Los ex

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Gerardo Galarza 26/01/2014 01:26
Los ex

Desde que lo que se llama revolución se institucionalizó, las apariciones públicas de los expresidentes de México siempre causan revuelo, rechazo de los políticos y también de muchos ciudadanos.

Entre los orígenes de ese repudio, sobre todo el popular, está la antidemocracia del sistema político mexicano surgido en 1929 con el Partido Nacional Revolucionario (PNR), el hoy PRI, que extralegalmente otorgó al Presidente de la República la facultad de designar a su sucesor.

Al inicio de los años treinta del siglo pasado, el entonces presidente Pascual Ortiz Rubio fue víctima del escarnio popular cuando se afirmaba que“aquí vive el Presidente, y el que manda vive enfrente” en referencia al expresidente Plutarco Elías Calles, fundador del PNR y llamado “el jefe máximo” de la Revolución. Años más tarde el presidente Lázaro Cárdenas tuvo que expulsar del país al sonorense para evitar la maledicencia de un maximato.

Y desde entonces. Hubo expresidentes discretos y otros no tanto. Quizás el momento más crítico, por lo menos en la anécdota, fue entre el expresidente Luis Echeverría y el entonces presidente José López Portillo. El primero dio una larga entrevista a la que se le llamó “la ruptura del silencio”; su sucesor en funciones respondió con un “permítanme guardar un minuto de silencio por la ruptura del silencio”.

La lógica, por llamarla de alguna manera, del maximato o, en lenguaje neoliberal, “el gobierno transexenal”, y la consecuente molestia que provoca, es muy sencilla: si el expresidente designó a su sucesor, pues éste algo le debe. En otras palabras, el repudio a la actividad política pública de los expresidentes nace de una práctica antidemocrática, cercana a las monarquías o, peor aún, al totalitarismo.

El primer presidente mexicano que no debió el cargo a su antecesor fue Vicente Fox, aunque hay quienes creen que el presidente Ernesto Zedillo pudo haber evitado su ascenso a la titularidad del Poder Ejecutivo, si no hubiera reconocido su triunfo en las urnas. Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto tampoco le deben la Presidencia de la República a sus antecesores. Es más, Calderón fue candidato del PAN y luego ganó las elecciones presidenciales contra la voluntad de su entonces correligionario Fox.

Pero el rechazo a que los expresidentes mexicanos opinen sobre temas políticos o de gobierno del país continúa. Al parecer, en el ánimo colectivo se mantiene la conseja aquella de “ya tuvo su oportunidad y qué hizo; miren cómo dejó al país”. Curiosamente de 1929 a la fecha no hay ningún Presidente cuya actividad gubernamental sea plenamente reconocida. Ninguno goza de amplias simpatías populares; vamos ni siquiera en sus respectivos partidos políticos. Quizá la excepción sea Lázaro Cárdenas en lo que se refiere a la Expropiación Petrolera. Otro es Ernesto Zedillo, quien al menos no ha sido víctima de las críticas acres y del escarnio popular, casi siempre impulsado por grupos políticos, como lo han sido sus colegas expresidentes. Y nada más.

Curiosa o explicablemente, por aquella facultad metaconstitucional, y contra las creencias populares de la comisión de delitos, principalmente los relacionados con el enriquecimiento, ningún expresidente mexicano ha sido sujeto a ningún tipo de juicio legal por ninguna irregularidad, delito o actos de corrupción y mucho menos ha llegado a pisar la cárcel. En el peor de los casos, algunos de sus colaboradores cercanos o familiares, como Raúl Salinas de Gortari, son quienes han sido enjuiciados y finalmente exonerados.

Durante la semana que termina hoy, coincidieron en Davos, Suiza, y en las planas de los periódicos, el presidente Peña Nieto y los expresidentes Zedillo y Calderón. El mayor revuelo lo causó este último por los conflictos que vive su partido en su sucesión interna y, desde luego, por su identificación con uno de los candidatos, Ernesto Cordero, a la dirigencia panista.

En cualquier régimen realmente democrático, la actividad política pública de los expresidentes es considerada normal y debidamente aprovechada. Ahí también saben que siguen sujetos a la ley, que su calidad de expresidentes no significa ningún fuero. Son ciudadanos con sus derechos políticos a salvo y con las mismas obligaciones que los demás. Sus compatriotas, diría Zedillo, también en el ejercicio de sus derechos, los aceptarán o rechazarán. Así de fácil o, mejor dicho, así de complicado.

CAMBIO DE VÍAS.- Antes nos quejábamos de que el Día del Informe de Gobierno era el Día del Presidente. Hoy hay Día de los Delegados, Día de los Diputados, Día de los Senadores, Día de los Alcaldes, Día de los Gobernadores so pretexto de sus informes o “informitos”. El derroche, pues.

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