EPN, Castillo y la prueba del desarme

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Ivonne Melgar 18/01/2014 00:53
EPN, Castillo y la prueba del desarme

Una vez que hizo crisis la retórica del cambio en materia en seguridad, el Presidente tomó una decisión equivalente a reconocer que las cosas iban mal.

Michoacán pulverizó las declaraciones oficiales de que ahora la estrategia se sustentaba en la coordinación de los tres niveles de gobierno y en tareas de inteligencia.

La realidad se impuso: enfrentamientos armados que —entre Ejército, crimen organizado y las llamadas autodefensas— mostraron el resquebrajamiento del ejercicio monopólico de la fuerza del Estado.

Y aún sin movimientos en el gabinete, la designación de Alfredo Castillo Cervantes como comisionado para la emergencia michoacana sonó a un manotazo en varias mesas: en la del gobernador Fausto Vallejo y en las de los responsables federales del tema, desde el comisionado de seguridad, Manuel Mondragón, y su jefe, el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hasta el procurador de la República, Jesús Murillo Karam, y el director del Cisen, Eugenio Imaz.

La designación de un colaborador cercano para que conduzca el proceso de recomposición —policial, política, institucional— en Tierra Caliente, marca una nueva fase en el sexenio: la aceptación de una crisis de seguridad que reclama la aplicación de la ley y no sólo el oficio político.

Porque, ojo, a diferencia del presidente Carlos Salinas, quien en 1994 envió a Manuel Camacho Solís a Chiapas para contender con la insurgencia zapatista, hoy Enrique Peña le ha encargado el caso michoacano a un abogado al parecer dispuesto a encarar asuntos que antes se creyeron incómodos —a juzgar por la forma en que desde la PGR preparó la detención de Elba Esther Gordillo y el modo hasta quijotesco con el que en Profeco quiso frenar los abusos del comercio aéreo—.

Castillo Cervantes tiene una característica que podría fortalecer la política en la materia: sabe encarar directamente a los medios.

Se trata de un rasgo importante para asumir un problema que no puede ni debe limitarse al manejo de las percepciones en la opinión pública.

Más que campañas publicitarias y de control de daños de imagen, se requiere de un comisionado abierto al diálogo y a la explicación de una realidad compleja. Y todo indica que él puede y quiere hacerlo.

Porque conformarse con eventos espectaculares y cuentas alegres de que ya todo está bajo control, sería caer en el terreno de la propaganda que simula ser información.

Basta leer a nuestros colegas en Michoacán para advertir que nada se modificará por decreto. La crónica de Julio Ramírez, en Parácuaro, reportó el no rotundo del Comandante Cinco al llamado federal a las autodefensas: “No vamos a dejar que entre el gobierno y nos desarme, ni el gobierno ni nadie más. Vamos a entregar las armas, pero una vez que Los Caballeros Templarios estén encarcelados o muertos. Antes no”.

Consultamos al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva —quien la próxima semana acudirá a la entidad para dar seguimiento a investigación en curso— sobre cómo emprender el desarme sin afectar más a la gente lastimada por la ausencia del Estado.

Nos comentó que sería ilusorio pretender soluciones rápidas porque el fenómeno de las autodefensas se presenta en 20 de los 100 municipios. Prevé el ombudsman que se requerirá de un intenso diálogo, verificación de demandas y diseño de soluciones para atacar las causas que llevaron a la conformación de esas policías.

Plascencia Villanueva sostiene que el análisis deberá ser meticuloso para dar a cada comunidad la salida necesaria. Recordó que hay líderes, como Hipólito y Estanislao, que hablan de comandar hasta cinco mil hombres armados.

“El desarme debe ser parte de un proceso político de reconstrucción del tejido social, conciliación y acompañamiento a la gente comprometida con la ley, hasta conseguir que la autoridad asuma las tareas de seguridad ahora abandonadas”, perfiló el titular de la CNDH.

Y advirtió que un “desármalos en caliente” sólo llevaría a más derramamiento de sangre.

A Castillo Cervantes le tocará formular ese plan alternativo: desde seleccionar el poblado donde arrancaría el experimento, hasta conducir la estrategia del regreso a la legalidad en la totalidad del estado.

Para lograrlo, el comisionado deberá invertir prioridades: preocuparse menos de lo que se diga en los medios y ocuparse más de dar resultados.

Dar ese salto —aceptar que la crítica es parte de la vida democrática— resulta indispensable en esta nueva fase sexenal que tendrá como interlocutores a los michoacanos armados.

Porque el gobierno que supo negociar acuerdos y reformas con la oposición, ahora está llamado a afrontar la ingobernabilidad generada por el narco, el cobro de derecho de piso, los policías coludidos con la delincuencia y los alcaldes que se las arreglan con los pistoleros del pueblo para sobrevivir al abandono del Estado.

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