aprecia preocupación por la expansión de autodefensas, pero el  problema de fondo es la carencia de una definición oficial sobre su naturaleza y, en consecuencia, la falta de una estrategia clara para abordar el fenómeno. Las entidades, por su parte, se muestran rebasadas e incapaces de articular acción coherente contra la violencia. De las autoridades municipales ni hablar, porque en Michoacán o Guerrero desaparecen y su lugar lo ocupan caudillos locales y poderes de facto vinculados a privados y/o al narco. En ningún país se reemplaza con ciudadanos lo que no funciona de un Estado para el regreso de la paz, como enseñó la experiencia colombiana.

Tan sólo en los primeros días del año las autodefensas han ocupado municipios identificados con la presencia de los Caballeros Templarios, como Parácuaro, en medio de enfrentamientos entre civiles por la acción de grupos que rechazan su presencia. Un grupo de encapuchados, como reportó ayer Excelsior, incendió el viernes la presidencia municipal de Apatzingán y
autodefensas mantien sitiada esa ciudad de Tierra Caliente.

Su  irrupción hace casi un año se ampara en la crisis de violencia que afecta la entidad. Aunque en un informe sobre el fenómeno en Guerrero, la CNDH alerta que el descontrol y la falta de regulación de las autodefensas agudiza la violencia porque sustituye sin más al Estado en actividades exclusivas como las de seguridad. Habría que agregar que en muchos casos los grupos están mejor armados que las policías y usan armas reservadas para el Ejército.

Pero el crecimiento de las autodefensas no responde sólo a la debilidad institucional. En Michoacán y Guerrero está el Ejército. La incapacidad del Estado de garantizar la seguridad afecta a otras regiones sin la aparición de estos grupos. Se acompaña de  viejas indefiniciones y mensajes confusos y contradictorios, incluso peligrosos, del gobierno federal y local sobre su naturaleza y actuación. Guerrero, por ejemplo, reconoce a la policía indígena desde hace años por la ley 701, pero apenas en noviembre reguló también a una nueva policía rural; en Michoacán se ofreció una estrategia de contención en  la zona donde surgieron, al tiempo que acusa algunos grupos de vínculos con el narcotráfico.

Una confusión peligrosa es la del gobierno federal que, a través de Osorio Chong, justificó el apoyo al grupo de Juan Manuel Mireles porque “han lastimado a Los Templarios”.  Esto significaría que ¿se podría respaldar a algunos grupos civiles para combatir a los cárteles ante la ineficacia de la estrategia contra las drogas?

La pregunta surge también de los peligros que implica la desaparición en curso del  piso institucional del gobierno municipal, el más cercano al ciudadano, pero el más infiltrado por el crimen organizado y el narco como se recuerda del “michoacanazo”, cuando fueron detenidos dos decenas de ellos y liberados por fallas en la investigación e integración de la averiguación previa en 2009. Los alcaldes, en ese y otros estados, son pese a todo un poder clave en la administración del conflicto local e interlocutores del gobierno estatal y federal  para contener al crimen organizado.  Su vacío suele ser cubierto por caudillos y poderes de facto,  pero sería muy peligroso que el gobierno los reconozca como a Mireles como interlocutores o suplentes de los poderes municipales.

                *Analista político

                jbuendiah@gmail.com

                Twitter: @jbuendiah

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