La pista del dinero sucio

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Jorge Fernández Menéndez 18/12/2013 01:13
La pista del dinero sucio

El quebranto económico del municipio de Benito Juárez, donde se encuentra Cancún, es mayor a los dos mil millones de pesos. Se generó en una administración de apenas tres años del perredista Julián Ricalde Magaña, que precedió a la de Greg Sánchez, otro alcalde que estuvo preso largos meses acusado de proteger al narcotráfico.

La información que surge de las auditorias oficiales es abrumadora e involucra a muchos funcionarios, colaboradores y contratistas del municipio caribeño. En 2005 los pasivos heredados sumaban 32 millones de pesos; en 2011 se heredaron 21 millones de pesos de deuda, que al final de la administración de Ricalde sumaba más de 131 millones.

El nuevo gobierno municipal, de origen priista, precisó que el municipio perdió recursos federales de los programas Hábitat y Rescate de Espacios Públicos por 57 millones 500 mil pesos. Otros 25 millones de pesos del Fondo Metropolitano disponibles no se utilizaron porque no se integró el proyecto para el saneamiento del antiguo relleno sanitario ni la adquisición de equipo para un Centro de Manejo de Residuos Sólidos, y se programó la segunda fase de la construcción de ese centro.

Hubo un fraude con los préstamos otorgados a empleados municipales, por más de 11 millones 800 mil pesos con varios bancos. En nómina se le descontó puntualmente a los trabajadores el pago de esos préstamos, pero nunca se los reportó a las empresas: se robaron ese dinero de los trabajadores. A las tres concesionarias del servicio de recolección diaria de residuos sólidos en la ciudad les dejaron un adeudo de 60 millones de pesos, lo que derivó en un pésimo servicio de recolección de basura, algo inadmisible en un centro turístico internacional.

Se detectaron compras ficticias de material eléctrico para alumbrado público por casi diez millones de pesos. Y la lista sigue hasta sumar casi dos mil millones de pesos. Y por supuesto eso no incluye lo que se hizo con permisos, con el manejo policial, incluso en la época de Greg Sánchez por lo menos, con el tráfico de gente y otras actividades ilegales, incluyendo el manejo de la cárcel local, cuyos alimentos los aprovisionaba nada más y nada menos que la familia de Nicolás Mollinedo, Nico, el “jefe de logística” de López Obrador.

Y eso ocurrió en una de las ciudades más pujantes del país, nuestro principal centro turístico. Se descubrió porque finalmente hubo alternancia y la nueva administración municipal y el gobierno de Roberto Borge pudieron hurgar en las cuentas municipales. Ahora se tiene que hacer justicia porque es inadmisible tanto robo y corrupción sin que pase nada.

Lejos de Cancún, en Michoacán, el gobierno de Fausto Vallejo dice que el estado está quebrado, que le faltan por lo menos tres mil millones de pesos para cerrar el año. Es verdad, está quebrado porque así lo dejó la administración de Leonel Godoy, como aquí lo documentamos desde octubre del año pasado en forma muy precisa, pero desde entonces no pasó nada. Las auditorias realizadas al gobierno de Godoy fueron desoladoras. Para comenzar, no había evidencia de que el comité de deuda pública hubiera funcionado alguna vez. Y ahí les faltan por explicar deudas por más de nueve mil millones de pesos. El gobierno estatal informó que contrató, en enero de 2011, créditos por cuatro mil 800 millones de pesos para refinanciar la deuda pública estatal de corto plazo. Pero no dejó información sobre cuál es la deuda que estaría refinanciando. Respecto a los créditos obtenidos, uno de Banorte por dos mil millones, otro de Banobras por mil 514 millones y el tercero del Banco del Bajío por mil 286 millones, resultó que los mismos se traspasaron, por lo menos los dos de la banca privada, a una cuenta del estado asentada en Bancomer, y el de Banobras, no se tiene registro de en qué se utilizó.

Entre diciembre de 2011 y enero de 2012, en pleno proceso electoral se pidió otro paquete de créditos por cuatro mil 950 millones de pesos, cuya contratación nunca pasó por el Congreso para su autorización. Según la documentación oficial, de ese dinero se usaron mil millones, para pagó de nómina, transferencia a escuelas, apertura de fondos de inversión, transferencia de dependencias y pago de intereses. Poco más de mil 347 millones de pesos provenientes de esos préstamos bancarios; lisa y llanamente no se tiene evidencia alguna de en qué se utilizaron. No hay siquiera información bancaria sobre el tema.

Hay muchísimas irregularidades más. Suman nueve mil millones de los que nadie ha dado explicación ni se ha pedido. Ahora Vallejo, un año después, pide tres mil millones para pagar nóminas porque el estado está quebrado. ¿Alguien tiene duda de que es en muchos municipios y estados donde se está dando el vaciamiento de las finanzas públicas?

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