Planeación y ordenamiento, de la mano

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Jesús Sesma Suárez 21/08/2014 00:00
Planeación y ordenamiento, de la mano

Los últimos días se ha dado un debate entre autoridades y legisladores en torno a la aprobación de ciertos instrumentos que se utilizan para la planeación del desarrollo urbano, mejor conocidas como las Normas de ordenación números 30 y 31. Dichos instrumentos se están planteando como un remedio para eliminar los vicios que de origen presentó la Norma de ordenación número 26, que se creó para fomentar la construcción de vivienda de interés social y popular.

Los beneficios de la Norma 26 eran muy atractivos y consistían básicamente en la posibilidad de poder contar con un mayor número de niveles de construcción a los establecidos en los Programas de desarrollo urbano, así como una menor cantidad de estacionamientos y beneficios fiscales como la reducción en pago de derechos en escrituras y honorarios de notarios. Sin embargo, la Norma 26 se desvirtuó y comenzó a generar problemas a las autoridades por los abusos que cometían los desarrolladores inmobiliarios al hacerse acreedores de todos estos beneficios para después vender las viviendas a un precio muy superior al establecido en la misma norma. Así, mientras unos cuantos  ganaban mucho dinero, la demanda de vivienda popular no se cubría.

En este orden de ideas, las Normas 30 y 31 vendrían a establecer nuevas reglas con la intención de evitar abusos y de facilitarle a las autoridades el desarrollo ordenado de la ciudad. 

Es un hecho que la Asamblea Legislativa no ha recibido una propuesta formal por parte del gobierno relativa a la creación de estas normas, sin embargo, hemos tenido acceso al proyecto y pudimos encontrar varias inconsistencias cuya aclaración por parte de las autoridades resulta urgente. Estas inconsistencias radican principalmente en la invasión que se hace a las facultades de la Asamblea Legislativa como única instancia facultada por la Constitución para llevar a cabo modificaciones al uso de suelo, pero también en la falta de certeza sobre la calidad y cantidad de servicios en las colonias que se implementarán; no se garantiza el acceso a la vivienda a grupos vulnerables ni tampoco se asegura la participación ciudadana en la toma de decisiones. En general, las normas proyectan por encima de lo que establece la Ley de Desarrollo Urbano y los Programas General, Delegacionales y Parciales de desarrollo, lo cual resulta a todas luces inconcebible.

Pero lo más preocupante de todo esto es que se plantea llevar a cabo el estudio y aprobación de estas normas sin haber resuelto antes el problema de las contradicciones que existen entre las políticas de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico.

Ya hemos mencionado en repetidas ocasiones que se debe contar con un solo instrumento de planeación que incluya el suelo urbano y el de conservación, pues ambos forman parte de la superficie de la ciudad y son necesarios para darle sustentabilidad al DF y a toda la zona metropolitana. Dicho de otra manera, primero se deben actualizar y armonizar los Programas Generales de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico o el crecimiento desordenado y el desbordamiento de la ciudad al suelo de conservación continuará y no habrá norma de ordenación que solucione el problema.

Por ello, insistimos que la planeación del desarrollo urbano y el ordenamiento ecológico deben ir de la mano. Ello permitirá establecer zonificaciones únicas y con ello evitar duplicidades e incluso contradicción en los usos de suelo permitidos,  para después emitir las normas de ordenación que sean necesarias, pero apegadas y respetuosas de lo establecido en los programas. Hacer lo opuesto  sólo abonará al caos en el que se encuentra —desde hace décadas—, el crecimiento y desarrollo de nuestra ciudad.

                * Coordinador del Partido Verde en la ALDF

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