Michoacán: asumir la complicidad

Ha llegado la hora de tomar en serio las huellas de la narcopolítica...

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Ivonne Melgar 08/02/2014 01:51
Michoacán: asumir la complicidad

Al calor de la adrenalina y la incertidumbre que rodeaba el anuncio de la senadora Iris Vianey Mendoza de que pediría licencia para dar paso al deslinde de responsabilidades, su compañero de partido, Miguel Alonso Raya, vicecoordinador de los diputados del PRD en San Lázaro, soltó la sentencia:

“No hay delincuencia organizada sin complicidad gubernamental y me hago cargo de lo que digo”.

La declaración del experimentado político se diluyó en la vorágine informativa en la que ahora vivimos y apenas se reprodujo en la prensa que ayer daba cuenta de las consecuencias del escándalo de la semana.

Imágenes, rumores y señalamientos de uno de los líderes de las autodefensas, José Manuel Mireles, abonaron en la presunta vinculación de la legisladora perredista con Los Caballeros Templarios.

Cualquier pronunciamiento se pulverizaría frente al mensaje de la controvertida senadora perredista —cuya notoriedad no se liga a la presentación de iniciativas ni a debates parlamentarios.

Sus alcances van más allá de la propia legisladora michoacana y de las extravagancias que sobre ella puedan contarse.

Lo relevante es que después de cinco días de jaloneo mediático —entre sus declaraciones de inocencia y los susurros de sospecha provenientes de los propios perredistas—, se encaran las acusaciones con una solicitud formal ante la PRG de investigar el caso y limpiar su nombre.

Lo significativo y que constituye un punto de quiebre en la historia de la narcopolítica, que ya nos agobia, es la decisión del PRD de atajar el caso, la  definición de la dirigencia de un partido que gobierna a millones en México, incluida la capital del país, de no incurrir en el mismo error cometido en 2009.

Nos referimos a la burla que entonces protagonizaron sus principales líderes en la Cámara al ingresar al diputado Julio César Godoy en la cajuela de una camioneta, a fin de que lograra activar su fuero y evadir así las acusaciones de ser operador del líder de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez, La Tuta.

Escudados en el rechazo de lo que llamaron “La guerra de Calderón”, los partidos de oposición nunca se hicieron cargo de la parte que les correspondía frente al escalamiento de la crisis de violencia criminal y de seguridad en el país. Ni el PRI ni el PRD. A pesar de la tragedia en Ciudad Juárez o en Tamaulipas, en el caso de los priistas. A pesar del agravamiento de las cosas en Michoacán. 

Con esos antecedentes, el hecho de que Jesús Zambrano, presidente del perredismo, presionara a la senadora para afrontar el momento representa un gesto que debemos reconocer.

La estrategia mediática del PRD en torno a este trago amargo ha incluido pronunciamientos para repartir la carga.

“Volteen a ver al PRI. Pregúntele al gobernador Fausto Vallejo cómo llegó. Quién lo financió. Lo que denunciamos en 2011 es que había dinero del narcotráfico, de la delincuencia organizada en la campaña y ahí está. Eso es lo que está aconteciendo. No se requiere de investigar mucho para darse cuenta del asunto”, acusó el diputado Raya.

Al escucharlo era inevitable no recordar cómo dos políticos talentosos como el senador Alejandro Encinas y Guadalupe Acosta Naranjo se prestaron al cajuelazo del ahora prófugo, el diputado Godoy, hermano del exgobernador perredista Leonel Godoy.

Con ese telón de fondo le preguntamos al vicecoordinador de la diputación del PRD si no consideraba que les seguía faltando una autocrítica de los gobiernos de su partido en Michoacán.

Caracterizado por su capacidades políticas y por asumir el costo de no evadir los asuntos espinosos, el diputado Raya asumió: “Puede ser. Ha hecho falta autocrítica de lo que fue el gobierno priista y panista. Lo que nos toca a nosotros lo haremos”.

Y sí: esa es una tarea pendiente. Mucho aportaría la izquierda si revisa sin soberbia qué pasó mientras gobernó la entidad y se suma a “la limpia total” que ayer sugería impulsar el michoacano Silvano Aureoles Conejo, coordinador de los perredistas en la Cámara de Diputados, quien de plano aconsejó a la administración federal del presidente Enrique Peña darle credibilidad a la estrategia con la renuncia del secretario de Gobierno de su estado, Jesús Reyna, de filiación priista.

Probablemente sí: no se puede generar confianza mientras las versiones de acuerdos en lo oscurito entre funcionarios estatales y delincuentes persistan.

También ha llegado la hora de que el PAN haga lo propio. Mucho de lo formulado en el sexenio anterior resulta reivindicable a la luz de los tropiezos del actual gobierno en materia de seguridad. Pero si pretenden avanzar, los panistas se deben y nos deben un ejercicio de autocrítica durante el calderonismo en este terreno.

El gobierno de Peña deberá hacer lo propio ahí donde sus gobernadores se han caracterizado por cruzarse de brazos frente a la espiral de la violencia.

Porque ha llegado la hora de tomar en serio las huellas de la narcopolítica y la advertencia del diputado Raya: “No hay delincuencia organizada sin complicidad gubernamental”. Lo demás, lo demás es bla, bla, bla.

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