Reforma migratoria en Estados Unidos

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Javier Aparicio 04/05/2013 02:18
Reforma migratoria en Estados Unidos

La reforma migratoria que se discute justo ahora en Estados Unidos es un asunto de mayor interés para México: una gran proporción de la población indocumentada en ese país es de origen mexicano y su bienestar está vinculado al de muchos hogares nacionales. Sin embargo, las principales palancas para que esta reforma prospere están en el Congreso de Estados Unidos: el gobierno mexicano poco puede hacer con una incidencia real en el proceso. Quizá por ello Enrique Peña Nieto reconoció esta semana que una posible reforma migratoria en Estados Unidos era un asunto de política interna.

¿Cuál es el contexto del debate migratorio en Estados Unidos? En primer lugar está la economía. La población migrante indocumentada llegó a un máximo en 2007. Desde entonces, el flujo migratorio neto de México y el resto de América Latina ha disminuido, en gran medida, tras la crisis financiera de 2008. Un mercado laboral debilitado y una frontera mucho más vigilada atraen menos migración. Por otro lado, conforme las economías al sur de la frontera crecen más y su población envejece, hay menos presión demográfica para emigrar. Es difícil que los flujos de migración previos se recuperen del todo: en los últimos diez años el presupuesto de la patrulla fronteriza se ha triplicado y el número de agentes se ha duplicado. De hecho, bajo la administración de Obama ha habido más deportaciones que con George Bush.

En segundo lugar está la demografía y el peso electoral de la población hispana. Según los datos del último censo, en 2010 había 49 millones de habitantes de origen hispano (15.8 de la población total), 20 millones de ellos no nacieron en Estados Unidos, y se estima que 11 millones residen ilegalmente en ese país; 24 millones de hispanos tienen derecho a votar, representaron 10% del electorado en 2012 y se estima que esta proporción aumente 20% para 2016: ningún otro grupo demográfico de votantes tendrá un crecimiento tan acelerado.

El llamado voto hispano, por lo general, se inclina por los candidatos demócratas: John Kerry recibió 53% del voto hispano en 2004, mientras que Obama recibió 71% en 2012. Estos datos quizás ayuden a explicar el súbito interés del partido republicano en el tema. Sin embargo, el tema migratorio no es del todo demócrata: Reagan impulsó una amnistía migratoria en 1986 (IRCA). Años después, Bush impulsó una reforma migratoria en 2001, pero la iniciativa fue interrumpida por el 11 de septiembre y posteriores esfuerzos fracasaron en 2007.

La iniciativa actual está siendo impulsada por cuatro senadores demócratas y cuatro republicanos. La idea central es permitir la legalización de los migrantes indocumentados, toda vez que paguen ciertas cuotas y cumplan una serie de requisitos. La ruta a la residencia y ciudadanización llevaría algunos años más. La iniciativa viene acompañada de estrictos controles fronterizos.

El clima es relativamente propicio para esta reforma, pero la negociación en el Congreso no será nada fácil. El Senado tiene mayoría demócrata (55%), pero sólo cuenta con 46% de votos en la Cámara de Representantes. Una posible reforma migratoria tiene claras implicaciones electorales a futuro. Si los migrantes hispanos reciben eventualmente la ciudadanía, y con ello el derecho al voto, el Partido Republicano corre el riesgo de inducir más votos para el Partido Demócrata en el futuro, al tiempo que enfadaría a sus simpatizantes que opinan que un migrante ilegal no merece amnistía alguna. Para el Partido Demócrata el tema tampoco está libre de controversia. Las organizaciones sindicales, por ejemplo, no necesariamente están de acuerdo con la legalización de millones de habitantes que hoy pertenecen al sector informal de la economía. El aliado insospechado de la legalización de migrantes son los grupos empresariales que cuentan con gran influencia en ambos partidos. Visto desde fuera, es claro que la población hispana en Estados Unidos no está suficientemente representada: es una de las consecuencias del bipartidismo del sistema electoral. Si hubiera representación proporcional en Estados Unidos —algo de lo que muchos se quejan en México—, los intereses de la creciente minoría hispana tendrían mayor y mejor representación.

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