Así iba a pasar

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Gerardo Galarza 11/05/2014 01:40
Así iba a pasar

Ayer, Día de las Madres, se cumplió el plazo para que las políticamente correctas llamadas autodefensas de Michoacán entregasen sus armas a las instituciones públicas legal y legítimamente establecidas.

Lo de entregar las armas, así se anunció, hasta ayer sábado no había ocurrido. De acuerdo con la información pública de las autoridades, ha sido un registro de armas usadas por los miembros de esos grupos ilegales, sin que a ciencia cierta se sepa si son todas o cuántas faltan.

Desde ayer, Día de las Madres, en Michoacán hay también oficialmente una nueva policía rural o fuerza rural, que sigue siendo en la realidad un grupo parapoliciaco: nadie sabe, por lo menos públicamente, quiénes les van a pagar por sus servicios, si están registrados al igual que las armas que portan, bajo qué procedimiento se nombró a su comandante, si hicieron y aprobaron los controles de confianza, a quién van a rendir cuentas. Eso sí, tienen ya nuevo uniforme en lugar de las camisetas que los identificaban.

De sus líderes originales: uno está en la cárcel acusado de homicidio, otro está siendo investigado por su presunto involucramiento en cinco homicidios y uno más es el comandante de la nueva fuerza parapoliciaca. Hay otros muchos autodefensas presos, acusados de la comisión de diversos delitos. Todos, unos y otros, dicen ser los “buenos”, y los señalados como “malos” dicen lo contrario.

El escribidor sabe, porque su madre que alguna vez tuvo así se lo enseñó,  que es de muy mal gusto andar por ahí diciendo: se los dije. Sin embargo, a riesgo de que doña Elvira vaya a tener que interrumpir su descanso en paz en plena celebración de las madres —seguro que lo comprenderá—,  el escribidor cree que tiene el deber y la presunción de decir que en esta columna ya se ha advertido desde hace poco más de 15 meses, cuando ni siquiera había comisionado del gobierno federal en Michoacán y era muy políticamente correcto apoyar y alabar la decisión del “pueblo bueno” de presuntamente “protegerse a sí mismo”, mediante la ilegal justicia por propia mano, entonces apoyada, ponderada y alabada por la corrección política de la mayoría de los miembros de la comentocracia nacional, ante la incapacidad cierta y evidente del Estado mexicano para dar seguridad, el origen del contrato social, a sus ciudadanos.

El 3 de febrero de 2013 aquí se escribió: “La indignación por la incapacidad del gobierno para dar seguridad a los ciudadanos puede ser absoluta y de igual nivel el hartazgo, pero la justicia por propia mano es también parte de la impunidad que se critica y se condena, además de ilegal. Su existencia implica una violación al Estado de derecho.

“Quien no lo sepa o no lo quiera entender, que lea los artículos del 12 al 23 de la Constitución de México. La legislación mexicana no es única en el mundo, porque el fenómeno no es nacional ni moderno y, peor aún, ha sido usado no sólo por diversos grupos sociales, políticos y económicos y también por diferentes regímenes represores, de todo signo político, para deshacerse de sus opositores; para ‘limpias’ políticas, étnicas, ideológicas, religiosas, policiacas o de cualquier otro tipo con el pretexto del beneficio de las mayorías o de los ‘buenos’. Ejemplos pasados y recientes, de todos esos tipos, existen lejos y cerca: Alemania, España (en el franquismo y también en la democracia), la antigua Unión Soviética y en algunos países de su órbita; Argentina, Brasil, Guatemala, Colombia, por citar unos cuantos. En todos los casos fueron desastres humanitarios de los que todos estamos o deberíamos estar arrepentidos.”

Seis meses después, en esta estación, se escribió también: “El pasado miércoles 14 de agosto miembros de las fuerzas federales llegaron al municipio de Aquila, Michoacán, con cinco órdenes de aprehensión, mismas que, según el argot policiaco, se cumplimentaron correctamente, pero además detuvieron a otras 40 personas, integrantes de un grupo de autodefensa, por el delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

“Las primeras órdenes de aprehensión fueron giradas también contra presuntos miembros de grupos de autodefensa por los delitos de secuestro, lesiones, robo calificado y allanamiento.”

Hoy, en Aquila, de acuerdo con denuncias de sus habitantes hechas públicas en la Ciudad de México el viernes pasado, el cobro por derecho de piso y por seguridad, la extorsión, pues, no la cometen ya formalmente los miembros del crimen organizado michoacano, llámense como se llamen o agrúpense en el cártel en el que se agrupen, sino por aquellos que una vez fueron “los buenos”: los miembros de las autodefensas.

Bien, de acuerdo con la legislación vigente, la nueva fuerza rural policiaca michoacana, si se le considera fuerza rural, depende directamente de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿De veras es así? ¿A quién le rendirán cuentas de sus acciones? ¿Recibirán algún salario? ¿Cuál será su relación con las autoridades municipales y estatales? ¿Con el Ministerio Público? Vamos, ¿qué facultades tendrán?

El escribidor sabe que exigir transparencia al gobierno, en el nivel que sea, llamar al debate público, son actitudes muy políticamente correctas y se esgrimen por cualquier motivo, ojalá también aquellos que tienen ese poder, el de firmar desplegados y el de hacer preguntas y recibir respuestas, hagan lo mismo en el caso de Michoacán y su nueva policía.

Y aunque no fuera así, el gobierno de la República tiene ya la obligación de informar a los michoacanos y a los mexicanos todos.

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