Otra quimera

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Gerardo Galarza 19/01/2014 01:12
Otra quimera

De las próximas semanas a la fecha en que se realicen las elecciones federales de 2015, los espacios para la política en los medios de información nacionales estarán llenos, es probable que saturados, por el debate sobre la consulta popular, figura jurídica prevista en el artículo 35 de la Constitución General de la República.

El pronóstico es fácil: el PRD y algunas otras fuerzas de la izquierda han anunciado que invertirán su capital político en lograr que la recientemente aprobada Reforma Energética sea sujeta a una consulta popular en el proceso electoral federal de 2015 para buscar anularla.

Más que un falso debate, la apuesta del PRD parece una quimera. Muchos presuntos expertos ya han comenzado ese debate, que a juicio del escribidor es falso: más allá de la legitimidad constitucional de la consulta popular, el procedimiento para modificar la Constitución mexicana no ha sido modificado. Y para entenderlo no se requiere ser jurista.

El artículo 135 de la Constitución establece el procedimiento para adicionar o reformar la propia Constitución. Para ello es necesario que la iniciativa correspondiente sea aprobada por una mayoría calificada de dos terceras partes del quórum de la sesión correspondiente en cada una de las cámaras del Congreso de la Unión y, después, por la mayoría de las legislaturas de los estados, tal como ocurrió con las reformas a los artículos 27 y 28 constitucionales que dan sustento a la Reforma Energética.

Es absolutamente cierto que el artículo 39 de la Constitución establece que “la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”, como también es totalmente cierto que de inmediato establece, en el artículo 41, que “el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión…” En otras palabras, la soberanía popular de legislar —en este caso— se ejerce a través de los legisladores federales (diputados y senadores) y locales, electos como, precisamente, representantes populares.

En la hipótesis de que en 2015 se celebre una consulta popular, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 constitucional y salvadas todas sus condiciones, y que además el resultado de la votación fuese el rechazo popular a la Reforma Energética, para ser “vinculante”, ¿cómo se reflejará en la Constitución? ¿Ese resultado se convertirá en una reforma constitucional de facto?

O bien, para cumplir con  lo establecido en el artículo 135, ¿los legisladores electos (diputados federales) en 2015 estarían obligados a reformar la Constitución en materia energética para acatar el mandato vinculante de la consulta popular? ¿Y la libertad de los legisladores, llevada al extremo de ser protegida por el fuero, para votar dónde quedaría? ¿Se violarían sus derechos políticos? ¿Sus derechos individuales, humanos? ¿Cuáles congresos locales deberían votar contra la actual Reforma Energética para hacer la mayoría o todos deberían de hacerlo? ¿Qué consecuencia tendría un legislador que en aras de su conciencia decidiese no votar en el sentido del resultado de la hipotética consulta popular? O si el resultado fuese al revés: ¿Los senadores (los diputados actuales ya habrán concluido su periodo) que votaron contra las reformas al 27 y 28 de la Constitución estarían obligados a reconsiderar sus sufragios?

Hay quienes ya sostienen que el asunto de la consulta popular u otras formas de la democracia directa quedarían saldados si se realizaran antes de la aprobación de una reforma constitucional. No, tampoco.

Mientras ese artículo 135 no sea modificado, cualquier reforma constitucional deberá sujetarse al procedimiento que ahí establece. No hay de otra. Y parecería más fácil precisamente modificarlo para que estableciera, si fuera el caso, que las modificaciones constitucionales se hicieran a través de consultas populares o cualquier otra forma de lo que los teóricos llaman democracia directa. Parecería atractivo, pero sería absolutamente demagógico. En todo caso lo procedente sería hacer uso del artículo 39 constitucional y alterar o modificar la forma de gobierno en México.

CAMBIO DE VÍAS.- La situación política, de violencia, de ilegalidad y de impunidad que se vive en Michoacán es sumamente grave. Más de lo que se piensa. Y no se elude. Aquí en Excélsior ha sido asunto noticioso siempre importante. También en esta columna se ha abordado frecuentemente el caso de las autodefensas. La opinión no ha cambiado, aunque los hechos se hayan agravado. La ilegalidad no debe combatirse con la ilegalidad. La impunidad provoca impunidad.

                En nuestra página web puede consultar algunos de esos textos del escribidor en las siguientes ligas:

                http://www.excelsior.com.mx/opinion/gerardo-galarza/2013/08/18/914204
                http://www.excelsior.com.mx/opinion/gerardo-galarza/2013/07/28/910924

                http://www.excelsior.com.mx/opinion/2013/02/03/gerardo-galarza/882428

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