La controversia, ¿epílogo del Pacto?

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Ivonne Melgar 15/02/2014 01:39
La controversia, ¿epílogo del Pacto?

Podría tratarse de un mensaje que sólo busca la efectividad mediática. Pero el hecho está ahí: la Presidencia de la República alzó la voz frente  al primer litigio derivado de la Reforma en Telecomunicaciones.

Y lo que escuchamos a través del vocero de Los Pinos, Eduardo Sánchez, constituye una acción inédita, una advertencia de que va en serio, aquella promesa de arranque del gobierno de ir contra los poderes fácticos; como definió entonces el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el propósito central del Pacto por México.

Nos referimos al anuncio del portavoz de que la Presidencia de la República había determinado presentar una  controversia constitucional ante la SCJN en contra del juez que negó facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones  (IFT) para resolver en torno a la retransmisión gratuita de los contenidos de la televisión abierta en la televisión de paga.

Porque más allá de la especulación sobre supuestas presiones empresariales al gobierno para que suavice las leyes secundarias, está la decisión del presidente Enrique Peña de romper el silencio que, hay que decirlo, caracterizó a los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón en este terreno.

Es muy temprano para sacar conclusiones sobre el alcance de esta medida. Pero la controversia obliga a los ministros a definirse frente al reclamo de Televisa y Televisión Azteca por el uso que de sus contenidos hacen los servicios cableros de Dish, una opción que la reforma constitucional estableció.

El alegato de los inconformes es que aún no existen las leyes secundarias que faculten al órgano regulador a pronunciarse al respecto. Y un juez civil les ha dado la razón.

Lo había alertado el PAN, por conducto del diputado Juan Pablo Adame: la tardanza legislativa le abriría la puerta a la judicialización de las decisiones del instituto.

Es de cara a este subterfugio empresarial que Peña presenta la controversia, sustentada por su consejero jurídico, Humberto Castillejos, y bajo el señalamiento de que se están invadiendo las atribuciones del IFT para resolver sobre la retransmisión gratuita de contenidos de televisión abierta a través de las empresas de cable.

Además de marcar la suerte de los negocios del ramo, la definición de la Corte dará o quitará certeza a las decisiones que en marzo deben tomar los comisionados del Instituto.

De manera que el manotazo de Peña busca evitar que se ponga en riesgo la validez de la convocatoria que el próximo día 9 deberá lanzar el IFT para la licitación de las dos futuras televisoras de señal abierta.

El atento aviso presidencial al sector resulta fundamental, a unas semanas de que los comisionados emprendan la tarea de determinar quiénes son los actores dominantes en el negocio de las telecomunicaciones, un eufemismo de monopolios, los que el Congreso prometió eliminar con la reforma.

Llama la atención lo declarado por el vicecoordinador jurídico de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Héctor Gutiérrez de la Garza, después del anuncio.

“Deseo advertir que esto no limita la posibilidad de seguir legislando en cuanto a la parte de la ley secundaria. Y que se puede solicitar la suspensión del acto impugnado”, adelantó el también presidente de la Comisión de Comunicaciones.

Si en Los Pinos dan ese segundo paso, el de solicitar que el Poder Judicial suspenda la decisión del juez, el IFT podrá retomar la tarea que las televisoras solicitaron frenar, en tanto el Congreso elabora leyes que confirmen el sentido antimonopólico de la reforma.

Porque, ojo, a diferencia de controversias en otros sexenios, esta de Peña no representa un diferendo con la oposición.

Por el contrario. Y de ello dio cuenta la encerrona que el jueves tuvieron en San Lázaro diputados del PAN con el presidente del IFT, Gabriel Contreras, un par de horas antes del anuncio de la controversia.  Él les contó cómo venía la jugada desde Los Pinos. Ellos ofrecieron respaldarla.

Dicen los panistas que van con todo en la preservación del ADN de la reforma.

Y el PRD reformista parece estar en la misma sintonía.

De manera que, a casi un año de la detención de Elba Esther Gordillo, el gobierno envía una nueva señal de que está dispuesto a recuperar y a ejercer la rectoría del Estado.

Y en esta tarea, la de enfrentar a los poderes de facto, el gobierno no puede solo, como lo reconoció Osorio en diciembre de 2012.

Así que la coyuntura obliga al cierre de filas entre quienes compartieron la mesa del extinto Pacto: construir el andamiaje legal que le dé la espalda al dejar hacer, dejar pasar, que se impuso en los últimos tres decenios, con la fallida idea de que la libre competencia del mercado era la solución a nuestros males.

Es el epílogo pendiente de la hazaña reformista. Y pagamos por ver.

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