Parece...

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Gerardo Galarza 09/02/2014 01:57
Parece...

A lectura simple, el anuncio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del despido de 500 maestros por acumulación de faltas a su trabajo sin justificación alguna parece una buena noticia.

Parece que se está sancionado a quienes no cumplen con su obligación, por cuyo trabajo pagan los contribuyentes, y parece que las autoridades están cumpliendo con la ley a lo que están obligados por su trabajo.

El escribidor utiliza el condicional porque la información dada por el titular de la SEP, Emilio Chuayffet, parece muy endeble. Fue dicha en una entrevista, de las que los reporteros llaman banqueteras, al término del primer Foro Regional sobre Educación Básica, el viernes pasado. Y la verdad esa es una información muy trascendente como para darla así de paso.

El secretario Chuayffet explicó que la medida no fue tomada por la SEP, porque la facultad legal de la sanción del despido es de los gobiernos de los estados. Sí, eso dice la ley. Explicó que esos 500 despidos se han producido en los dos meses y medio más recientes (es de suponer entonces que eso es más o menos a partir del 20 de noviembre de 2013), pero evitó informar sobre los estados en los que han ocurrido y, mucho menos, dio los nombres de los maestros sancionados.

Es de desear que en esos 500 —que la organización civil Mexicanos Primero considera que son muy pocos, si tan sólo se toman en cuenta los profesores oaxaqueños que participaron en las movilizaciones de la CNTE en la Ciudad de México— no sean los mismos “despedidos” por los gobiernos de Oaxaca y Guerrero, ambos estados presuntamente en manos de la oposición, pero con gobernadores como Gabino Cué y Ángel Aguirre, de la más pura cepa priista, que sirvieron para ocupar espacios periodísticos y que en realidad nunca ocurrieron. Al contrario. Los presuntos sancionados recuperaron sus salarios y privilegios mucho más fácil que aquellos que todos los días acudieron a su salón de clases a cumplir con su obligación.

De ser cierta la información proporcionada por el titular de la SEP, los mexicanos tendrían un pequeño motivo, pequeño pero al fin motivo, para congratularse, pero parece también que podría ser un motivo para una nueva decepción. Evitarla es fácil.

Ya casi a la mitad de la segunda década del siglo XXI, con las tecnologías de información y comunicación que existen y con el derecho a la información que las leyes mexicanas dicen que está vigente, es sencillo, simple. Una simple lista con 500 nombres, 500 números de plaza, 500 escuelas o espacios burocráticos asignados, 500 cifras de salarios y prestaciones. Quizá también 500 recursos interpuestos en el Poder Judicial (a los que tienen derecho los sancionados), si es que los hay. Es fácil; no ocupan siquiera el espacio de una USB de 2 MB o, a la antigua, no llenan ni siquiera 500 hojas de papel en el caso que se requiera una por cada nombre. Y peor, parece que con que el 10% que perteneciera a la CNTE ya estaría tomado el Monumento a la Revolución o cerrada alguna autopista...

En el transcurso de la semana, entraron en vigor la reforma constitucional en materia de transparencia que da autonomía al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y obliga a todas las instituciones publicas y privadas (entre ellas sindicatos, partidos políticos) a informar verazmente sobre el destino y gasto del dinero público. Nomás por joder, hay que recordar que el derecho a la información está consagrado en la maltratada, reformada y violada, pero sacrosanta Constitución.

Una buena noticia para la transparencia gubernamental sería que la SEP, como cabeza del sector educativo nacional, y los gobiernos de los estados que al parecer cumplieron con su obligación de hacer cumplir la ley ofrecieran a los contribuyentes los datos necesarios, reales, de las sanciones que aplicaron a los maestros faltistas, sus nombres, su número y situación laboral.

No es que los mexicanos lo merezcan, no. Es que tienen derecho y es que los funcionarios están obligados a ello. Es necesario recordar que esas plazas de profesores de educación pública, las prestaciones y los privilegios sindicales se pagan con el dinero de los contribuyentes… también los salarios de los funcionarios. Es decir, es necesario que se entreguen cuentas, como se decía antes, o haya rendición de cuentas, como se dice ahora.

Uno de los antecesores de Emilio Chuayffet en la Secretaría de Educación Pública, y también en la Secretaría de Gobernación, el ideólogo priista Jesús Reyes Heroles decía que en política la forma es fondo.

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