Debemos proteger nuestras elecciones del crimen organizado

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Jesús Sesma Suárez 24/04/2014 00:00
Debemos proteger nuestras elecciones del crimen organizado

Uno de los pilares de la democracia mexicana es el pluralismo que se ve reflejado en el poder público. En el caso de la Ciudad de México esta pluralidad está garantizada gracias a la participación de todos los partidos políticos en las elecciones, por medio de las cuales sus distintos candidatos llegan a ocupar una diputación, una jefatura delegacional e incluso la jefatura de gobierno.

Por ello es que se deben establecer los mecanismos no sólo para que los mejores candidatos puedan llegar a esos puestos, sino sobre todo para que éstos sean personas honorables y confiables. De lo contrario, lo casos en los que la delincuencia tenga representantes en el Poder Legislativo o en el gobierno, comenzarán a suceder también en el Distrito Federal. Dicho en otras palabras, debemos proteger nuestros procesos electorales de la injerencia del crimen organizado.

Actualmente, nuestra legislación electoral local no contempla ningún requisito que permita verificar que una persona que aspira a algún cargo de elección popular tiene un modo honesto de ganarse la vida o, bien, que nunca se ha visto involucrado en problemas legales; tampoco para que los ciudadanos puedan verificar que su patrimonio sea de procedencia lícita.

Ante tal realidad, hemos propuesto establecer en la ley como requisitos para ser diputado, jefe delegacional o jefe de Gobierno en el Distrito Federal, tener un modo honesto de vivir, no contar con antecedentes penales y acreditar el origen de su situación patrimonial al momento de solicitar participar en algún proceso electoral. La contravención a tales requisitos deberá ser sancionada con la pérdida del carácter de precandidato o candidato, además de las sanciones  penales que procedan.

No debemos olvidar que la existencia de la delincuencia organizada constituye una amenaza permanente en nuestro país, pues a través del uso de dinero mal habido o de bienes materiales procedentes del mismo, puede llegar a infiltrarse en las campañas electorales y, en algunos casos, a realizar conductas intimidatorias para incidir en los resultados de las elecciones.

En estas condiciones consideramos que la intención de la delincuencia organizada de involucrarse en las elecciones debe castigarse con severidad y para tal efecto, también hemos propuesto una pena mucho más elevada de la que actualmente se contempla para el caso de que algún precandidato o candidato —de manera deliberada— obtenga o utilice por sí o por medio de otras personas, fondos provenientes de actividades ilícitas para su campaña o precampaña electoral.

Sin duda, la penalidad tan baja que actualmente se contempla (de uno a seis años de prisión) constituye un aliciente para que la delincuencia se introduzca en los procesos electorales y para que los candidatos y precandidatos puedan tener nexos con estas bandas. Por ello, proponemos una pena para este ilícito que puede ir de cinco a 15 años de prisión, además de que deberá ser considerado como un delito grave con todos los efectos legales que ello implica.

Necesitamos seguir impulsando cambios en las leyes de la ciudad para consolidar nuestra democracia, particularmente lo que se refiere al fortalecimiento de nuestras instituciones y procesos electorales, tal como ya se está haciendo a nivel federal, por lo que estamos seguros de que estas propuestas abonarán para conseguir los resultados que todos deseamos: un sistema político mejor para el beneficio de todos los ciudadanos.

                *Coordinador del Partido Verde en la ALDF

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